El deterioro del mercado laboral argentino tiene raíces evidentes en la crisis económica nacional, la caída de la actividad y la destrucción de puestos registrados. Pero los últimos números de Tucumán muestran que explicar todo únicamente por lo que sucede en Buenos Aires resulta insuficiente: el 31,2% de los desocupados del Gran Tucumán-Tafí Viejo lleva más de un año buscando trabajo sin conseguirlo.
El dato surge del informe sobre mercado laboral correspondiente al primer trimestre de 2026 elaborado por la Dirección de Estadística de la Provincia a partir de la Encuesta Permanente de Hogares.
La fotografía es preocupante. La desocupación pasó del 5,6% al 7,1% entre el último trimestre de 2025 y los primeros tres meses de 2026. En números concretos, la cantidad de personas sin trabajo creció de 25.500 a 31.200 en apenas un trimestre.
Pero el problema es todavía más profundo. No se trata solamente de quienes están desempleados: el 27,7% de la población económicamente activa tiene trabajo pero busca activamente otra ocupación. Son unas 122.000 personas que, aun teniendo una fuente de ingresos, intentan conseguir una alternativa.
A eso se suma una subocupación del 17,9% y una informalidad laboral que, aunque bajó respecto del trimestre anterior, continúa en un elevadísimo 44,8%.
El escenario nacional ayuda a explicar buena parte de la crisis. Sin embargo, los números también vuelven a poner bajo la lupa qué está haciendo el Gobierno provincial para generar condiciones que permitan crear empleo privado genuino y evitar que buscar trabajo durante meses, o incluso años, se transforme en una característica estructural de Tucumán.
El golpe nacional existe, pero el problema tucumano viene de más lejos
El mercado de trabajo argentino atraviesa una etapa claramente contractiva. Los últimos datos oficiales disponibles muestran que el empleo asalariado privado registrado volvió a caer durante 2026 y que el país perdió cientos de miles de puestos formales desde noviembre de 2023.
Tucumán no quedó afuera de ese proceso, aunque en algunos períodos mostró un comportamiento menos negativo que el promedio nacional e incluso registró recuperaciones puntuales. En marzo de este año, por ejemplo, la provincia incorporó más de 400 empleos privados registrados.
Ese dato, sin embargo, no alcanza para ocultar las dificultades estructurales.
En el primer trimestre de 2026 cayó simultáneamente la tasa de actividad, la tasa de empleo y aumentó la desocupación. El dato más significativo quizás sea justamente el de quienes llevan más de un año intentando ingresar nuevamente al mercado laboral: casi uno de cada tres desocupados.
La situación golpea con especial fuerza a los jóvenes. Entre las mujeres de 14 a 29 años, la desocupación llega al 14,1%, mientras que entre los varones de esa misma franja alcanza el 11,5%.
Tampoco se trata exclusivamente de personas con poca formación. El 27,5% de los desocupados tucumanos tiene estudios superiores o universitarios completos o incompletos.
Hay profesionales, técnicos y jóvenes formados que buscan trabajo y no lo encuentran.
El diagnóstico expone así un problema que excede la coyuntura nacional: Tucumán tiene dificultades históricas para generar suficientes empleos privados de calidad para la cantidad de personas que ingresan al mercado laboral.
Mucha capacitación e intermediación, pero pocos puestos nuevos para absorber la demanda
Frente a semejante panorama, la Provincia dispone formalmente de una Subsecretaría de Empleo, programas de formación profesional, mecanismos de intermediación laboral y herramientas destinadas a jóvenes y desocupados.
El problema aparece cuando se contrasta esa estructura burocrática con los resultados.
La propia guía oficial de trámites de Tucumán continúa exhibiendo programas de capacitación y empleo vinculados con esquemas nacionales de años anteriores y, en algunos casos, montos de asignaciones completamente desactualizados frente a la realidad económica actual.
El dato puede parecer administrativo, pero refleja una cuestión más amplia: mientras decenas de miles de tucumanos necesitan insertarse en un mercado laboral cada vez más exigente, parte de las herramientas que el Estado provincial muestra públicamente parece estar más cerca de viejos programas de asistencia y capacitación que de una estrategia moderna y agresiva de creación de empleo privado.
Capacitar trabajadores es necesario. Enseñar oficios también. Vincular empresas con postulantes puede ser útil.
Pero ninguna de esas medidas reemplaza el problema central: tiene que haber empresas dispuestas a contratar.
Y allí aparece el desafío que no puede trasladarse exclusivamente a la Nación.
El Gobierno provincial también tiene herramientas para mejorar el clima de inversión, simplificar trámites, revisar cargas locales, facilitar la instalación y ampliación de empresas, impulsar infraestructura productiva, conectar formación con demandas concretas del sector privado y diseñar incentivos para la contratación de jóvenes.
Si una persona puede pasar más de un año enviando currículums sin conseguir empleo, el problema difícilmente se resuelva únicamente con otro curso de capacitación.
Casi la mitad del empleo asalariado sigue en la informalidad
Hay otro número que muestra la magnitud del desafío: el 44,8% de los asalariados del Gran Tucumán-Tafí Viejo trabaja sin descuento jubilatorio.
Dicho de otra forma, casi uno de cada dos asalariados se encuentra en la informalidad.
Además, el 26% de los ocupados trabaja por cuenta propia, una categoría donde conviven emprendedores consolidados con miles de personas que generan su propio ingreso porque no logran acceder a un empleo asalariado estable.
Entre quienes están desocupados pero tuvieron anteriormente un empleo, el 96,3% proviene del sector privado. Comercio representa el 21,1% de esas últimas ocupaciones; construcción, el 16,6%; servicio doméstico, el 7,7%; e industria manufacturera, el 7,1%.
Son justamente actividades con fuerte presencia en la economía tucumana.
Por eso, responsabilizar únicamente a la política económica nacional puede resultar políticamente cómodo, pero no responde completamente la pregunta.
La Nación define variables decisivas: actividad económica, política monetaria, impuestos nacionales, obra pública, comercio exterior y condiciones macroeconómicas. Cuando esas variables se deterioran, las provincias inevitablemente reciben el impacto.
Pero el Gobierno tucumano administra también sus propios impuestos, organismos de promoción, políticas productivas, programas laborales, infraestructura y buena parte de las condiciones que enfrenta una empresa para invertir en la provincia.
Los números incluso muestran algunos signos favorables: Tucumán logró en determinados meses escapar de la caída general del empleo privado y el retroceso acumulado desde fines de 2023 fue menor que el registrado a nivel nacional.
Eso hace todavía más necesario preguntarse por qué esa relativa resistencia no alcanza para cambiar la realidad de las 31.200 personas que están desocupadas y, especialmente, de aquellas que llevan más de doce meses golpeando puertas.
Porque detrás del 31,2% no hay solamente una estadística.
Hay tucumanos que hace más de un año buscan una oportunidad que no aparece.
Y aunque la crisis nacional explica una parte importante del problema, la Provincia tampoco puede limitarse a administrar las consecuencias y esperar que la recuperación llegue desde afuera.
