La Secretaría de Estado de Deportes quedó bajo observación del Tribunal de Cuentas por la ejecución de un gasto superior a los $500 millones destinado a la participación de la delegación tucumana en los Juegos Nacionales Evita 2025. El organismo de control advirtió que la erogación se realizó sin instrumentos legales autorizantes previos y con deficiencias en la documentación presentada para respaldar el destino de parte de los fondos públicos involucrados.
La advertencia quedó plasmada en el Acuerdo N° 229, en el que se analizó el expediente vinculado con la contratación de una firma para brindar servicios de transporte, comida y alojamiento durante la estadía de la delegación en Mar del Plata. Según el planteo oficial, el servicio fue prestado para 360 personas durante seis noches, pero el control se efectuó una vez que las prestaciones ya habían sido ejecutadas.
Anticipos bajo la lupa y falta de precisiones
Uno de los puntos centrales señalados por el Tribunal de Cuentas fue la situación de anticipos extrapresupuestarios por $200 millones que habían sido otorgados con anterioridad. De acuerdo con la auditoría interna, no se precisó con claridad en qué fueron utilizados esos montos ni se acompañó la documentación suficiente para acreditar su destino.
Por esa razón, el organismo resolvió advertir a la repartición para que complete la información pendiente y ajuste sus procedimientos a lo establecido por la Ley 6970, que exige el control preventivo de los actos administrativos vinculados al manejo de fondos públicos antes de su ejecución.
La defensa oficial y la explicación por la “transición”
En la documentación oficial analizada, el secretario de Deportes, Diego Erroz, atribuyó las irregularidades a una etapa de transición administrativa, en el marco del traspaso del área desde el Ministerio de Educación al Ministerio del Interior. Según esa explicación, esa situación excepcional dificultó la tramitación de los procedimientos en los plazos habituales.
Aun así, el decreto que buscó ratificar el gasto reconoció que no existía instrumento legal autorizante previo. Pese a ello, la Provincia avanzó con la aprobación del pago bajo el argumento de que el servicio había sido efectivamente prestado y que no correspondía desconocer la deuda. El Tribunal, sin embargo, mantuvo la observación y dejó asentado el apercibimiento por las falencias detectadas en la administración y rendición de los recursos.
