La anulación de la condena a prisión perpetua por el femicidio de Lidia Vanesa Pérez reabrió en Tucumán una de las heridas judiciales más sensibles de los últimos años. Lo que parecía una sentencia firme contra Nicolás Marcelo Fernández quedó sin efecto y ahora deberá realizarse un nuevo juicio oral. En términos concretos, todo vuelve a cero.
La decisión no solo revierte un fallo. También desarma el proceso que había llevado a una condena por homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género. Después de meses de debate, pericias, testimonios y una sentencia que había buscado cerrar el caso, la causa regresa a un escenario inicial, con otra vez la verdad judicial en discusión.
La nulidad cambió el eje del proceso
El Tribunal de Impugnación entendió que durante el juicio se vulneraron garantías fundamentales y por eso resolvió anular la sentencia. Entre los puntos observados, consideró que hubo una afectación al principio de congruencia, es decir, que en la sentencia se incorporaron aspectos de la reconstrucción del hecho que no habían sido planteados de ese modo en la acusación original.
A eso se sumó otro aspecto decisivo: la exclusión de la autopsia y de los testimonios derivados de esa pericia por entender que la defensa no fue debidamente notificada. Ese punto resulta central porque impacta sobre una de las pruebas más sensibles del expediente. Así, el nuevo juicio no será una mera repetición del anterior, sino un proceso atravesado por la ausencia de elementos que habían sido clave en la condena.
Para la familia, la incertidumbre vuelve a empezar
Detrás del tecnicismo judicial hay una consecuencia concreta: la familia de la víctima deberá atravesar otra vez el proceso. El caso, que ya había llegado a una condena severa, queda nuevamente abierto. La sensación de cierre desaparece y es reemplazada por una nueva etapa de espera, exposición y dolor.
El retroceso judicial también instala una tensión inevitable entre dos planos igual de delicados: la necesidad de garantizar el debido proceso y la demanda de justicia en un caso de extrema gravedad. En ese choque, la resolución del tribunal deja una escena incómoda pero contundente: no hay sentencia firme, no hay final y no hay alivio. Lo que hay es una causa que debe empezar otra vez.
Cuando la Justicia retrocede, también retrocede la certeza
El caso de Lidia Vanesa Pérez vuelve a mostrar que un expediente no termina cuando se dicta una condena, sino cuando esa condena resiste todos los controles judiciales. En Simoca, ese recorrido se quebró. La perpetua fue anulada, el debate oral quedó invalidado y el proceso deberá reconstruirse desde una nueva instancia.
Por eso, el dato más fuerte no es solo jurídico. Es también simbólico. Porque cuando un juicio de esta magnitud se cae, no solo se anula una sentencia: se derrumba una certeza que parecía construida. Y en ese derrumbe, todo vuelve a cero.
