Nació para una emergencia que parecía imposible de prolongar. En febrero de 2021, en plena pandemia de coronavirus y con el desafío de regresar a las aulas bajo protocolos sanitarios inéditos, el Gobierno de Tucumán habilitó al Ministerio de Educación a realizar contrataciones directas para responder con rapidez a las necesidades de las escuelas.
Cinco años después, el Covid dejó de ser el argumento, pero la excepción sigue intacta.
El Poder Ejecutivo volvió a prorrogar el mecanismo y autorizó a la cartera que conduce Susana Montaldo a realizar compras y contrataciones directas hasta el 30 de julio de 2027. Esta vez, las razones invocadas son el dengue, la gripe y las contingencias climáticas.
Así, una herramienta concebida para atravesar una situación extraordinaria terminó incorporándose, prórroga tras prórroga, al funcionamiento habitual del Estado.
Y mientras el Gobierno sostiene que necesita velocidad para resolver urgencias, aparece otra pregunta: ¿cuántos años puede durar una emergencia antes de convertirse, en los hechos, en una regla?
Una excepción que ya lleva cinco años y ocho prórrogas
La autorización original surgió mediante el Decreto 264/1, firmado el 10 de febrero de 2021. Su objetivo era claro: permitir que Educación pudiera adquirir rápidamente bienes y servicios necesarios para cumplir los protocolos sanitarios y garantizar el regreso seguro a las clases presenciales.
La lógica de aquel momento resultaba comprensible. Había una emergencia sanitaria mundial, protocolos que cambiaban permanentemente y necesidades difíciles de prever.
Pero el mecanismo nunca desapareció.
Desde noviembre de 2021 se sucedieron ocho decretos que extendieron sus alcances. La última prórroga fue establecida mediante el Decreto 1.717/1, firmado el 29 de julio de este año, y mantendrá vigente la facultad hasta mediados de 2027.
El cambio más llamativo está en los argumentos.
Ya no hay una pandemia de coronavirus que obligue a modificar de manera extraordinaria el sistema de compras. Ahora el Ejecutivo menciona la circulación del dengue, la gripe y los fenómenos meteorológicos como razones suficientes para conservar el esquema.
Incluso el alcance de la autorización es amplio. Educación podrá contratar directamente equipamiento, mantenimiento, material didáctico, servicios tecnológicos, conectividad y otros bienes o prestaciones que considere necesarios para el funcionamiento de establecimientos educativos y no educativos bajo su dependencia.
La excepción, por lo tanto, no quedó limitada a una compra sanitaria puntual ni a una situación específica.
Se convirtió en una herramienta general.
Comprar más rápido, pero con menos competencia
El argumento oficial es la agilidad. Una licitación lleva plazos, exige procedimientos administrativos y requiere comparar propuestas. Frente a un techo que se rompe, una escuela inundada o una necesidad imprevista, esos tiempos pueden convertirse en un problema.
Pero precisamente allí aparece la otra cara de la discusión.
La contratación directa elimina una de las principales instancias competitivas de una compra pública: la licitación abierta, donde diferentes proveedores pueden disputar un contrato y donde precios, ofertas y condiciones quedan sometidos a un procedimiento más amplio de comparación.
Eso no significa que toda contratación directa sea irregular. La legislación contempla mecanismos excepcionales justamente porque hay circunstancias en las que el Estado necesita actuar rápido.
El interrogante surge cuando aquello que fue excepcional se prolonga durante años.
Si dengue, gripe, lluvias, tormentas u otras contingencias previsibles son suficientes para mantener indefinidamente una modalidad especial, el concepto mismo de emergencia comienza a desdibujarse.
Y el debate sobre la transparencia adquiere todavía más importancia cuando se trata de Educación, un área que administra recursos para cientos de establecimientos y donde las necesidades edilicias siguen apareciendo públicamente.
Durante este mismo año hubo reclamos por el deterioro de edificios emblemáticos. En la Escuela Normal Juan Bautista Alberdi, familias y estudiantes denunciaron filtraciones en techos, humedad, pisos deteriorados y presencia de roedores. Después de las protestas comenzaron distintas tareas de reparación.
También alumnos de la Escuela Superior de Educación Artística salieron a la calle para reclamar por problemas de infraestructura, falta de espacios y condiciones de cursado.
La pregunta, entonces, no es solamente cómo compra el Estado.
También es qué resultados obtiene con ese mecanismo.
Las tormentas ya mostraron dónde están las debilidades
El argumento climático utilizado por el Gobierno tiene un antecedente demasiado reciente.
En marzo, luego de uno de los temporales que golpearon a Tucumán, el propio Ministerio de Educación determinó que 212 escuelas no estaban en condiciones de retomar normalmente las actividades el lunes posterior al fenómeno.
No todas tenían daños estructurales. Algunas funcionaban como centros de evacuados y otras habían quedado aisladas por caminos anegados o sin servicios esenciales.
Pero el relevamiento oficial también encontró establecimientos con aulas inundadas, filtraciones, problemas eléctricos, daños edilicios y pozos sépticos colapsados.
La tormenta funcionó como una radiografía brutal de las vulnerabilidades del sistema.
Ahora comienza la cuenta regresiva hacia los meses en los que las lluvias intensas volverán a poner a prueba techos, desagües, instalaciones eléctricas, accesos y estructuras escolares.
El Gobierno sostiene que conservar las contrataciones directas permitirá reaccionar con mayor velocidad cuando aparezcan esos problemas.
Pero ahí está, justamente, la contradicción que atraviesa toda la decisión.
Si los problemas se repiten año tras año y pueden anticiparse, ¿siguen siendo verdaderamente imprevistos?
Una emergencia puede justificar que se salteen determinados procedimientos para reparar rápidamente una escuela después de una tormenta. Mucho más difícil es explicar por qué esa posibilidad debe renovarse durante cinco, seis o siete años consecutivos en lugar de fortalecer una planificación previa, ejecutar obras antes de la temporada crítica y utilizar procedimientos competitivos para las compras que pueden anticiparse.
La discusión de fondo no enfrenta necesariamente rapidez contra burocracia.
Enfrenta emergencia contra planificación.
Porque Tucumán ya sabe que habrá lluvias. Sabe qué escuelas tienen filtraciones. Conoce cuáles poseen edificios antiguos, qué establecimientos necesitan mantenimiento y qué zonas sufren recurrentemente problemas de acceso o inundaciones.
Después de cinco años de prórrogas, la contratación directa ya difícilmente pueda presentarse solamente como una respuesta excepcional ante lo desconocido.
Y cuando vuelvan las tormentas, el verdadero examen no será cuánto más rápido pudo comprar Educación, sino si las escuelas estaban preparadas antes de que comenzara a llover.
