La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra la intendenta de Graneros, Raquel Graneros, volvió a quedar en el centro de la polémica política y judicial de Tucumán. El legislador provincial Manuel Courel acusó al ministro fiscal Edmundo “Pirincho” Jiménez de mantener paralizada la denuncia presentada en junio pasado por la presunta adquisición de una lujosa propiedad en el country Las Yungas, de Yerba Buena.
El parlamentario de Cambia Tucumán cuestionó que, después de casi cinco meses, no se conozcan avances concretos sobre las actuaciones judiciales. A través de sus redes sociales, sostuvo que la denuncia permanece cajoneada por decisión del titular del Ministerio Público Fiscal, una acusación que hasta el momento no cuenta con una comprobación judicial pública.
La presentación original fue realizada el 9 de junio por Courel, el concejal de Simoca Luis Escobar y el abogado Luis María Díaz Augier. Los denunciantes solicitaron investigar la supuesta compra de una vivienda valuada en más de 1,2 millones de dólares y dos terrenos dentro del mismo emprendimiento inmobiliario, además de establecer el origen de los fondos presuntamente utilizados.
Una mansión millonaria y una investigación bajo sospecha
El eje de la denuncia es determinar si existe alguna vinculación patrimonial entre la intendenta y la propiedad ubicada en el exclusivo country de Yerba Buena, cuya adquisición, según sostienen los denunciantes, no tendría correspondencia con los ingresos conocidos de la funcionaria.
Courel aseguró que existen personas que podrían aportar información sobre la relación de Graneros con el inmueble. El legislador también cuestionó las explicaciones brindadas por la defensa de la intendenta y reclamó que se esclarezca quién es el verdadero propietario de la vivienda.
La abogada Paula Morales, representante legal de Graneros, negó anteriormente que la propiedad pertenezca a su defendida y rechazó las acusaciones.
Por otra parte, la Fiscalía Regional del Centro Judicial Concepción había rechazado en julio el pedido de Courel y Escobar para intervenir como querellantes particulares, al considerar que no reunían los requisitos legales para asumir esa condición. Esa decisión no equivale al cierre de la investigación penal, pero limitó la participación formal de los denunciantes en el expediente.
Courel responsabilizó directamente a Edmundo Jiménez
Ante la falta de información sobre el estado de la causa, Courel informó que realizó una nueva presentación ante el Ministerio Público Fiscal para solicitar precisiones sobre las medidas investigativas adoptadas.
El legislador sostuvo que la investigación se encuentra paralizada y responsabilizó directamente a Jiménez por esa situación. También expresó su malestar por la ausencia de respuestas y defendió su obligación como funcionario público de denunciar hechos que considera potencialmente delictivos.
Su reclamo apunta a conocer si la causa continúa activa, qué diligencias se realizaron desde junio y cuáles son los pasos previstos por la Fiscalía.
Las acusaciones del parlamentario plantean un cuestionamiento al funcionamiento del sistema judicial tucumano. Sin embargo, la presunta intervención de Jiménez para frenar el expediente constituye una denuncia política que requiere pruebas y no puede considerarse un hecho acreditado.
Crecen los cuestionamientos por la falta de respuestas judiciales
La controversia se produce en medio de otros episodios judiciales que involucran a Raquel Graneros. Recientemente, cuatro vecinas que habían sido denunciadas por la intendenta tras una protesta relacionada con las inundaciones resultaron sobreseídas, luego de que la Justicia considerara insuficientes las pruebas para sostener las acusaciones.
Ese desenlace volvió a poner a la jefa municipal en el centro de la atención pública, mientras continúa sin conocerse una resolución definitiva sobre la denuncia por presunto enriquecimiento ilícito.
El contraste entre ambas situaciones alimenta los cuestionamientos políticos: mientras la causa impulsada por Graneros contra las vecinas llegó a una resolución, los denunciantes de la intendenta aseguran que todavía no reciben información suficiente sobre la investigación patrimonial.
De todos modos, se trata de expedientes diferentes, con circunstancias procesales propias, por lo que sus tiempos no constituyen por sí mismos una prueba de trato judicial desigual.
A casi cinco meses de la presentación original, la principal incógnita sigue siendo qué medidas se adoptaron para establecer la titularidad de la propiedad y verificar las acusaciones sobre el origen de los fondos.
El reclamo de Courel vuelve a colocar al Ministerio Público Fiscal frente a un interrogante que excede la disputa partidaria: si la denuncia está siendo investigada, cuáles son sus avances y por qué sus impulsores sostienen que no obtienen respuestas suficientes.
