Osvaldo Jaldo aparece desde hace meses entre los gobernadores mejor posicionados del país en los rankings de imagen de CB Consultora, hoy difundida también como CB Global Data. En diciembre de 2025 llegó a ser presentado como el mandatario provincial con mayor imagen positiva de la Argentina, con 60,3% de aprobación. En mayo de 2026 volvió a quedar en el podio nacional, esta vez tercero, con 55,1%.
Hasta ahí, el dato podría leerse como un resultado favorable más para la Casa de Gobierno. Sin embargo, una contratación oficial conocida este mes abrió una pregunta incómoda: ¿esas mediciones reflejan solamente respaldo ciudadano o también forman parte de un circuito donde la pauta estatal, los medios de baja exposición y los rankings de imagen se retroalimentan?
El expediente que pasó por el Tribunal de Cuentas de Tucumán involucra a la Secretaría de Estado de Comunicación Pública y a la firma Editorial Beniamino S.A.S. La Resolución N° 1668/1 dispuso contratar a esa empresa durante el período del 1 al 30 de junio de 2026 para realizar publicidad oficial a través del portal web Política y Economía.
El monto autorizado fue de $2.500.000. Según el acuerdo del Tribunal de Cuentas, la orden de pago debía emitirse a favor de Editorial Beniamino S.A.S. previa acreditación del cumplimiento efectivo de la prestación y presentación de la factura correspondiente. El organismo de control no formuló observaciones legales, aunque advirtió que antes del pago se debía acompañar documentación respaldatoria: constataciones, imágenes, fotografías o certificaciones que acreditaran la publicidad contratada.
El punto sensible no es sólo el gasto. Es el destinatario. Editorial Beniamino S.A.S. aparece mencionada en investigaciones periodísticas de otros distritos como una de las firmas vinculadas al universo comercial del consultor Cristian Buttié, responsable de CB Consultora, la misma firma cuyos rankings suelen ubicar a Jaldo en lugares destacados.
El antecedente de Pilar y la sospecha sobre el “si hay pauta, hay imagen”
El caso que ahora impacta en Tucumán ya había sido advertido en Buenos Aires. Una publicación de InfoPilar, retomando antecedentes sobre CB Consultora, puso bajo la lupa lo que definió como “el lado B” de las encuestas que favorecían al intendente Federico De Achával.
Según ese informe, varios intendentes y gobernadores que aparecían bien posicionados en los rankings de CB habrían contratado pauta oficial con empresas vinculadas al consultor. Entre las sociedades mencionadas figuran Editorial Beniamino S.A.S., BC y Asociados S.A.S. y Editorial Eliseos del Sur S.A.S.
La publicación apuntó especialmente contra el funcionamiento de portales como Política y Economía y Valor Agregado. De acuerdo con esa investigación, se trataría de sitios con escaso tráfico digital, pero con abundante publicidad oficial proveniente de gobiernos cuyos jefes políticos luego aparecen en buenas posiciones dentro de las mediciones de imagen.
El antecedente más citado es el de Diego Valenzuela, ex intendente de Tres de Febrero. De acuerdo con las publicaciones consultadas, después de una contratación por publicidad oficial con Editorial Beniamino S.A.S., Valenzuela habría pasado a encabezar un ranking de imagen positiva de intendentes elaborado por CB.
Ese esquema también fue señalado en relación con otros dirigentes provinciales y municipales. La crítica de fondo es siempre la misma: la consultora publica rankings que tienen impacto mediático y político; al mismo tiempo, empresas asociadas a ese ecosistema comercial reciben contratos de publicidad oficial de gobiernos interesados en sostener una buena reputación pública.
En Tucumán, el dato novedoso es que el Gobierno provincial acaba de incorporarse a ese circuito mediante una contratación de pauta con Editorial Beniamino S.A.S. No se trata, al menos en el expediente conocido, de la contratación directa de una encuesta. Pero sí de publicidad oficial en un portal relacionado con el mismo universo empresarial que fue cuestionado en otras provincias y municipios.
La pregunta que queda para Casa de Gobierno
La Casa de Gobierno puede sostener que la contratación responde a una pauta publicitaria como tantas otras y que el Tribunal de Cuentas no formuló observaciones al trámite. Eso es cierto. El acuerdo oficial deja constancia de que había partida presupuestaria, intervención técnica, dictamen jurídico y control preventivo sin objeciones legales.
Pero la discusión política no se agota en la legalidad administrativa. El problema es de transparencia, oportunidad y credibilidad. Cuando un gobierno que aparece reiteradamente favorecido por una consultora destina fondos públicos a una empresa señalada como parte del ecosistema comercial de esa misma consultora, el resultado ya no puede leerse de manera inocente.
Jaldo llega a esas mediciones en un contexto en el que su gestión enfrenta cuestionamientos concretos: crisis salarial, conflictos con sectores estatales, problemas en salud, inseguridad, tensión social y una relación política zigzagueante con el Gobierno nacional. Sin embargo, los rankings de imagen lo muestran una y otra vez entre los mandatarios mejor valorados del país.
Esa contradicción alimenta la sospecha. No porque una encuesta favorable sea necesariamente falsa, sino porque el sistema de difusión, financiamiento y amplificación de esos números aparece cruzado por intereses que deberían ser explicados con mayor claridad.
La imagen positiva de un gobernador puede construirse con gestión, control territorial, aparato político, presencia mediática y orden comunicacional. Pero también puede fortalecerse mediante rankings que luego son replicados por portales, radios, canales y redes sociales como si fueran un dato técnico neutral.
El expediente tucumano suma una pieza más a ese rompecabezas. El Gobierno autorizó $2,5 millones para publicidad oficial en Política y Economía, a través de Editorial Beniamino S.A.S. Esa misma firma fue mencionada en antecedentes periodísticos como parte del circuito de empresas vinculadas a Cristian Buttié y a los rankings de CB.
Por eso, la pregunta ya no es solamente por qué Jaldo aparece bien posicionado en las encuestas. La pregunta es quién financia el ecosistema que produce, difunde y legitima esos posicionamientos.
Mientras no haya una explicación pública más completa, cada nuevo podio de imagen positiva vendrá acompañado de la misma sombra: en Tucumán, como en otros distritos, la pauta oficial también podría estar comprando algo más que publicidad.
