La crisis del transporte público en San Miguel de Tucumán sumó un nuevo capítulo de tensión. La Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán salió a confrontar con el municipio capitalino y advirtió que, sin una actualización tarifaria, la prestación del servicio se vuelve “inviable”. El planteo llegó acompañado de cartas documento dirigidas a la intendenta Rossana Chahla, al Concejo Deliberante y al secretario de Movilidad Urbana, Carlos Arnedo.
El conflicto se mueve en varios frentes al mismo tiempo: el pedido empresario por una suba del boleto, la resistencia política del municipio ante un valor que consideran impagable, el deterioro financiero de las compañías y la posibilidad de que la tensión salarial derive en medidas de fuerza. En el centro de la discusión aparece una cifra que ordena todo el debate: según Aetat, el estudio técnico ubica el valor del boleto cerca de los $2.400.
Las empresas dicen que los costos ya no cierran
El vicepresidente de Aetat, Jorge Berretta, defendió el estudio de costos presentado por el sector y sostuvo que la situación económica de las empresas llegó a un límite. Según explicó, el cálculo técnico arroja un boleto cercano a los $2.400, aunque aclaró que las compañías entienden el contexto social y económico que atraviesan Tucumán y el país.
La entidad empresarial plantea que el sistema perdió rentabilidad por una combinación de factores. Entre ellos mencionan el aumento del combustible, la caída de pasajeros, el avance de las aplicaciones de transporte y el atraso tarifario. Berretta afirmó que el gasoil aumentó un 60% desde febrero y que las empresas absorbieron durante meses incrementos salariales y de insumos sin poder trasladarlos plenamente al boleto.
También cuestionó la forma en que el municipio analiza el pedido de aumento. Para Aetat, los funcionarios de la Capital desconocen conclusiones técnicas que, según los empresarios, ya habían sido conversadas en reuniones previas. Berretta dijo que hubo cuatro encuentros de trabajo y que, en esas reuniones, los números del municipio y de las empresas eran similares.
El empresario fue especialmente duro con el secretario de Movilidad Urbana, Carlos Arnedo. Rechazó los cuestionamientos oficiales al estudio de costos y calificó como una “aberración” la posibilidad de exigir análisis técnicos por cada línea. Para Aetat, ese planteo revela desconocimiento o mala fe.
Cartas documento y una escalada institucional
La reacción empresaria no quedó sólo en declaraciones públicas. Aetat envió cartas documento a la intendenta Rossana Chahla, al Concejo Deliberante y a Arnedo. En esos escritos, la entidad cuestionó declaraciones del municipio sobre la tarifa y acusó a funcionarios de difundir afirmaciones “inexactas, maliciosas y faltas a la verdad”.
Una de las cartas apuntó directamente contra Arnedo. Allí, los empresarios sostuvieron que el funcionario habría demostrado “incapacidad técnica y política” y lo acusaron de intentar eludir su responsabilidad en el tratamiento del tema. También le exigieron que cese en su actitud omisiva y advirtieron sobre eventuales acciones civiles y penales por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El tono de los documentos muestra que el debate por el boleto dejó de ser una discusión técnica para convertirse en una pelea institucional. Aetat sostiene que dentro del municipio hay una “postura obstructiva” que genera confusión en la opinión pública y demora definiciones sobre una tarifa que, según las empresas, ya no alcanza para sostener la operación diaria.
En paralelo, el Concejo Deliberante continúa analizando el pedido empresario. La comisión de Transporte recibió la semana pasada a Arnedo para revisar el informe municipal y compararlo con el estudio de costos de Aetat. Tras esa reunión, no hubo definiciones sobre una suba del boleto.
El municipio, por ahora, mantiene una postura de cautela. Arnedo afirmó que los datos aportados por las empresas son insuficientes y remarcó que un boleto de $2.400 es “absolutamente impagable” para los usuarios. También sostuvo que la situación social y económica vuelve poco factible aplicar un incremento de esa magnitud.
Sueldos en cuotas y temor a un nuevo conflicto gremial
La crisis también llegó al plano laboral. Aetat informó a la Unión Tranviarios Automotor que las empresas propusieron pagar los sueldos de mayo en tres partes: el 5, el 12 y el 19 de junio. La comunicación fue dirigida al secretario general del gremio, César González, y encendió una señal de alerta ante la posibilidad de que el conflicto derive en medidas de fuerza.
Berretta explicó que el pago desdoblado se plantea como una forma de evitar un impacto mayor sobre las fuentes de trabajo. Según el dirigente empresario, las compañías no cuentan con liquidez suficiente para afrontar los salarios en una sola cuota y también miran con preocupación el pago del aguinaldo.
En la nota enviada al gremio, Aetat describió un escenario de “imposibilidad económica y financiera”. La entidad afirmó que las empresas tienen dificultades para afrontar el pago diferenciado del combustible y que el servicio opera bajo un esquema de endeudamiento crónico. También advirtió que la situación financiera apenas permite mantener una cantidad mínima de unidades en funcionamiento.
Ese punto es clave para los usuarios. Más allá de la discusión política y empresaria, el deterioro del sistema se traduce en menos frecuencias, unidades en peores condiciones y un servicio cada vez más frágil. Los empresarios dicen que sin tarifa actualizada no pueden garantizar la prestación; el municipio responde que no puede convalidar un boleto que golpee de lleno en el bolsillo de los vecinos.
La tensión quedó planteada. Aetat llevó el reclamo al terreno formal con cartas documento, puso sobre la mesa la posibilidad de salarios en cuotas y reforzó su diagnóstico de inviabilidad. El municipio, mientras tanto, intenta contener el impacto social de una eventual suba. En el medio quedan los usuarios, que enfrentan un servicio deteriorado y la amenaza recurrente de nuevos conflictos en el transporte público.
