Tucumán volvió a quedar mal posicionada en un indicador nacional sobre la administración pública. Según el último Índice de Transparencia Presupuestaria Provincial, elaborado por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), la provincia cayó al puesto 17 entre los 24 distritos argentinos, con una calificación de 7,80 puntos sobre 10, por debajo del promedio nacional de 8,28.
El resultado representa un retroceso respecto de la medición anterior, cuando Tucumán había obtenido 8,35 puntos. La caída de 0,55 puntos ubicó a la provincia entre las tres jurisdicciones que más empeoraron sus indicadores, junto con La Rioja y Santiago del Estero.
El relevamiento, correspondiente a 2025 y difundido en octubre de 2026, expone una situación preocupante para la gestión del gobernador Osvaldo Jaldo: mientras 15 provincias consiguieron mejorar sus niveles de transparencia presupuestaria, Tucumán no registró avances en ninguna de las cuatro dimensiones evaluadas.
Tucumán perdió transparencia mientras otras provincias avanzaron
El estudio de CIPPEC evalúa la disponibilidad, actualización y calidad de la información presupuestaria que los gobiernos provinciales publican para que los ciudadanos puedan conocer cómo se administran los recursos públicos.
En el caso de Tucumán, los resultados muestran retrocesos en dos aspectos fundamentales. En el apartado Presupuesto, la calificación bajó de 2,00 a 1,85 puntos, mientras que en Recursos descendió de 3,25 a 2,85. Las otras dos dimensiones, Ejecución y rendición de cuentas y Divulgación, permanecieron sin mejoras.
La comparación con otras provincias evidencia la distancia. Tierra del Fuego encabezó el ranking con 10 puntos, seguida por Córdoba con 9,90, mientras que Entre Ríos y La Pampa alcanzaron 9,55.
La ubicación tucumana adquiere mayor relevancia porque el promedio nacional mejoró, superando los ocho puntos. En otras palabras, mientras buena parte del país avanzó en la publicación y accesibilidad de sus cuentas públicas, la provincia perdió terreno.
El índice no mide directamente hechos de corrupción ni determina si los recursos fueron utilizados de manera irregular. Sin embargo, sí permite evaluar qué información está disponible para controlar las decisiones presupuestarias del Estado.
Veinte años sin presupuestos previos en las 93 comunas rurales
A los resultados del ranking nacional se suma una situación institucional: las 93 comunas rurales de Tucumán llevan casi dos décadas beneficiándose de una excepción que las libera de incorporar previamente sus presupuestos de recursos y gastos al esquema provincial.
El proyecto de Presupuesto 2027, enviado por el gobernador Osvaldo Jaldo a la Legislatura, vuelve a suspender la aplicación de la obligación prevista en la Ley 6.970 de Administración Financiera.
De aprobarse esa disposición, se cumplirían 20 ejercicios consecutivos sin la exigencia de incorporar la planificación presupuestaria comunal antes de la ejecución de los fondos.
La magnitud económica del asunto no es menor. Según los datos difundidos, durante 2025 las comunas rurales recibieron más de 82.500 millones de pesos únicamente en concepto de coparticipación, sin incluir otros recursos provenientes del Tesoro provincial y del Ministerio del Interior.
La falta de presupuestos previos dificulta conocer anticipadamente cuánto dinero prevé gastar cada comuna, qué obras se proyectan, cuáles son las prioridades de cada administración y qué proporción de los fondos se destinará al personal.
Un dato particularmente llamativo es el caso de Los Sosa, donde el informe menciona 728 empleados públicos para una población cercana a los 1.200 habitantes. La relación entre empleo estatal y cantidad de habitantes plantea interrogantes sobre la estructura administrativa y la asignación de los recursos públicos.
Las comunas continúan sujetas a la obligación de rendir cuentas ante el Tribunal de Cuentas, pero ese control posterior no reemplaza la posibilidad de examinar anticipadamente sus previsiones de ingresos y gastos.
El retroceso deja bajo la lupa al Gobierno y a la Legislatura
La caída al puesto 17 constituye una señal de alerta para la administración provincial. No se trata solamente de una posición desfavorable en una clasificación nacional, sino de un deterioro concreto en los mecanismos de acceso a la información presupuestaria.
El escenario plantea interrogantes sobre la responsabilidad del Poder Ejecutivo y de la Legislatura, especialmente cuando el presupuesto provincial vuelve a contemplar una excepción que se mantiene desde 2008.
La situación adquiere mayor relevancia si se considera que el Tribunal de Cuentas ya había advertido deficiencias en los registros contables comunales al examinar la Cuenta de Inversión correspondiente a 2025.
El organismo señaló problemas en los sistemas de información y la necesidad de mejorar los mecanismos de registración, aunque también destacó un elevado porcentaje de presentación de rendiciones contables.
En este contexto, el retroceso de Tucumán en el índice de CIPPEC y la persistencia de las excepciones presupuestarias comunales muestran dos problemas diferentes, pero relacionados con una misma cuestión: las dificultades para garantizar información completa, accesible y oportuna sobre la administración de los fondos públicos.
El Gobierno provincial tiene por delante el desafío de explicar por qué Tucumán perdió terreno mientras la mayoría de las jurisdicciones mejoró sus indicadores, y qué medidas piensa adoptar para revertir la situación.
La Legislatura, por su parte, deberá definir si mantiene por vigésimo año consecutivo la suspensión de las obligaciones presupuestarias comunales.
Tucumán quedó en el puesto 17 de 24 distritos. El dato es concreto y la tendencia también: la provincia retrocedió en transparencia mientras otras administraciones avanzaron. La pregunta ahora es qué hará el poder político para cambiar ese resultado.
