La Municipalidad de San Miguel de Tucumán rechazó el recurso de reconsideración y nulidad presentado por Transportes 9 de Julio S.A. y dejó firmes dos resoluciones que aplicaron sanciones por incumplimientos en el servicio. La decisión, formalizada a través del Decreto N° 0061/SADS/2026 (del 2 de marzo de 2026), ratificó la retención de pagos por un total de $26.288.336,98.
Según lo expuesto en el instrumento, las penalidades se originaron en fallas vinculadas a órdenes de servicio por barrido de calles y tareas asociadas al levantamiento de basurales y volcaderos en distintos puntos de la ciudad. En concreto, quedaron confirmados descuentos por $15.243.254,72 y por $11.045.082,26, correspondientes a las resoluciones municipales dictadas en diciembre de 2025.
En los papeles, el mensaje es contundente: se sanciona a la empresa por “calles sucias” y se sostiene la quita de fondos. En la calle, sin embargo, el conflicto de fondo —la persistencia de microbasurales y volcaderos— sigue siendo una de las principales quejas vecinales, con o sin descuentos administrativos.
La defensa de la empresa: “basurales crónicos”, autos estacionados y residuos en privados
En su presentación, la firma intentó explicar por qué —según su mirada— las observaciones municipales no podían derivar en sanciones. Entre los argumentos, planteó la existencia de “basurales crónicos” que reaparecen de forma constante aun después de haber sido levantados; cuestionó inspecciones realizadas en días que —según dijo— no coincidían con el cronograma acordado; y señaló dificultades operativas para el barrido completo por la presencia de vehículos estacionados junto al cordón.
También sostuvo que parte de los residuos permanecían en sectores de propiedad privada, fuera de su alcance, y que en algunos casos no se pudo trabajar por la presencia de líquidos cloacales, lo que impediría ejecutar las tareas con seguridad. En síntesis, buscó correr la responsabilidad hacia condiciones urbanas que exceden la logística de un camión o una barredora: hábitos de disposición irregular, obstáculos en la vía pública y situaciones ambientales que se repiten.
El punto más sensible de esa defensa es que, al hablar de basurales que se regeneran “permanentemente”, la empresa pone sobre la mesa una verdad incómoda para cualquier gestión municipal: el problema no se agota en la prestación contratada. Hay factores de conducta social, control, prevención y ordenamiento que no se resuelven sólo con un parte de servicio.
La lectura política: la sanción como salida rápida ante un conflicto que la ciudad no logra ordenar
Del lado municipal, la respuesta fue cerrar filas: los dictámenes internos respaldaron que el procedimiento se ajustó al Pliego de Bases y Condiciones, que las verificaciones se realizaron con participación del supervisor de la empresa y luego de un plazo de 24 horas otorgado para cumplir las órdenes impartidas. Con ese sustento, el decreto desestimó el planteo y ordenó notificar a la contratista.
Hasta ahí, la discusión formal: expediente contra expediente. Pero el trasfondo es otro. Al confirmar la retención por más de $26 millones, el Municipio busca mostrar reacción ante la demanda más visible: limpieza, barrido y basurales. En términos políticos, la sanción funciona como una forma de “sacarse de encima” el costo de no poder erradicar microbasurales que, en muchos barrios, se multiplican por la falta de control, la reincidencia y la ausencia de una solución integral.
La Intendente de la Capital, Rossana Chahla, así corre el foco: del basural concreto (que el vecino ve todos los días) al incumplimiento contractual (que se tramita en oficinas). Es una jugada útil para comunicar gestión y para marcarle la cancha al prestador, pero limitada para resolver lo que más irrita: la persistencia de puntos negros que reaparecen aunque se los levante una y otra vez.
En definitiva, el decreto ordena y sanciona dentro del contrato. Lo que queda pendiente —y es lo que termina volviendo en forma de bolsas acumuladas y esquinas convertidas en volcadero— es cómo se combina la prestación con controles sostenidos, sanciones a quienes arrojan residuos, educación ambiental y una estrategia territorial que impida que el basural “se regenere” al día siguiente.
