El empresario del transporte interurbano Sergio Gómez Sansone volvió a defender públicamente la denuncia que derivó en el allanamiento de la sede de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat) y afirmó que existe un clima de temor generalizado entre los prestadores del servicio.
En declaraciones, el titular de la línea 8 y de la empresa San Pedro de Colalao sostuvo que sus cuestionamientos comenzaron en 2024, cuando pidió precisiones sobre la distribución de los subsidios que el Gobierno provincial destina al sistema de transporte público. Según indicó, a partir de esas averiguaciones detectó cheques emitidos por Aetat a favor de sus firmas que nunca habrían llegado a destino.
“Vengo pidiendo aclaraciones sobre cómo se distribuyen los fondos. Paralelamente, encontré cheques emitidos por Aetat a favor de mis empresas que nunca llegaron y que habrían sido vendidos en cuevas”, denunció.
Acusaciones, represalias y cruce con Berretta
Gómez Sansone aseguró además que, tras insistir con sus reclamos, sufrió represalias dentro del sector. En ese sentido, afirmó que perdió la línea 131 en septiembre, en lo que describió como una maniobra articulada para silenciarlo.
“Lo único que he logrado es que me quiten la línea 131 en septiembre, en una acción conjunta con el gremio, intentando callarme”, sostuvo.
El empresario también respondió a los dichos del vicepresidente de Aetat, Jorge Berretta, quien había calificado la denuncia como una acusación falsa, maliciosa y con intenciones políticas. Frente a esas declaraciones, Gómez Sansone consideró que se trata de una afirmación irresponsable, especialmente después de que la Justicia avanzara con un allanamiento en la histórica sede de la entidad.
“Es una irresponsabilidad decir eso cuando un fiscal toma la decisión de allanar una institución con más de 60 años”, replicó.
“El 80% de los empresarios tienen el mismo miedo que tenía yo”
En otro tramo de sus declaraciones, Gómez Sansone negó que su presentación tenga motivaciones políticas y remarcó que su planteo está vinculado exclusivamente con su actividad como prestatario del servicio.
“Pedir rendición de cuentas sobre los fondos que le corresponden a mi empresa no me convierte en alguien con intereses políticos”, expresó.
Al referirse al silencio del resto de los empresarios del transporte, interpretó que la mayoría evita pronunciarse por temor a sufrir consecuencias similares. “El 80% de los empresarios tienen el mismo miedo que tenía yo”, afirmó, y agregó que muchos no se animan a denunciar por el riesgo de perder sus compañías o líneas.
Según explicó, en su caso decidió avanzar públicamente después de haber sido desplazado de una de sus prestaciones. “A la mayoría le pasa lo mismo que me pasaba a mí: tienen miedo de que les quiten sus empresas. A mí ese miedo se me fue cuando ya me sacaron la línea, por eso hoy puedo denunciar”, señaló.
La definición quedará en manos de la Justicia
Finalmente, Gómez Sansone insistió en que será la Justicia la que deberá determinar si las acusaciones que formuló tienen sustento. En esa línea, se mostró dispuesto a afrontar las consecuencias en caso de que no pueda probar sus dichos.
“Si mis denuncias son falsas, que me metan preso. Para eso está la Justicia”, concluyó.
