El Tribunal de Cuentas de Tucumán abrió un juicio de responsabilidad por presuntas irregularidades en el otorgamiento de comisiones de servicio dentro de la Caja Popular de Ahorros. La medida fue formalizada mediante la Cédula N° 545/26, notificada el 16 de marzo, y alcanza al exinterventor José Díaz y al gerente de Personal, Héctor Javier Díaz, a partir de auditorías de 2022 y 2023 que detectaron faltantes de documentación e inconsistencias en adscripciones de personal hacia otras áreas del Estado. Aunque el expediente no apunta de manera directa contra Carlos Cisneros, en la práctica vuelve a pegar sobre un núcleo de funcionarios y una estructura política identificada con el dirigente bancario.
La ofensiva no llega sola: se encadena con otros avances sobre la Caja
La novedad no puede leerse de manera aislada. Apenas dos semanas antes, el mismo Tribunal había abierto otra investigación sobre la Caja Popular por la presunta falta de transferencia del 1% de los ingresos del juego al Fondo Provincial del Deporte, un expediente que también puso bajo la lupa a la gestión anterior. En ese marco, la avanzada actual se suma a una seguidilla de decisiones que, desde la salida de José Díaz y Darío Amatti el 23 de enero y la asunción de Guillermo Norry y Antonio Bustamante, fueron achicando el margen de influencia del cisnerismo sobre una caja clave del poder tucumano.
La Bancaria denuncia persecución y vuelve a cerrar filas
La reacción gremial fue inmediata. Desde La Bancaria cuestionaron con dureza el avance del Tribunal y apuntaron contra su titular, Miguel Chaiben Terraf, en una pelea que ya lleva años. El sindicato anticipó además que brindará asistencia legal a los empleados alcanzados por la investigación. Esa lectura de “persecución” no es nueva: ya en 2024 Cisneros había acusado públicamente a Terraf de sostener una embestida contra José Díaz y contra la Caja Popular, en una disputa que desde entonces nunca dejó de escalar.
Más que un trámite administrativo, otro capítulo de desgaste político
En la política tucumana, el mensaje se interpreta con bastante claridad: aun cuando la firma de esta cédula no lleve el nombre de Cisneros, el impacto vuelve a caer sobre su armado. Y llega, además, en un momento especialmente sensible para el diputado nacional, después de que en la Justicia federal se conociera un pedido para que sea citado a indagatoria en otra causa, mientras su propio gremio salió en los últimos días a respaldarlo públicamente. Por eso, más que un expediente técnico sobre legajos y comisiones, el movimiento del Tribunal aparece como otro capítulo de una presión sostenida sobre uno de los dirigentes más incómodos del oficialismo tucumano.
