El ciclo lectivo 2026 arrancó en Tucumán el martes 3 de marzo con acto oficial, foto institucional y un mensaje repetido por el gobernador Osvaldo Jaldo: que “la educación es primero” y que no se trata de un eslogan. El problema es que, apenas 48 horas después, el propio funcionamiento cotidiano de muchas escuelas empezó a mostrar grietas difíciles de disimular: familias denunciando que sus hijos comenzaron el año sin docente asignado, cursos “en guarda” dentro del edificio pero sin clases y, en algunos casos, chicos enviados de vuelta a sus casas hasta nuevo aviso.
La postal duele más porque aparece justo cuando el Gobierno buscó instalar otra idea: que el conflicto salarial quedó “encauzado” con la conciliación obligatoria y que las aulas iban a estar garantizadas. En los papeles, las escuelas abrieron. En la práctica, en parte de la primaria y del nivel inicial, la cobertura de cargos está incompleta y el proceso administrativo para designar suplencias o cubrir vacantes todavía no logra ponerse al día.
El dato que explica el malestar: 109 cargos vacantes y una cobertura que no llega a tiempo
Según información recogida en el ámbito educativo, dentro del Ministerio de Educación se tramitan 109 cargos vacantes correspondientes a nivel inicial y primario, solicitados por directivos de distintos establecimientos. El número, más que una estadística, se traduce en escenas concretas: grados sin maestro, secretarías que “rotan” para cuidar a los alumnos, planificación pedagógica suspendida y una comunidad escolar que siente que el año empezó a medias.
Las razones que aparecen detrás de esas vacantes son variadas y, en su mayoría, previsibles: jubilaciones, licencias por enfermedad, cambios de funciones y movimientos internos. Pero lo que vuelve explosivo el tema es la suma de factores que se acumulan al mismo tiempo: reacomodamientos administrativos tras procesos de titularización de fines del año pasado, carga tardía de datos en los circuitos de designación y la demora habitual para que la burocracia convierta una necesidad concreta (un aula sin docente) en una solución efectiva (un nombramiento).
El cuadro se completa con un detalle que circula hace tiempo en la política tucumana y que vuelve como boomerang cuando aparecen faltantes: el sistema de adscripciones. En el propio ámbito educativo se señala que todavía hay docentes que cumplen funciones fuera de las escuelas, en otras reparticiones del Estado, mientras en las aulas se multiplican los pedidos para cubrir cargos. La ministra Susana Montaldo había dicho que ese mecanismo iba a revisarse y que no se renovarían nuevas adscripciones; sin embargo, el tema sigue siendo foco de controversia y de sospechas.
La trastienda política: paritarias tensas, “no hay más plata” y la pregunta incómoda sobre prioridades
El faltante de docentes estalla en el peor momento: en plena pelea por salarios y condiciones de trabajo. El Gobierno cerró acuerdos con parte del arco gremial, pero ATEP y otros sectores quedaron en conflicto. La Provincia dictó conciliación obligatoria para frenar el paro y sostener el inicio de clases, pero la discusión continuó con cruces públicos.
En ese contexto, Jaldo endureció el discurso: cuestionó la medida de fuerza y defendió la propuesta oficial con un argumento que encendió bronca en la docencia, al asegurar que el sueldo se fue a alrededor de $970.000 “por cuatro horas de trabajo” en un cargo, y al enumerar beneficios provinciales que, según su visión, compensan el recorte nacional en fondos educativos. ATEP respondió con un comunicado duro y advirtió que ese tipo de declaraciones no ayuda a un diálogo real dentro de la conciliación.
El problema de fondo es que todo ocurre mientras el Gobierno intenta sostener una narrativa de “educación como política de Estado”. La contradicción aparece sola: si la educación es lo más importante, el inicio del ciclo no debería depender de que “se carguen los datos” o de que “se acomode el sistema” varios días después. Porque en educación el tiempo no es neutro: cada jornada sin docente no es sólo un trámite pendiente, es aprendizaje perdido, desorganización familiar y una señal que erosiona la confianza en la escuela pública.
La provincia, así, queda partida entre dos sensaciones: por un lado, el alivio de haber evitado un paro en el primer día; por el otro, la certeza de que abrir la puerta no alcanza si adentro falta lo esencial. Y la pregunta, incómoda, queda flotando en cada patio: ¿la prioridad se mide por discursos o por la capacidad de garantizar un maestro frente al aula desde el día uno?
