Rossana Chahla ya está en campaña por su reelección y llegará a los meses decisivos antes de las elecciones de 2027 con una herramienta que cualquier intendente desearía tener: la posibilidad de incrementar el presupuesto municipal en casi $53.000 millones sin tener que regresar al Concejo Deliberante para discutir partida por partida el destino de esos recursos.
La autorización fue concedida el jueves 3 de septiembre por los concejales de San Miguel de Tucumán. El cuerpo facultó al Departamento Ejecutivo a incrementar en hasta un 15% el presupuesto vigente, que actualmente asciende a $349.783 millones.
Si Chahla utiliza completamente ese margen, la Municipalidad podría llevar sus gastos hasta aproximadamente $402.250 millones. Son $52.467 millones adicionales.
La explicación oficial es la inflación. Pero el calendario agrega inevitablemente una lectura política: el próximo 9 de mayo los tucumanos elegirán, entre otros cargos, al intendente de la Capital y Chahla ya confirmó que irá por un segundo mandato.
Es decir que la jefa municipal comenzará a transitar el tramo más intenso de la campaña con una capacidad de gasto significativamente superior a la que tenía cuando fue aprobado el Presupuesto 2026.
No existe evidencia de que esos recursos estén destinados a financiar una campaña electoral. Plantearlo de esa manera sería incorrecto. Pero tampoco puede ignorarse que disponer de más dinero para obras, servicios, intervenciones urbanas y políticas municipales representa una poderosa herramienta de gestión para cualquier oficialismo que busca renovar su mandato.
Y en política, especialmente a pocos meses de una elección, gestión y campaña suelen caminar demasiado cerca.
Casi $53.000 millones que Chahla podrá distribuir sin volver al Concejo
El Presupuesto municipal para 2026 había sido aprobado en diciembre pasado por $349.783 millones. Por entonces, oficialismo y oposición destacaron el carácter austero de las cuentas municipales. Apenas nueve meses después, el Concejo Deliberante concedió al Ejecutivo la posibilidad de elevar ese cálculo en un 15%.
La administración Chahla podrá disponer así de hasta $52.467 millones adicionales. Desde el oficialismo buscaron quitarle peso al término “ampliación presupuestaria”.
El presidente de la Comisión de Hacienda, Emiliano Vargas Aignasse, sostuvo que técnicamente se trata de una autorización al Ejecutivo para actualizar el presupuesto frente al proceso inflacionario.
El presidente del Concejo, Fernando Juri, utilizó un argumento similar y señaló el incremento acumulado de precios registrado durante el año.
Incluso sectores opositores acompañaron la decisión. El radical Federico Romano Norri consideró razonable la actualización y defendió que, aun con el incremento, las cuentas continuarían manteniendo un criterio de austeridad.
El dato político, sin embargo, está en la facultad concedida.
Los concejales no deberán volver a discutir individualmente cómo se distribuirá ese incremento. Será el Ejecutivo municipal, a través de su Secretaría de Economía y Hacienda, el que tendrá margen para administrar los recursos dentro de las facultades otorgadas.
La importancia de semejante disponibilidad se entiende mejor cuando se la compara con otras cifras municipales.
Los casi $52.500 millones representan seis veces los $8.700 millones que la propia Municipalidad anunció para el Presupuesto Participativo de este año.
Y prácticamente equivalen a la mitad de los $110.000 millones que el municipio presupuestó para toda la gestión de residuos durante 2026.
No se trata, por lo tanto, de una actualización marginal.
Es una cantidad de recursos capaz de modificar de manera considerable el ritmo de ejecución del gobierno municipal.
Más caja para el Ejecutivo y menos peso para lo que deciden los vecinos
La misma sesión dejó otra imagen que resulta difícil separar de la ampliación.
Mientras el Ejecutivo consiguió una disponibilidad potencial de casi $53.000 millones, el Concejo modificó la fórmula del Presupuesto Participativo, el mecanismo mediante el cual los vecinos eligen directamente qué obras quieren ejecutar en sus barrios.
Hasta ahora, los porcentajes establecidos por la ordenanza se calculaban sobre el presupuesto general municipal.
La modificación aprobada mantiene formalmente esos porcentajes, pero cambia la base sobre la que se aplican: ahora se tomarán determinadas partidas vinculadas con Servicios Públicos y Obras Públicas.
El resultado matemático es considerable.
Según los cálculos publicados a partir de las partidas presupuestarias, el monto correspondiente al primer escalón del programa podría pasar de unos $8.745 millones a aproximadamente $4.069 millones.
Una disminución cercana al 53,5%.
La contradicción política queda expuesta.
Por un lado, se amplía en decenas de miles de millones de pesos el margen que manejará directamente la administración municipal.
Por otro, se achica la base sobre la que se calcula el dinero cuya utilización queda en manos de una decisión directa de los vecinos.
Y ocurre justo cuando la Municipalidad ya puso en marcha el proceso para seleccionar las obras correspondientes a 2027.
Las votaciones del Presupuesto Participativo están previstas para el 29 y 30 de octubre.
Es decir que, mientras Chahla contará con un margen presupuestario mucho mayor, los vecinos llegarán a votar sus proyectos bajo una fórmula que reduce sensiblemente la cantidad de dinero comprometida al mecanismo participativo.
Puede haber argumentos administrativos detrás de ambas decisiones.
Pero políticamente la fotografía es contundente: más capacidad de decisión para el Ejecutivo y menos recursos vinculados directamente con la decisión ciudadana.
Chahla ya lanzó su reelección y el reloj electoral empezó a correr
El momento elegido para ampliar las facultades presupuestarias tampoco resulta irrelevante.
Las elecciones provinciales ya tienen fecha.
Serán el domingo 9 de mayo de 2027 y allí se elegirán gobernador, vicegobernador, legisladores, intendentes, concejales y comisionados comunales.
Chahla tampoco es una eventual candidata.
Ya confirmó que competirá.
El 13 de agosto, durante la inauguración del Mercado de la Ciudad, la intendenta anunció públicamente que buscará un segundo mandato al frente de San Miguel de Tucumán.
Lo hizo acompañada por Osvaldo Jaldo y Miguel Acevedo, quienes también intentarán continuar al frente del Gobierno provincial.
Menos de un mes después de ese lanzamiento electoral, el Concejo habilitó al Ejecutivo municipal a aumentar su capacidad de gasto en hasta $52.467 millones.
La cercanía entre ambos acontecimientos no demuestra por sí misma una utilización electoral de los fondos públicos.
Pero obliga a extremar los controles.
Porque en los próximos meses la Capital seguramente verá inauguraciones, pavimentaciones, recuperación de espacios públicos, programas municipales y distintas intervenciones que forman parte legítima de las obligaciones de cualquier gobierno.
Al mismo tiempo, todas esas acciones serán inevitablemente exhibidas por una intendenta que ya anunció que pretende convencer a los vecinos de que le otorguen otros cuatro años.
Ese es el punto donde la frontera entre gestión y campaña deberá observarse con especial atención.
Mucho más cuando el Municipio maneja cifras particularmente altas en áreas sensibles.
Para 2026, por ejemplo, fueron presupuestados alrededor de $110.000 millones para la gestión de residuos, aproximadamente el 31,5% de todo el presupuesto original de la Capital.
A esa estructura de gastos ahora puede agregarse una bolsa adicional de casi $53.000 millones.
La pregunta fundamental no será solamente si el incremento estaba permitido o si la inflación justifica actualizar las partidas.
Será saber en qué se gastará cada peso.
Porque Chahla llega a los meses previos a las elecciones con dos activos que pueden ser decisivos: la administración de la ciudad más poblada de Tucumán y una caja municipal considerablemente más grande que la aprobada originalmente.
Faltan ocho meses para votar.
La intendenta ya dijo que quiere otros cuatro años y el oficialismo provincial ya se encolumnó detrás de su candidatura.
En ese contexto, otorgarle al Ejecutivo capacidad para disponer de casi $53.000 millones adicionales obliga a que el control sobre esos fondos sea todavía mayor.
No porque exista prueba de que serán utilizados con fines electorales.
Sino precisamente porque, cuando un gobierno que busca su reelección recibe semejante capacidad de gasto a pocos meses de las urnas, la transparencia deja de ser una formalidad administrativa y pasa a convertirse en una exigencia política.
