Cinco femicidios registrados en Tucumán durante 2026 vuelven a poner bajo la lupa no sólo la violencia machista, sino también la capacidad del Estado para prevenirla. Las cifras muestran que las leyes, las restricciones judiciales y los dispositivos de asistencia existen, pero también revelan una distancia cada vez más difícil de ignorar entre las herramientas disponibles y la protección efectiva de las mujeres.
El Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano” contabilizó 169 femicidios en el país durante los primeros ocho meses del año. Cinco ocurrieron en Tucumán. A nivel nacional, 21 de las mujeres asesinadas habían realizado denuncias previas contra sus agresores y en diez casos existían medidas cautelares.
La situación expone uno de los principales problemas de las políticas públicas contra la violencia de género: no alcanza con recibir una denuncia ni con dictar una restricción de acercamiento si después el Estado no cuenta con los recursos, el seguimiento y los mecanismos necesarios para hacerla cumplir.
Denunciar no alcanza cuando la protección queda en un papel
La directora del Observatorio de Femicidios, Ada Rico, planteó que una denuncia debería marcar el inicio de la intervención estatal y no el final del procedimiento. Sin embargo, los casos relevados muestran mujeres que, aun después de haber recurrido a la Justicia, continuaron expuestas a sus agresores.
Entre las herramientas utilizadas aparecen las restricciones de acercamiento y los botones antipánico. El problema es que buena parte de la responsabilidad vuelve a quedar sobre la víctima, que debe advertir que el agresor se aproxima y activar el dispositivo en una situación que puede desarrollarse en cuestión de segundos.
Frente a ese escenario, desde el Observatorio reclaman una mayor implementación de tobilleras duales para controlar al agresor y detectar automáticamente el incumplimiento de una prohibición de acercamiento.
La discusión, entonces, excede la existencia de normas. Argentina cuenta con la Ley 26.485 de protección integral contra la violencia hacia las mujeres y con la Ley Micaela, que establece capacitación obligatoria en perspectiva de género para agentes de los tres poderes del Estado. Pero una política pública sólo tiene impacto cuando se traduce en personal capacitado, controles, dispositivos disponibles, seguimiento de los casos y respuestas rápidas.
Fondos para enero que fueron autorizados recién en agosto
El funcionamiento de las políticas de género también depende de cómo y cuándo se utilizan los recursos presupuestarios. Y en Tucumán existe un dato que muestra las demoras administrativas que pueden atravesar los organismos encargados de atender situaciones de violencia.
El 4 de agosto, el Poder Ejecutivo provincial autorizó la transferencia de $22.330.866,67 al Observatorio de la Mujer. Según el propio decreto, los fondos estaban destinados a cubrir diferentes asistencias realizadas durante enero de 2026.
Es decir que recursos vinculados con intervenciones efectuadas al comienzo del año atravesaron el circuito administrativo hasta obtener autorización siete meses después.
El dato no permite por sí solo determinar cuál es el porcentaje global de ejecución presupuestaria de las políticas de género en Tucumán, pero sí expone una dificultad concreta: en un área en la que la rapidez de la respuesta puede resultar determinante, la disponibilidad efectiva del dinero también puede quedar atrapada en los tiempos burocráticos.
El Observatorio de la Mujer provincial tiene entre sus funciones asistir a mujeres en situación de violencia, articular programas, producir información, analizar la efectividad de las medidas adoptadas y colaborar en el diseño de políticas de prevención. Para que esas tareas funcionen, el presupuesto no sólo debe estar contemplado en una planilla: debe transformarse oportunamente en recursos disponibles.
La discusión presupuestaria, por lo tanto, no pasa únicamente por cuánto dinero se asigna. También importa cuándo se libera, qué programas alcanza y qué capacidad concreta genera para intervenir sobre las situaciones de riesgo.
Menos recursos nacionales y una red estatal debilitada
El escenario provincial se desarrolla además en un contexto nacional de fuerte reducción de las políticas específicas de género.
Un relevamiento publicado en junio de 2026 por Chequeado determinó que la inversión real en ocho programas vinculados con políticas de género cayó 94,8% entre 2023 y 2025. Seis de esos ocho programas dejaron de existir como tales o fueron absorbidos por estructuras con objetivos más amplios.
Dos de las principales herramientas tuvieron retrocesos especialmente pronunciados. Según ese análisis, el presupuesto ejecutado de la Línea 144 cayó 97,7% en términos reales entre 2023 y 2025, mientras que los fondos destinados al programa Acompañar se redujeron 99%.
El Gobierno nacional sostuvo que parte de estas modificaciones respondió a una reorganización de las políticas, la eliminación de programas considerados ineficientes y una búsqueda de mayor control sobre el destino de los recursos. Sin embargo, organizaciones especializadas advierten que la reducción de estructuras, personal y asistencia termina debilitando la red que debería contener a las víctimas.
Los números de 2026 vuelven a colocar esa discusión en un terreno concreto. Además de los 169 femicidios, el relevamiento nacional contabilizó 349 intentos de femicidio. En Tucumán ya fueron asesinadas cinco mujeres.
El desafío no parece ser crear una nueva ley cada vez que ocurre un crimen, sino conseguir que las herramientas existentes funcionen antes de que sea demasiado tarde. Una restricción que nadie controla, un botón que la víctima no alcanza a activar, una capacitación que se transforma en una formalidad o un presupuesto que llega meses después de realizada la asistencia son distintas expresiones de un mismo problema.
La violencia de género requiere políticas públicas permanentes, recursos disponibles y capacidad de reacción. Cuando alguno de esos componentes falla, la protección estatal corre el riesgo de quedar reducida a un expediente, una partida presupuestaria o una medida escrita en un papel.
