La Legislatura de Tucumán comenzará a discutir formalmente los distintos proyectos de Ficha Limpia, en un movimiento que busca destrabar una agenda que viene demorada por falta de acuerdos políticos. El tema empezará a ser analizado en la comisión de Asuntos Constitucionales e Institucionales, con la participación de los autores de las iniciativas, representantes del Poder Ejecutivo y otros actores convocados para aportar su mirada sobre una reforma que apunta a endurecer los requisitos para acceder y permanecer en cargos públicos.
La decisión política de abrir el debate fue habilitada por el vicegobernador Miguel Acevedo, en medio de un clima en el que distintos sectores admiten que hay asuntos sensibles que ya no pueden seguir postergándose. En ese marco, el oficialismo y la oposición volverán a cruzar posiciones sobre uno de los proyectos con mayor carga simbólica en términos institucionales.
La presidenta de la comisión, Carolina Vargas Aignasse, anticipó que el trabajo legislativo se apoyará en exposiciones de los autores, consultas a especialistas y una instancia posterior de búsqueda de consensos. La intención es avanzar hacia un dictamen que permita llevar la discusión al recinto, aunque el desafío central seguirá siendo encontrar una redacción común entre propuestas que comparten el espíritu general, pero difieren en puntos clave.
Cuatro proyectos, una misma consigna y diferencias de fondo
Sobre la mesa habrá varias iniciativas con estado parlamentario. Una de ellas es la impulsada por el gobernador Osvaldo Jaldo junto al ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado. Esa propuesta plantea excluir de candidaturas y cargos públicos a quienes tengan condena confirmada en segunda instancia por delitos graves, entre ellos hechos contra la administración pública, narcotráfico, trata de personas, lavado de activos, terrorismo, delitos dolosos contra la vida, atentados contra el orden constitucional y crímenes de lesa humanidad. También incorpora a los deudores alimentarios.
Desde la Casa de Gobierno sostienen que la medida no busca volver a sancionar penalmente conductas ya juzgadas por la Justicia, sino fijar parámetros de idoneidad para el ejercicio de funciones públicas. En esa línea, el argumento central es que el Estado debe resguardar la legitimidad de la representación política y elevar los estándares éticos de quienes pretenden ocupar cargos.
Pero no todas las iniciativas avanzan con el mismo criterio. El proyecto de Gerónimo Vargas Aignasse, acompañado por Roberto Moreno, propone una vara todavía más estricta: impedir postulaciones desde la condena en primera instancia. Ese carácter preventivo es, justamente, uno de los puntos que más resistencia genera en sectores que advierten sobre el riesgo de afectar el principio de inocencia antes de que exista una sentencia confirmada en instancias superiores.
A su vez, José Macome impulsa una redacción que prohíbe ser candidato a cualquier cargo electivo a personas condenadas a pena privativa de la libertad, aun cuando la sentencia no esté firme o la ejecución sea en suspenso, hasta su revocación o hasta que transcurra un plazo de diez años posteriores. En paralelo, la iniciativa encabezada por Silvia Elías de Pérez y José Seleme plantea cambios en la Ley Orgánica de Partidos Políticos con un criterio similar al del Poder Ejecutivo: la inhabilitación se activaría con condena confirmada en segunda instancia y se mantendría hasta una eventual revocación o hasta el cumplimiento de la pena.
La discusión institucional se mete de lleno en el año preelectoral
El debate por Ficha Limpia no aparece aislado. Se da en un escenario de creciente discusión sobre reglas electorales, transparencia y calidad institucional, con el trasfondo de un año preelectoral en el que cada definición adquiere un peso extra. Por eso, más allá de los matices técnicos, el tratamiento legislativo será también una señal política hacia una sociedad que viene reclamando mayores exigencias para la dirigencia.
Vargas Aignasse definió la apertura de esta discusión como una señal institucional potente. El concepto no es menor: en tiempos de desgaste de la confianza pública, la posibilidad de avanzar con una norma de estas características funciona como una respuesta al reclamo ciudadano de mayor integridad en la política.
La discusión, sin embargo, no será sencilla. La tensión pasa por determinar hasta dónde puede avanzar el Estado en la limitación de candidaturas sin afectar garantías constitucionales. Allí se cruzan dos lógicas: la de quienes priorizan el resguardo ético de la función pública y la de quienes alertan sobre posibles excesos si se fijan restricciones demasiado anticipadas.
Tampoco es un debate nuevo para Tucumán. Ya en 2020, el entonces legislador José María Canelada había presentado un proyecto de Ficha Limpia con lineamientos cercanos a los que hoy reaparecen en la agenda. Aquella iniciativa perdió estado parlamentario sin llegar al recinto. Esta vez, el contexto parece distinto: hay más proyectos en juego, una decisión política de activar la discusión y un clima nacional que volvió a poner el tema en primer plano, luego de que la oposición reflotara en el Congreso una iniciativa similar tras el intento fallido de 2025.
En esa combinación de presión social, pulseada jurídica y necesidad de acuerdos, la Legislatura tucumana se prepara para una discusión que promete ocupar un lugar central en la agenda institucional de las próximas semanas.
