César González, secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) de Tucumán, fue denunciado ante la Justicia provincial por presunto abuso sexual con acceso carnal reiterado y por una supuesta situación de extorsión vinculada con una relación laboral que, de acuerdo con la presentación judicial, se habría prolongado durante más de siete años.
El caso se encuentra bajo investigación de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Integridad Sexual y Género, a cargo del fiscal Gonzalo Rodríguez.
La denunciante, que es abogada, cuenta con el patrocinio de los letrados Juan Macario Santamarina y Gonzalo Ascárate. Sus representantes solicitaron además ser admitidos como querellantes particulares dentro del legajo judicial.
Las acusaciones forman parte de una denuncia que deberá ser investigada y comprobada judicialmente. Hasta el momento no existe una sentencia que determine la responsabilidad penal del dirigente gremial.
Una relación laboral que habría comenzado en 2018
Según la presentación, los episodios denunciados se remontarían a julio de 2018, cuando la mujer comenzó a prestar servicios profesionales vinculados con el ámbito de la UTA. La denuncia describe una relación laboral y económica irregular en la que, según sostiene la querella, la remuneración de la profesional era abonada directamente por González.
Siempre de acuerdo con el relato presentado ante la Justicia, esa dependencia económica habría sido utilizada para condicionar la situación laboral de la mujer a requerimientos de carácter sexual. La presentación sostiene que ante sus negativas se habrían producido distintas represalias económicas. Entre ellas menciona atrasos o retenciones de pagos, diferencias respecto de aumentos recibidos por otros profesionales y dificultades vinculadas con las licencias laborales.
Uno de los puntos más sensibles incorporados a la denuncia está relacionado con la cobertura médica del hermano de la denunciante, quien posee una discapacidad severa.
Según la querella, ese beneficio también habría sido utilizado como una herramienta de presión dentro del vínculo laboral. La acusación sostiene que la situación finalmente habría provocado la salida de la mujer de su trabajo y generado consecuencias sobre su salud.
Todas estas circunstancias forman parte de la versión presentada por la denunciante y deberán ser objeto de investigación, producción de pruebas y eventual contradicción por parte de la defensa.
Pidieron medidas de protección y una prohibición de acercamiento
Los abogados de la denunciante solicitaron a la Fiscalía una serie de medidas de protección mientras avanza la investigación.
Entre ellas pidieron que se establezca una prohibición de acercamiento de González a una distancia no menor a 300 metros respecto de la mujer, su domicilio, integrantes de su grupo familiar y su actual lugar de trabajo.
También requirieron que se ordene al dirigente abstenerse de realizar actos de hostigamiento, intimidación o perturbación, tanto de manera directa como a través de terceras personas y por cualquier medio de comunicación.
La querella solicitó además que el testimonio de la denunciante sea recibido mediante un mecanismo que permita reducir posibles situaciones de revictimización.
Los representantes legales fundamentaron esos pedidos en normas provinciales y nacionales de protección frente a situaciones de violencia de género y en tratados internacionales incorporados al ordenamiento jurídico argentino.
Paralelamente solicitaron constituirse formalmente como querellantes particulares, una figura que permitiría a la denunciante participar activamente del proceso, proponer pruebas y controlar el avance de la investigación.
Un dirigente con fuerte presencia en el transporte tucumano
César González ocupa desde hace años un lugar central dentro de la discusión por el transporte público de pasajeros en Tucumán como secretario general de UTA en la provincia.
Su rol lo convirtió en uno de los principales interlocutores gremiales en negociaciones salariales, conflictos con empresas de transporte y reuniones con autoridades provinciales y municipales.
En septiembre, pocas semanas antes de que trascendiera la denuncia, González había mantenido una reunión con el gobernador Osvaldo Jaldo en Casa de Gobierno para analizar la situación del transporte y de los trabajadores del sector.
Esa actividad gremial no forma parte de la causa judicial conocida ahora.
La investigación se refiere a conductas personales que la denunciante atribuye al dirigente durante varios años y cuya existencia y eventual responsabilidad penal deberán ser determinadas por la Justicia.
La causa se encuentra en una etapa inicial. Por ese motivo, las acusaciones contenidas en la presentación no pueden ser consideradas hechos probados y rige para el denunciado el principio de inocencia mientras no exista una resolución judicial que establezca lo contrario.
