El Gobierno de Tucumán habilitó hasta $600 millones para financiar obras, equipamiento y servicios en las 93 comunas rurales, mientras persisten advertencias oficiales sobre la forma en que esas administraciones registran y justifican el manejo del dinero público.
La medida fue dispuesta mediante el Decreto N° 1.963/3, firmado por el gobernador Osvaldo Jaldo el 21 de agosto y publicado el 14 de septiembre. Los recursos serán aportados al Fondo Fiduciario Comunal y no constituyen subsidios directos: las comunas podrán solicitarlos mediante préstamos que deberán devolver.
El problema aparece al observar el sistema dentro del cual se administrará ese dinero.
El Tribunal de Cuentas acaba de volver a advertir que las 93 comunas rurales manejan sus operaciones mediante registros contables “precarios” y sin un sistema que permita obtener información confiable, precisa y oportuna.
El señalamiento no constituye una denuncia política ni una interpretación opositora. Forma parte del análisis institucional de la Cuenta de Inversión 2025 realizado por el propio organismo encargado de controlar las cuentas públicas de Tucumán.
$600 millones para administraciones cuyo sistema contable sigue observado
El nuevo decreto habilita al Poder Ejecutivo a destinar hasta $600 millones al Fondo Fiduciario Comunal para atender solicitudes de las delegaciones rurales.
Las comunas podrán utilizar los préstamos para obras, compra de equipamiento y prestación de servicios públicos. La Caja Popular de Ahorros actuará como agente fiduciario y los desembolsos dependerán de las necesidades planteadas por cada administración y de las disponibilidades del Tesoro provincial.
No es la primera vez que el Gobierno utiliza este mecanismo. En noviembre de 2024 ya se había autorizado una suma similar para financiar necesidades de las comunas.
La continuidad de las transferencias contrasta, sin embargo, con una dificultad que tampoco es nueva.
Al analizar las cuentas de 2025, el Tribunal volvió a señalar deficiencias estructurales en la registración comunal y reclamó a la Contaduría General avanzar finalmente con la implementación de un sistema de contabilidad adecuado para estas jurisdicciones.
Es decir, mientras el mecanismo de financiamiento continúa y se incorporan nuevos recursos, el sistema utilizado para registrar cómo se mueve el dinero sigue bajo observación.
Las comunas sí presentan balances, pero el Tribunal cuestiona cómo se registra la plata
Hay una diferencia fundamental entre no rendir y rendir bajo un sistema deficiente.
Durante 2025 debían presentarse 558 estados contables bimestrales correspondientes a las 93 comunas. Según el Tribunal de Cuentas, 553 ya habían sido rendidos, lo que representa el 99,10% del total.
Dos balances se encontraban en poder de las comunas y otros tres estaban en la Secretaría de Estado de Municipios y Comunas. Los dos estados señalados como incumplidos correspondían a Los Pérez, aunque habían sido presentados previamente y luego devueltos para su regularización.
Por eso, el cuestionamiento central no pasa por una ausencia generalizada de presentaciones.
La advertencia es otra: aun cuando los papeles llegan al organismo de control, las comunas no disponen de un sistema contable capaz de producir, según el Tribunal, información confiable, precisa y oportuna.
La diferencia no es menor.
Presentar una rendición es cumplir con una instancia formal. Contar con un sistema contable sólido permite reconstruir con claridad cuánto dinero ingresó, cómo se ejecutó, cuál era el crédito disponible y cuál es la situación financiera real de cada administración.
El Tribunal consideró que ese segundo aspecto todavía presenta deficiencias y pidió una intervención de la Contaduría General de la Provincia.
Más recursos antes de resolver un problema que se repite
El contraste deja una pregunta sobre la política de control del Gobierno provincial: ¿debe ampliarse el financiamiento a las comunas sin haber solucionado previamente las deficiencias contables que el propio Tribunal viene señalando?
El nuevo fondo no implica que cada comisionado comunal recibirá automáticamente una parte de los $600 millones. Tampoco se trata de dinero no reintegrable. Las administraciones deberán solicitar préstamos y devolverlos bajo las condiciones previstas por el régimen vigente.
Pero que sean préstamos no elimina la necesidad de controles.
Los fondos salen inicialmente del Tesoro provincial, son administrados mediante un fideicomiso público y terminan financiando gastos ejecutados por jurisdicciones cuyo sistema de registración continúa mereciendo reparos del órgano de control.
A eso se suma el contexto político. Las comunas rurales volverán a tener un papel territorial relevante en las elecciones provinciales de 2027 y la distribución de recursos hacia el interior históricamente generó cruces entre oficialismo y oposición.
Esa coincidencia temporal, por sí sola, no demuestra que exista un objetivo electoral detrás de los nuevos fondos. El mismo mecanismo ya fue utilizado anteriormente y el Gobierno sostiene que resulta necesario para garantizar obras y servicios en localidades con fuerte dependencia financiera de la Provincia.
El interrogante institucional es diferente y no depende del calendario electoral.
Si el Tribunal de Cuentas viene señalando desde ejercicios anteriores que las comunas manejan registros precarios, la discusión es por qué la incorporación de nuevos recursos no aparece acompañada previamente por una solución definitiva al mecanismo de registración y control.
Los $600 millones podrán transformarse en máquinas, obras y servicios. Pero mientras la Provincia no resuelva las deficiencias advertidas por su propio organismo de control, seguirá existiendo una distancia entre enviar dinero al interior y garantizar que cada peso pueda ser seguido con información contable confiable.
