El gobernador Osvaldo Jaldo envió a la Legislatura un proyecto de ley para garantizar que la Defensoría del Pueblo de Tucumán reciba mensualmente los fondos que le corresponden por presupuesto, mediante un mecanismo similar al que actualmente beneficia al Poder Legislativo, al Poder Judicial y al Tribunal de Cuentas.
La iniciativa, firmada también por el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, ingresó el 12 de noviembre y propone incorporar al organismo a la Ley 6930 de autarquía financiera a partir del ejercicio 2027.
Sin embargo, la decisión del Ejecutivo vuelve a poner bajo la lupa el funcionamiento de una institución que este año quedó en el centro de una controversia por su elevado costo, la cantidad de empleados y la multiplicación de cargos jerárquicos.
El contraste resulta significativo: mientras el Gobierno busca asegurar la transferencia regular de recursos, todavía persisten cuestionamientos públicos sobre la dimensión de la estructura administrativa y la proporción del presupuesto destinada efectivamente a las actividades del organismo.
Un presupuesto de más de $10.000 millones y casi todo destinado a sueldos
En abril de este año, un relevamiento impulsado por el legislador José Seleme, del bloque Avanza Tucumán, expuso una serie de cifras que generaron polémica sobre el funcionamiento de la Defensoría del Pueblo.
Según los datos difundidos entonces, el organismo contaba con 486 empleados de planta permanente, a los que se sumaban entre 250 y 300 contratados. También se identificaron alrededor de 60 oficinas con nivel jerárquico y distintas dependencias con funciones aparentemente superpuestas.
El cuestionamiento más fuerte estuvo relacionado con la distribución del dinero público.
De acuerdo con aquel relevamiento, durante 2025 la Defensoría manejó un presupuesto de aproximadamente $8.700 millones, de los cuales el 97% se destinó al pago de salarios.
Para 2026, la proyección inicial rondaba los $9.200 millones, con aproximadamente $9.000 millones asignados a gastos de personal. Las estimaciones difundidas en abril anticipaban que el presupuesto terminaría superando los $10.000 millones al cierre del ejercicio.
Seleme cuestionó tanto el costo de funcionamiento como la utilidad de semejante estructura administrativa. El legislador sostuvo que la Defensoría se había transformado en una organización burocrática sobredimensionada y llegó a plantear la necesidad de reformarla profundamente o eliminarla.
También puso en duda su independencia política tras la designación de Agustín Fernández, exdiputado nacional vinculado al oficialismo provincial y cercano al gobernador Jaldo.
Sin embargo, las cifras sobre personal fueron rechazadas por el exdefensor Eduardo Cobos, quien aseguró que la cantidad de trabajadores era menor a la denunciada. Además, defendió la expansión territorial del organismo y sostuvo que su presupuesto había perdido participación relativa dentro del gasto provincial.
Por lo tanto, las dimensiones de la planta de personal continúan siendo materia de controversia entre las estimaciones opositoras y la versión del exfuncionario.
Refuerzos presupuestarios y una nueva garantía para recibir recursos
La discusión no se limita al presupuesto anual. Durante 2026, el Gobierno provincial también autorizó refuerzos financieros para la Defensoría.
Mediante el Decreto 1834/3, del 10 de agosto, el Ejecutivo dispuso una adecuación presupuestaria de $70 millones destinada a afrontar gastos de funcionamiento del organismo hasta la finalización del ejercicio.
Posteriormente, a través del Decreto 2603/3, del 23 de octubre, se autorizaron otros $31 millones para partidas de bienes de consumo y servicios no personales.
En total, ambas decisiones representaron $101 millones en incrementos de créditos presupuestarios para la institución durante los últimos meses.
Ahora, el proyecto presentado por Jaldo pretende incorporar a la Defensoría al régimen de la Ley 6930, que establece entregas mensuales de fondos con un mínimo equivalente a la doceava parte de las partidas previstas para el año.
Además, el sistema contempla un mecanismo para el tratamiento de los excedentes financieros que permanezcan disponibles al cierre de cada ejercicio, con la posibilidad de constituir fondos extrapresupuestarios destinados a refuerzos financieros.
La modificación no implica por sí misma un incremento de las partidas asignadas a la Defensoría, pero sí le permitiría contar con un esquema de transferencias mensuales garantizadas por ley.
El interrogante pendiente: cuánto cuesta defender a los tucumanos y quién controla esos gastos
La Constitución provincial reconoce a la Defensoría del Pueblo como un organismo independiente, con autonomía funcional y autarquía financiera. Su misión es proteger los derechos de los ciudadanos frente a actuaciones u omisiones del Estado y de los prestadores de servicios públicos.
Esa independencia constituye una garantía institucional necesaria para que pueda desempeñar sus funciones sin presiones gubernamentales.
No obstante, la discusión que ahora se abre es si el fortalecimiento de su autonomía financiera estará acompañado por mecanismos suficientes de transparencia, rendición de cuentas y evaluación de resultados.
Las críticas formuladas durante este año apuntaron precisamente a la dificultad de justificar una estructura con decenas de dependencias jerárquicas y una proporción tan elevada del presupuesto comprometida en salarios.
La vinculación política de Fernández con el oficialismo también alimentó las objeciones sobre la independencia real del organismo que debe intervenir frente a decisiones de la propia administración provincial.
En ese escenario, el proyecto de Jaldo instala una cuestión que excede la regularidad de las transferencias: si la Defensoría tendrá garantizados sus recursos, ¿qué información pública permitirá conocer con precisión cómo los utiliza y qué resultados obtiene?
La Legislatura tendrá ahora la oportunidad de discutir no solamente el régimen financiero del organismo, sino también la necesidad de exigir información clara sobre su planta de personal, sus gastos y la efectividad de sus intervenciones.
Porque garantizar la autonomía de una institución encargada de defender a los ciudadanos es importante, pero también lo es asegurar que cada peso destinado a su funcionamiento tenga una justificación verificable y esté sujeto a los controles correspondientes.
