La nueva suspensión de clases en Tucumán, en medio del temporal que golpea a buena parte de la provincia, reactivó un debate que cada lluvia fuerte vuelve a empujar al centro de la escena: el estado real de la infraestructura escolar y las prioridades del gasto público. La decisión oficial rige del 10 al 13 de marzo para todos los niveles, tanto públicos como privados, y fue justificada por el Gobierno en la necesidad de resguardar a alumnos, docentes y auxiliares, además de revisar caminos y edificios tras precipitaciones que superaron los 160 milímetros.
En ese contexto apareció con fuerza la crítica de Paula Omodeo, referente de CREO, que tomó la suspensión como prueba de algo más profundo que una contingencia climática. Su planteo fue directo: el problema no empieza con la lluvia, sino con años de mala administración, prioridades distorsionadas y obras que nunca llegan a tiempo. La frase que eligió para condensar ese reproche —“primero el currito”— buscó convertir una discusión técnica en una acusación política de alto voltaje.
El contraste que buscó instalar la oposición
El corazón del planteo opositor pasa por los números. Omodeo sostuvo que el plan de mantenimiento para más de 1.300 escuelas ronda los $976 millones, mientras que organismos del aparato estatal, como la Defensoría del Pueblo, manejan presupuestos varias veces superiores. Más allá del tono de la denuncia, el dato sobre las escuelas sí encuentra respaldo en documentación pública: a fines de diciembre, el Gobierno dispuso una partida de $976,49 millones para el Plan de Aprestamiento Escolar, destinada a 1.381 establecimientos educativos de gestión estatal.
Ese contraste es el que Omodeo intenta explotar políticamente. Porque el oficialismo no puede decir que el tema estuviera fuera de agenda: en enero y febrero, Obras Públicas difundió trabajos de reacondicionamiento, pintura, desmalezamiento y reparaciones en escuelas de la provincia y de la Capital, dentro del operativo “Retorno a Clases”. Es decir, el Gobierno mostró que estaba interviniendo, pero la oposición ahora le discute la escala, la eficacia y, sobre todo, las prioridades.
La emergencia climática y la pelea por el relato
Del otro lado, el oficialismo salió a responder que no todo puede reducirse a un problema edilicio. Fernando Juri, presidente del Concejo Deliberante capitalino, defendió la suspensión de clases y pidió “madurez política” ante una emergencia que describió como una de las más severas de los últimos tiempos. Su argumento fue claro: los días de clase se recuperan, pero la seguridad de chicos, docentes y personal no se negocia. También remarcó que en algunas zonas las lluvias excedieron ampliamente los promedios habituales y que no hay sistema preparado para absorber semejante volumen de agua en tan poco tiempo.
Pero la crítica opositora encontró terreno fértil porque llega en un momento en que la educación tucumana ya venía golpeada por reclamos edilicios, denuncias por condiciones deficientes y cuestionamientos a la respuesta oficial. Incluso antes del temporal, la ministra Susana Montaldo había quedado bajo presión por la situación de la Escuela Normal, donde aseguró que el cuadro no ameritaba suspender las clases. Con ese telón de fondo, la suspensión masiva por las lluvias fue leída por sectores opositores no sólo como una medida preventiva, sino también como la confirmación de una fragilidad estructural que el Gobierno no logra desactivar.
Más que una frase
Omodeo buscó algo más que una repercusión en redes. Con su embestida trató de instalar una idea simple y potente: que en Tucumán el problema no es únicamente la lluvia, sino el orden de las prioridades. Por eso su frase pegó. Porque en medio de escuelas cerradas, caminos anegados y familias afectadas por el temporal, la oposición entendió que había una oportunidad para convertir la emergencia en una acusación más amplia contra el modelo de gestión provincial. Y el oficialismo, obligado a defenderse en medio de la tormenta, quedó otra vez discutiendo no sólo el agua que cae, sino todo lo que no hizo antes de que cayera.
