Una fuerza federal allanando las oficinas de otra fuerza federal. La imagen, por sí sola, muestra la gravedad institucional de una investigación que comenzó en un puesto de control de Santiago del Estero y terminó golpeando de lleno a la estructura de la Policía Federal en Tucumán.
Por orden de la Justicia Federal, efectivos de Gendarmería Nacional ingresaron a las dependencias de la División Unidad Operativa Federal y de la Brigada de Investigaciones de la Policía Federal en San Miguel de Tucumán.
El procedimiento forma parte de la causa que investiga a siete policías federales tucumanos, acusados de integrar una presunta organización que habría cobrado dinero para permitir el paso de tours de compras, bagayeros y vehículos que transportaban mercadería de contrabando.
El avance de la investigación ya produjo otro fuerte impacto dentro de la fuerza: dos jefes de la estructura tucumana fueron desplazados y pasados a disponibilidad mientras la Justicia intenta determinar hasta dónde llegaba el presunto esquema de corrupción.
De un puesto caminero a las oficinas de la Federal en Tucumán
La investigación comenzó lejos del centro de San Miguel de Tucumán, pero terminó llegando hasta las oficinas de la fuerza ubicadas en calle Laprida.
El punto inicial de la pesquisa fue el puesto de control de Rapelli, en Santiago del Estero, una zona estratégica para la circulación de vehículos que regresan desde localidades fronterizas con Bolivia.
Según la hipótesis judicial, en ese lugar funcionaba un sistema organizado de cobro de sobornos.
Las sospechas apuntan a que determinados vehículos podían atravesar los controles después de pagar sumas previamente establecidas. La investigación alcanzó a una oficial y seis suboficiales de la Policía Federal, todos domiciliados en Tucumán, además de civiles vinculados a los viajes.
Para comprobar la maniobra, los investigadores realizaron una operación en la que se utilizaron billetes previamente marcados.
Cuando Gendarmería irrumpió en el puesto de control, encontró parte de ese dinero entre una suma de alrededor de $8 millones que fue secuestrada.
A partir de allí, la causa dejó de estar concentrada únicamente en lo que ocurría sobre la ruta. La Justicia comenzó a investigar si el esquema podía tener conexiones más amplias y si existían otros miembros de la fuerza involucrados.
Libros de guardia, controles y documentos bajo la lupa
Durante el allanamiento realizado en Tucumán, los investigadores secuestraron documentación administrativa que ahora será analizada para reconstruir el funcionamiento de las dependencias y los movimientos del personal investigado.
Entre los elementos incautados aparecen libros oficiales de servicio, registros de guardia, partes informativos vinculados a controles vehiculares y documentación interna de la Brigada.
No son papeles menores.
A través de esos registros, los investigadores buscarán determinar quiénes prestaban servicio, qué funciones cumplían, en qué fechas lo hacían y si la documentación coincide con otros elementos incorporados al expediente.
La principal pregunta ahora es hasta dónde llegaba el supuesto sistema.
La investigación inicial describió una presunta recaudación ilegal con montos diferentes según el tipo de vehículo. De acuerdo con la acusación, existían pagos para evitar controles sobre tours de compras, camionetas, utilitarios y automóviles.
La hipótesis es particularmente grave porque no se investiga una omisión aislada o la conducta individual de un agente, sino la posible existencia de un mecanismo organizado para convertir un control estatal en una especie de peaje clandestino.
Dos jefes desplazados y una pregunta que golpea a toda la fuerza
Mientras la causa avanza, la conducción de la Policía Federal dispuso el desplazamiento y pase a disponibilidad del jefe del Departamento de Investigaciones Federales Tucumán y de la jefa de la DUOF Tucumán.
La medida administrativa no implica, por sí misma, una responsabilidad penal. Sin embargo, muestra el impacto que la investigación ya tiene dentro de la institución.
La Justicia intenta establecer si las presuntas maniobras se limitaron a los siete efectivos inicialmente detenidos o si existía conocimiento, tolerancia o participación de otras personas dentro de la estructura.
Ese es ahora uno de los puntos más delicados de la causa.
El contrabando necesita rutas, vehículos y personas dispuestas a transportar mercadería. Pero cuando las sospechas alcanzan a quienes deberían controlar esos movimientos, el problema deja de ser solamente policial y se convierte en institucional.
La causa recién comienza a revelar sus dimensiones.
Hay siete policías federales tucumanos detenidos, una operación con billetes marcados, millones de pesos secuestrados, documentación bajo análisis, oficinas allanadas y dos jefes desplazados.
La Justicia deberá determinar responsabilidades individuales y probar cada una de las acusaciones.
Pero la imagen que deja el operativo ya es contundente: Gendarmería entrando a una sede de la Policía Federal en Tucumán para buscar pruebas de una presunta red de corrupción integrada por miembros de esa misma fuerza.
