El sorteo de un automóvil 0 kilómetro realizado durante la 71ª edición del Gran Premio Batalla de Tucumán quedó envuelto en cuestionamientos luego de que una investigación periodística señalara que la mujer beneficiada con el premio sería la madre de uno de los empleados que habría tenido a su cargo la administración y distribución de los cupones entre los asistentes.
La información fue difundida inicialmente por el periodista Lucas Correa. Según esa investigación, el trabajador sería Luis Rocha, identificado como agente de la Caja Popular de Ahorros con funciones en el Hipódromo de Tucumán.
Hasta el momento, el parentesco y las circunstancias denunciadas corresponden a información publicada periodísticamente y no implican por sí mismas la existencia de una maniobra fraudulenta. Tampoco se conoció públicamente, hasta este viernes, una investigación administrativa o judicial que haya determinado irregularidades en la adjudicación del vehículo.
El sorteo había sido presentado como uno de los principales atractivos
El automóvil formaba parte de una serie de premios anunciados para la jornada del 24 de septiembre, que incluyó también tres motocicletas, bicicletas y televisores.
La convocatoria había sido promocionada oficialmente por el Gobierno provincial y por las autoridades vinculadas con la organización del Gran Premio. Las personas mayores de 18 años que ingresaran al Hipódromo recibirían gratuitamente un ticket para participar.
La presencia del automóvil fue utilizada además como uno de los atractivos para impulsar la convocatoria de público a una edición que contó con apoyo institucional de la Provincia y de la Caja Popular de Ahorros.
Hay un elemento previo que ahora adquiere especial importancia: al anunciar el evento, la comunicación oficial del Gobierno tucumano aseguró que el sorteo se realizaría después del Gran Premio y bajo la supervisión de un escribano público.
La investigación periodística conocida posteriormente sostiene, sin embargo, que al revisar la transmisión del momento en que se definió el automóvil no se advierte la intervención de un escribano durante el procedimiento.
Esa diferencia entre lo anunciado oficialmente y lo que, según la denuncia periodística, habría ocurrido durante el sorteo es uno de los aspectos que requieren una explicación de los organizadores.
El vínculo familiar que puso el procedimiento bajo la lupa
El punto que generó mayores cuestionamientos es el presunto parentesco entre la ganadora y una de las personas que habría intervenido previamente en la distribución de los números.
Según la información difundida, Luis Rocha habría tenido responsabilidades relacionadas con los talonarios utilizados para participar y se encontraba próximo al lugar donde se realizó la extracción del cupón ganador.
La mujer que obtuvo el automóvil sería su madre.
La existencia de un vínculo familiar no demuestra por sí sola que el resultado haya sido manipulado. Para poder sostener una irregularidad sería necesario establecer, entre otras cuestiones, cómo se imprimieron y numeraron los cupones, quiénes tuvieron acceso a ellos, cómo fueron distribuidos, quién quedó a cargo de su custodia, qué procedimiento se utilizó para incorporarlos a la urna y qué controles externos existieron antes y durante la extracción.
Precisamente por eso, en sorteos organizados o respaldados por instituciones públicas, los mecanismos de fiscalización y trazabilidad resultan relevantes: permiten descartar que quienes participan de la organización puedan intervenir sobre el universo de números que posteriormente determinará al ganador.
En las publicaciones que denunciaron el caso también se cuestionó la utilización de una urna acrílica y se pidió mayor información respecto del procedimiento empleado. Sin embargo, hasta ahora no se conoció públicamente el reglamento completo del concurso que permita establecer si la metodología utilizada incumplió alguna condición previamente fijada.
Una explicación oficial que todavía resulta necesaria
El episodio adquiere una dimensión institucional porque el Hipódromo de Tucumán depende de la órbita de la Caja Popular de Ahorros y porque la actividad recibió un fuerte respaldo del Gobierno provincial.
El lanzamiento de la 71ª edición estuvo encabezado por el gobernador Osvaldo Jaldo junto con autoridades de la Caja Popular y funcionarios provinciales. El interventor de la institución, Guillermo Norry, había promocionado públicamente el sorteo del automóvil como parte de los atractivos de la jornada.
Durante el evento también participaron numerosas autoridades provinciales y representantes de la Caja Popular.
El señalamiento periodístico, por lo tanto, abre interrogantes que podrían despejarse mediante información verificable: quién fue el responsable formal del sorteo; cuál era su reglamento; qué escribano debía fiscalizarlo y si efectivamente estuvo presente; cuántos cupones fueron emitidos y distribuidos; qué función cumplió el empleado mencionado; y si existían restricciones para la participación de trabajadores de la institución y sus familiares.
También resultaría relevante conocer el acta del sorteo, en caso de haberse confeccionado, ya que permitiría identificar a las personas que certificaron el procedimiento y las condiciones en que se realizó.
Antes del Gran Premio, la Provincia había anunciado expresamente que la adjudicación de los premios se produciría con fiscalización notarial. Frente a los cuestionamientos conocidos ahora, la publicación de esa documentación permitiría contrastar la denuncia periodística con los registros oficiales.
