Las exportaciones tucumanas atraviesan uno de sus mejores momentos recientes. Entre enero y junio de 2026, la provincia vendió al exterior por U$S 456,3 millones, un 17,9% más que en el mismo período del año pasado, mientras que el volumen exportado avanzó un 4,9%. Si la tendencia se sostiene, Tucumán podría acercarse a los U$S 900 millones al cierre del año.
La cifra representa una señal positiva para una provincia fuertemente vinculada a la agroindustria. Sin embargo, abre también una pregunta incómoda: si sectores productivos tucumanos logran colocar cada vez más bienes en el exterior, ¿por qué esa dinámica no se traduce con la misma intensidad en empleo, inversiones, consumo y mejores condiciones económicas para el conjunto de la provincia?
La respuesta no puede reducirse a un único responsable. Las decisiones nacionales sobre política cambiaria, comercio exterior, impuestos, tasas de interés y actividad económica condicionan fuertemente a Tucumán. Pero el Gobierno provincial también dispone de herramientas propias para transformar una buena campaña exportadora en desarrollo económico más amplio.
Exportar más no significa que toda la economía crezca al mismo ritmo
El dato exportador debe ponerse en contexto. Casi el 60% de los dólares obtenidos durante el primer semestre provino del complejo citrícola, lo que vuelve a mostrar la importancia del limón y sus derivados dentro de la matriz productiva tucumana.
Ese desempeño, sin embargo, no necesariamente refleja lo que ocurre en el resto de la economía. Una provincia puede aumentar sus exportaciones gracias a mejores precios internacionales, mayores cantidades vendidas o una buena campaña de determinados productos mientras, simultáneamente, otros sectores atraviesan dificultades.
El último Producto Geográfico Bruto oficial disponible muestra justamente esa heterogeneidad. En 2024, la economía tucumana se contrajo un 3,6% en términos reales. Ese año la construcción retrocedió un 17,5%, la industria manufacturera un 4,1% y el comercio un 2,4%.
Los números son de 2024 y no permiten describir por sí solos lo que sucede en 2026. Pero sirven para comprender un problema estructural: una buena performance de los sectores exportadores no garantiza automáticamente una expansión de todas las ramas de actividad.
Los indicadores laborales más recientes también muestran desafíos. En el primer trimestre de 2026, la desocupación en el Gran Tucumán-Tafí Viejo alcanzó el 7,1%, mientras que la informalidad afectó al 44,8% de los asalariados.
Así, el desafío no consiste solamente en vender más productos tucumanos al exterior. Consiste en lograr que esos dólares generen inversiones, proveedores, servicios, innovación y puestos de trabajo dentro de la provincia.
Qué puede hacer la Provincia y qué depende de la Nación
Una parte significativa de las condiciones económicas bajo las cuales producen las empresas tucumanas se define fuera de la provincia. El tipo de cambio, los derechos de exportación, la política monetaria, buena parte de los impuestos y las reglas generales del comercio exterior dependen del Gobierno nacional.
Sería, por lo tanto, incorrecto atribuir al Poder Ejecutivo tucumano toda la responsabilidad tanto por una caída como por una recuperación de la actividad.
Pero eso tampoco significa que la Provincia carezca de responsabilidades.
El Gobierno tucumano administra impuestos provinciales, regula actividades económicas dentro de su competencia, interviene en infraestructura, puede diseñar incentivos para inversiones y posee herramientas destinadas a vincular empresas locales con mercados internacionales.
El Instituto de Desarrollo Productivo es una de ellas. El organismo brinda asistencia en comercio exterior, genera información sobre mercados y participa en programas, ferias y misiones comerciales destinadas a ampliar las posibilidades de las firmas tucumanas. Parte del crecimiento exportador también debe analizarse dentro de ese trabajo conjunto entre Estado y sector privado.
La discusión aparece después: qué ocurre una vez que una empresa logra exportar.
La calidad de las rutas, el costo de trasladar la producción, el acceso a parques industriales, los servicios públicos, la capacitación de trabajadores, la presión tributaria provincial y municipal y la velocidad de los trámites son factores sobre los cuales las administraciones locales tienen distintos grados de intervención.
Son esas condiciones las que pueden ayudar a que una empresa que hoy exporta más decida ampliar una planta, contratar trabajadores o incorporar proveedores tucumanos.
El desafío para Jaldo: transformar dólares de exportación en desarrollo interno
El Gobierno de Osvaldo Jaldo puede mostrar el aumento de las exportaciones como un indicador favorable para el aparato productivo tucumano. Pero el verdadero debate económico es hasta dónde ese buen desempeño consigue extenderse hacia el resto de la sociedad.
La concentración exportadora constituye uno de los límites. El complejo citrícola continúa explicando una porción decisiva de las ventas externas. Esa fortaleza representa una ventaja competitiva para Tucumán, aunque también expone la economía provincial a las variaciones de unos pocos sectores y mercados.
La diversificación aparece entonces como una responsabilidad compartida entre Estado y privados. El sector público puede generar infraestructura, incentivos, capacitación y reglas que faciliten nuevas inversiones. Las empresas, por su parte, son las que finalmente arriesgan capital, desarrollan productos, incorporan tecnología y contratan trabajadores.
La discusión sobre el crecimiento tucumano no debería limitarse, entonces, a determinar si exportar U$S 900 millones constituye un éxito o un fracaso de una administración. El interrogante más relevante es cuánto de ese dinamismo logra convertirse en una economía más diversificada.
El dato exportador de 2026 demuestra que Tucumán tiene sectores capaces de competir y generar divisas. Al mismo tiempo, la elevada informalidad y los problemas de empleo muestran que la existencia de empresas exportadoras exitosas no resuelve automáticamente las dificultades del mercado laboral.
Allí aparece uno de los principales campos de responsabilidad para la administración provincial: generar las condiciones locales para que el crecimiento de los sectores más competitivos se conecte con el resto de la economía.
Porque una provincia no crece solamente cuando aumenta el valor de lo que vende al mundo. Crece de manera más amplia cuando ese movimiento genera nuevas empresas, inversiones, actividad y empleo dentro de su propio territorio.
