El caso de Nadia volvió a poner en evidencia una falla que, según abogados y damnificados, se repite cada vez con más frecuencia en Tucumán: imputados que aceptan salidas alternativas, prometen pagar reparaciones económicas y luego incumplen sin que el sistema judicial active respuestas efectivas. Lo que debía ser una herramienta para evitar un juicio oral y ofrecer una solución más rápida a la víctima termina, muchas veces, convertido en un nuevo recorrido de frustración.
La joven denunció que uno de los acusados de haberla atacado durante un intento de asalto incumplió con el convenio de juicio abreviado al dejar de pagar la reparación económica que había sido pactada. Tanto ella como su abogado, Juan Sebastián Bauque, sostienen que no encontraron respuestas concretas por parte del Ministerio Público Fiscal, pese a haber advertido el incumplimiento.
La situación, aseguran, no es un hecho aislado sino el reflejo de un mecanismo que en la práctica no garantiza ni control ni sanción cuando una de las partes rompe el acuerdo.
De la promesa de reparación a la sensación de desamparo
El hecho ocurrió en marzo del año pasado, cuando Nadia regresaba del trabajo y se dirigía a la casa de su novio, en barrio Ciudadela. Mientras avanzaba en bicicleta por Amador Lucero al 200, fue abordada por dos motochorros que la empujaron violentamente para robarle. La caída le provocó un profundo corte en el rostro y los agresores escaparon al ver la gravedad de la herida.
Tras la denuncia, ambos sospechosos fueron detenidos e imputados por la Fiscalía de Robos y Hurtos III. Después de numerosas audiencias, Nadia optó por no atravesar un juicio oral y aceptó una salida alternativa. El acuerdo establecía una condena de dos años de prisión condicional por tentativa de robo y una reparación económica total de $6 millones.
Uno de los imputados cumplió con su parte, pero el otro sólo abonó la primera cuota y luego desapareció. Desde entonces, según relató la joven, las respuestas oficiales fueron vagas y sin resultados. La víctima asegura que consultó reiteradas veces en la Fiscalía y que sólo recibió promesas de intimación, sin novedades posteriores.
Ese incumplimiento no sólo impactó en lo económico. También agravó su sensación de vulnerabilidad, sobre todo después de que vecinos le advirtieran que habrían visto a los agresores circular nuevamente en motocicleta por la zona. “Me siento desprotegida”, resumió la joven, al cuestionar que no hubo ni cumplimiento del pago ni consecuencias visibles por haber roto el acuerdo.
Salidas alternativas bajo sospecha: cuando el sistema no ejecuta, el acuerdo pierde valor
El planteo del abogado Bauque va más allá del expediente de Nadia. Según afirmó, actualmente interviene en unas diez causas con características similares, en las que los imputados incumplen los pagos comprometidos en acuerdos negociados como salida alternativa. El patrón, advierte, se repite: la víctima reclama, los organismos se derivan responsabilidades entre sí y nadie ofrece una respuesta certera.
El letrado señaló que en distintos casos fue derivado de una oficina a otra sin obtener definiciones sobre quién debe controlar, intimar y eventualmente sancionar a quienes no respetan lo firmado. Esa falta de coordinación, en los hechos, vacía de contenido una herramienta que fue pensada para agilizar procesos y reparar a la parte damnificada.
Desde esa mirada, el problema no es solamente el incumplimiento de un acusado, sino la incapacidad del sistema para hacerlo valer. Si no hay seguimiento real, si no se ejecutan las obligaciones asumidas y si la víctima debe transformarse en gestora permanente de su propio reclamo, la salida alternativa deja de ser una solución y pasa a ser otra instancia de desgaste.
Bauque incluso deslizó una hipótesis más grave: que en algunos casos las demoras y la pasividad terminan favoreciendo que las víctimas se cansen de insistir y abandonen el reclamo. Esa sospecha, aunque formulada como interpretación del abogado, suma un elemento inquietante a un escenario ya cuestionado.
El caso de Nadia expone así una falla estructural. No se trata sólo de un acuerdo incumplido, sino de un sistema que promete reparación, pero que muchas veces no tiene cómo —o no muestra voluntad de— garantizarla. Y cuando eso ocurre, la víctima queda sola otra vez.
