El concejal capitalino Leandro Argañaraz decidió hacer público que percibe alrededor de $2,5 millones mensuales. El dato, que debería encontrarse disponible de manera sencilla y sistemática para cualquier ciudadano, tuvo que conocerse a través de una entrevista periodística.
La revelación volvió a poner bajo la lupa la transparencia de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, conducida por Rossana Chahla. Pese a que la actual administración presenta al Boletín Oficial Digital y al portal de datos abiertos como dos de sus principales avances institucionales, todavía existen obstáculos para conocer información básica como los salarios de las autoridades, las escalas remunerativas y el detalle completo de determinados gastos.
Argañaraz aclaró que todos los integrantes del Concejo Deliberante cobran la misma dieta y sostuvo que la discusión no debería reducirse al monto. El problema de fondo, afirmó, es que la información no está publicada de manera permanente para que pueda ser consultada sin intermediarios.
Un sueldo público que no estaba a disposición del público
“Yo no tengo problema en decirlo: son $2,5 millones”, expresó el dirigente radical. Consideró que la cifra se encuentra relacionada con las responsabilidades de su función, pero remarcó que son los vecinos quienes deben tener la posibilidad de evaluar si la remuneración resulta adecuada.
El cuestionamiento alcanza tanto al Concejo Deliberante como al Departamento Ejecutivo municipal. La página de transparencia de la Municipalidad permite consultar información sobre ejecución presupuestaria, cuentas de inversión, auditorías y licitaciones, pero no presenta entre sus categorías principales una nómina fácilmente identificable de funcionarios, sus remuneraciones, adicionales y escalas salariales.
La ausencia de esa información obliga a depender de la voluntad de cada autoridad para conocer cuánto cobra. En este caso, Argañaraz decidió revelar su dieta. Otros funcionarios y concejales no están obligados por un mecanismo municipal específico a realizar una exposición semejante.
La transparencia activa supone exactamente lo contrario: que el Estado publique los datos relevantes de manera periódica, completa, comprensible y actualizada, sin esperar que un vecino, periodista o concejal tenga que solicitarlos.
El Boletín Oficial que llegó tarde y exige identificación
Durante la campaña electoral de 2023, Chahla cuestionó con dureza la opacidad de la administración de Germán Alfaro. Entonces prometió que tendría un Boletín Oficial “desde el primer día” de su gestión para que los vecinos pudieran saber en qué se gastaba cada peso.
El instrumento ya había sido aprobado por el Concejo Deliberante en julio de 2023. La ordenanza establecía que debían publicarse decretos, resoluciones, convenios, licitaciones, contrataciones, adjudicaciones directas, edictos y decisiones de la Intendencia, entre otros actos administrativos.
Sin embargo, el sistema no estuvo disponible al comenzar el mandato de Chahla. La demora generó reclamos de concejales oficialistas y opositores, quienes advirtieron que no se trataba solamente de una promesa política, sino del cumplimiento de una obligación legal.
El Boletín Oficial Digital recién comenzó a funcionar durante el segundo trimestre de 2024, varios meses después del plazo previsto. En el momento de su lanzamiento también fue cuestionado porque, a diferencia del Boletín Oficial de la Provincia, exigía que los ciudadanos se identificaran para consultar la documentación.
El registro como ciudadano digital requiere proporcionar datos personales, entre ellos nombre, apellido, CUIL, correo electrónico, género, fecha de nacimiento y número de teléfono. Esa condición fue observada como una barrera innecesaria para acceder a actos que, por su naturaleza, deberían ser públicos y estar disponibles de manera abierta.
La Municipalidad sostiene que el sistema garantiza el acceso diario a sus decisiones y que la versión digital posee la misma validez que la edición impresa. Además, incorporó un portal de datos abiertos con información presupuestaria y auditorías. No obstante, los cuestionamientos persisten porque disponer de una plataforma no garantiza por sí solo una transparencia plena: también importa qué documentos se publican, con cuánto detalle, en qué plazos y bajo qué condiciones pueden consultarse.
Una provincia sin ley y una deuda que se prolonga
La situación de la Capital se inscribe dentro de un problema institucional más amplio. Tucumán continúa sin contar con una ley provincial de acceso a la información pública que establezca obligaciones, plazos de respuesta, mecanismos de reclamo y sanciones para quienes oculten información.
El gobernador Osvaldo Jaldo envió un proyecto a la Legislatura en noviembre de 2024. La iniciativa incluía a los tres poderes del Estado, organismos descentralizados, municipios, comunas rurales, el Tribunal de Cuentas y la Defensoría del Pueblo.
Pese a los anuncios oficiales, la norma todavía no fue sancionada. En junio de 2026, el propio Jaldo reconoció que el proyecto continuaba en tratamiento legislativo y que su aprobación dependía del consenso entre los distintos espacios políticos.
Organizaciones de derechos humanos y transparencia vienen advirtiendo desde hace años que la falta de una normativa dificulta la participación ciudadana, el control del gasto público y la rendición de cuentas. También reclamaron que cualquier futura ley incluya obligaciones de publicación proactiva y una autoridad de aplicación independiente.
La publicación del salario de Argañaraz volvió a evidenciar esa carencia. La dieta de un concejal, los ingresos de la intendenta, las remuneraciones de los funcionarios, el número de empleados, las contrataciones y el destino de los fondos municipales no deberían depender de declaraciones voluntarias ni de investigaciones periodísticas.
Chahla llegó a la Intendencia prometiendo diferenciarse de una administración a la que acusaba de ocultar las cuentas públicas. La creación del Boletín Oficial y del portal presupuestario representó un avance respecto de aquel escenario, pero el desafío continúa siendo transformar esas herramientas en un sistema verdaderamente abierto, completo y accesible.
Mientras los vecinos deban registrarse para leer actos de gobierno y preguntarles personalmente a sus representantes cuánto cobran, la transparencia municipal seguirá siendo una promesa cumplida sólo a medias.
