Más de 20 años después de su desaparición, la posibilidad de que Tucumán vuelva a contar con una Fiscalía Anticorrupción regresó a la agenda política. Un grupo de legisladores opositores presentó un proyecto para crear un organismo especializado en investigar delitos contra la administración pública, con autonomía e independencia del poder político.
La iniciativa plantea una estructura que, sobre el papel, busca cubrir uno de los puntos más sensibles de cualquier sistema institucional: quién investiga a quienes administran el Estado. Pero entre la presentación de un proyecto y su efectiva puesta en funcionamiento existe un recorrido político que, en este caso, podría convertirse en el principal obstáculo.
La pregunta, entonces, surge inevitablemente: ¿Tucumán está realmente en condiciones de crear un organismo con capacidad para investigar al poder sin depender de él?
Una Fiscalía diseñada para mantenerse lejos de la política
El proyecto fue presentado por Manuel Courel, con el acompañamiento de José Seleme, Agustín Romano Norri y Ricardo Bussi. La propuesta contempla la creación de una Fiscalía Especializada en Corrupción y Criminalidad Económica dentro del Ministerio Público Fiscal, con competencia en todo el territorio provincial y carácter permanente.
Uno de los puntos centrales está vinculado con la elección de quien quede al frente del organismo. El fiscal debería ser seleccionado mediante un concurso público de antecedentes y oposición ante el Consejo Asesor de la Magistratura.
Además, se establece una condición particularmente significativa: no podría haber ocupado cargos en el Poder Ejecutivo ni haber sido autoridad partidaria.
La intención es establecer una barrera entre quien tenga que investigar posibles hechos de corrupción y las estructuras políticas que podrían terminar bajo investigación.
La iniciativa también propone ampliar las posibilidades de participación en este tipo de causas. Organizaciones vinculadas con la transparencia, legisladores y concejales podrían constituirse como querellantes, una herramienta que pretende evitar que determinadas investigaciones dependan exclusivamente de la voluntad del aparato estatal.
En teoría, el modelo apunta a fortalecer los controles. El desafío aparece cuando esa teoría debe atravesar el terreno político.
Para investigar al poder, primero necesita el voto del poder
El proyecto ingresó a la Legislatura y deberá obtener dictamen antes de tener posibilidades de llegar al recinto. Ese paso convierte a la discusión institucional en una discusión inevitablemente política.
La iniciativa pertenece a dirigentes opositores, mientras que el oficialismo provincial mantiene una fuerte presencia dentro del cuerpo legislativo. Por eso, la creación de una Fiscalía con autonomía para investigar contrataciones públicas, movimientos financieros, sociedades, funcionarios y eventuales delitos contra el Estado necesitará del acompañamiento de sectores que forman parte de la estructura política gobernante.
Esa paradoja es posiblemente el mayor interrogante que rodea al proyecto.
No se trata solamente de debatir si Tucumán necesita una oficina especializada en corrupción. También deberá discutirse cuánta independencia se está dispuesto a concederle, qué recursos tendrá y hasta dónde podrá avanzar cuando una investigación alcance a sectores con poder.
La oposición propone que el organismo tenga autonomía presupuestaria e independencia funcional. Esas características son fundamentales para sus impulsores porque buscan impedir que las investigaciones queden condicionadas por decisiones coyunturales o relaciones jerárquicas.
Pero esas mismas condiciones son las que podrían convertir la discusión legislativa en un debate mucho más profundo que la simple creación de una nueva fiscalía.
Un antecedente que alimenta las dudas
Tucumán ya tuvo una experiencia similar. La Fiscalía Anticorrupción fue creada en mayo de 2000 y funcionó durante apenas cinco años.
En septiembre de 2005, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán resolvió disolverla. En aquel momento, la competencia para investigar delitos contra la administración pública dejó de estar concentrada en una fiscalía específica y pasó a distribuirse entre las fiscalías existentes.
Desde entonces transcurrieron más de dos décadas.
El intento de recuperar ahora un organismo especializado puede interpretarse como el reconocimiento de que la discusión nunca terminó de desaparecer. La corrupción, el control de los recursos públicos y la independencia de quienes investigan a funcionarios siguen formando parte de los debates recurrentes de la política provincial.
Sin embargo, el proyecto recién comienza su recorrido.
Antes de hablar de fiscales, concursos, investigaciones complejas o querellas colectivas, deberá superar el filtro de las comisiones y reunir respaldo político suficiente para llegar al recinto y convertirse en ley.
Allí estará su primera gran prueba.
Porque crear una Fiscalía Anticorrupción puede resultar relativamente sencillo desde el diseño jurídico. Lo verdaderamente complejo será construir un organismo capaz de investigar al poder con independencia y garantizar que esa autonomía sobreviva cuando las investigaciones comiencen a incomodar.
Después de 20 años, Tucumán vuelve a discutirlo. Saber si esta vez podrá concretarse o si quedará nuevamente como una aspiración institucional dependerá menos de las intenciones expresadas en el proyecto que de la voluntad política para convertirlas en realidad.
