Una publicación difundida en Facebook encendió las alarmas entre las autoridades encargadas de proteger las tierras fiscales de Tucumán. El anuncio ofrecía tres terrenos ubicados en la denominada Ampliación Villa del Parque, en El Cadillal, un sector que debería permanecer resguardado de desarrollos inmobiliarios por razones ambientales y arqueológicas.
“Excelente oportunidad de inversión: El Cadillal continúa creciendo y valorizándose año tras año. Comprar hoy es asegurar rentabilidad mañana”, señalaba la promoción que dio origen a una investigación de la Fiscalía de Estado.
Una oferta inmobiliaria en un sector bajo protección
Los terrenos eran promocionados como lotes situados en una de las zonas con mayor crecimiento y proyección inmobiliaria de la provincia. Según el aviso, podían destinarse a la construcción de viviendas permanentes, casas de descanso, cabañas o complejos turísticos.
La publicación también destacaba la ubicación de las parcelas: entrada por ATSA, a cinco cuadras de la ruta, a seis de la rotonda y a poca distancia del dique. El vendedor describía el lugar como una zona tranquila, rodeada de naturaleza, con buen acceso y en constante desarrollo.
Sin embargo, las autoridades sostienen que los terrenos podrían pertenecer al Estado provincial o encontrarse dentro de sectores protegidos, donde no se permiten emprendimientos inmobiliarios por la necesidad de preservar el ambiente y posibles reservas arqueológicas.
El ofrecimiento fue detectado por el área encargada de custodiar las tierras fiscales y pasó a formar parte de una investigación sobre presuntas ventas y ocupaciones irregulares en El Cadillal.
Precios bajos y una operación sin escritura
Javier Díaz, policía en actividad y responsable de responder las consultas por la publicación, aseguró que posee los terrenos desde 2014 y que decidió venderlos para cambiar su camioneta.
Según explicó, las parcelas tienen superficies de 600, 820 y 1.200 metros cuadrados. Las dos primeras fueron ofrecidas a $15 millones cada una, mientras que la de mayor tamaño tenía un valor de $40 millones. Esta última, de acuerdo con el vendedor, posee una losa que actualmente se encuentra cubierta por pastizales.
A partir de esos montos, el valor promedio ronda los $25.300 por metro cuadrado, una cifra considerablemente inferior a los precios registrados en el mercado inmobiliario formal. Corredores consultados advirtieron sobre los riesgos de avanzar con operaciones de esas características sin contar con documentación respaldatoria suficiente.
Díaz reconoció que los terrenos no tienen escritura. La operación, según indicó, se realizaría mediante un boleto de compraventa acompañado por una cesión de derechos posesorios.
El vendedor afirmó que se había incorporado al Plan de Regularización Dominial en 2018. También sostuvo que, en caso de concretarse una venta, el nuevo comprador podría ser registrado como si hubiera adquirido el terreno durante aquel período para intentar avanzar posteriormente con la regularización.
Este procedimiento es uno de los puntos que se encuentran bajo análisis, debido a que actualmente no está habilitada la incorporación de nuevos beneficiarios al programa.
La investigación oficial y la defensa del vendedor
El plan provincial de regularización había sido creado para personas que ocuparon terrenos o construyeron viviendas en El Cadillal. La normativa contemplaba que quienes estuvieran fuera de zonas protegidas por motivos ambientales, arqueológicos o de seguridad podían presentar documentación, cumplir determinados requisitos y participar de una licitación pública para adquirir formalmente las tierras.
Una vez completado el proceso, los adjudicatarios podían acceder a la escritura. No obstante, los lotes ofrecidos en Facebook podrían quedar excluidos por encontrarse en terrenos fiscales o dentro de áreas protegidas.
De aproximadamente 1.300 casos relevados, sólo unos 130 presentaron la documentación en tiempo y forma y continúan en condiciones de avanzar con la regularización. La situación de más de 1.100 ocupantes que no iniciaron el trámite o lo hicieron de manera irregular todavía no fue resuelta.
Díaz también aclaró que el sector cuenta con energía eléctrica, pero no posee servicio de agua. La falta de servicios básicos es otro de los inconvenientes detectados en diferentes loteos que no tendrían documentación legal suficiente.
El fiscal de Estado adjunto, Raúl Ferrazzano, confirmó que se solicitó investigar este caso y otras operaciones similares. El funcionario aseguró que existe una decisión de avanzar contra las maniobras irregulares y proteger el patrimonio de la provincia.
Luego de que el ofrecimiento se hiciera público, Díaz rechazó cualquier acusación. Afirmó que había comprado los terrenos a Torres Espeche, que posee documentación para respaldar la operación y que no estaba cometiendo una estafa.
También manifestó estar de acuerdo con que el Estado investigue las irregularidades en El Cadillal, aunque reclamó que las averiguaciones alcancen a políticos y funcionarios que poseen viviendas en la zona.
