Lejos de encaminarse, el transporte público tucumano parece haberse convertido en una máquina de absorber recursos estatales sin ofrecer una mejora real para quienes lo usan todos los días. El nuevo auxilio de $2.000 millones anunciado por la Provincia no aparece como una solución, sino como otro parche dentro de un esquema que hace rato dejó de ser sostenible.
El problema ya no es sólo la suba del gasoil ni la coyuntura económica. El problema es que cada vez que el sistema entra en zona de colapso, la respuesta vuelve a ser la misma: más fondos públicos para evitar que todo se caiga, aunque el servicio siga siendo deficiente, irregular y cada vez más incómodo para el pasajero.
La secuencia de los últimos meses es elocuente. La Provincia viene sosteniendo al transporte con cifras que hace poco hubieran parecido impensadas, pero la calidad del servicio no acompaña. Es decir: suben los subsidios, sube la asistencia, sube el esfuerzo fiscal, pero no sube la prestación. Para el usuario, la experiencia concreta sigue siendo la de siempre o peor: más espera, menos frecuencias y colectivos saturados.
La Provincia pone miles de millones, pero el servicio sigue en terapia intensiva
Los números ayudan a dimensionar el tamaño del agujero. Ya en 2024 la Provincia había destinado casi $20.000 millones al transporte entre enero y agosto. En 2025 los giros mensuales escalaron hasta los $4.900 millones y, en paralelo, siguieron sumándose fondos para cubrir boletos “gratuitos” de estudiantes y jubilados. Hacia fines del año pasado, distintos reportes ya describían un esquema en el que el Estado volcaba $4.900 millones por mes al sistema, más otros $3.000 millones vinculados a esos beneficios.
Lejos de corregirse, la tendencia continuó en 2026. En marzo volvió a autorizarse otra compensación por $4.900 millones y ahora se suma este anticipo extraordinario de $2.000 millones para evitar un derrumbe mayor. En otras palabras, el sistema no se financia con una lógica de eficiencia ni de previsibilidad, sino con inyecciones permanentes de dinero público para contener una crisis que nunca termina.
Lo más inquietante es que, con semejante volumen de asistencia, el diagnóstico sigue siendo dramático. Si un sistema necesita miles de millones una y otra vez para apenas mantenerse en pie, entonces ya no se está hablando de una ayuda transitoria: se está hablando de un modelo agotado.
La Capital también aporta fondos, pero el vecino ve menos colectivos en la calle
La Municipalidad de San Miguel de Tucumán intenta despegarse del reclamo empresario de nuevos subsidios, pero también admite que ya viene destinando recursos importantes al sector. Según la propia versión oficial, la gestión capitalina pasó de cero aportes a $1.000 millones para colaborar con la actividad y además destina otros $500 millones por mes al Boleto Educativo Municipal.
Ese dato también es central porque confirma que la carga sobre el Estado no recae sólo sobre la Provincia. La Capital también pone dinero, y no poco. El SUBEM, que cubre a miles de alumnos, se convirtió en otro componente fuerte del financiamiento público del sistema. Sin embargo, el resultado vuelve a chocar con la realidad del usuario: más plata no está significando mejor servicio.
De hecho, la propia Municipalidad reconoció un dato demoledor: de 377 coches declarados, circulan aproximadamente 250. Ese número desarma cualquier discurso tranquilizador. Porque mientras se discuten subsidios, compensaciones y adelantos, lo que el pasajero ve en la calle es un servicio reducido. El Estado paga más, pero los tucumanos viajan con menos unidades.
El boleto “gratuito” también cuesta, y cada vez más
Otra parte del problema está escondida detrás de una palabra atractiva, pero engañosa: “gratuito”. Gratuito para el estudiante o para el jubilado no significa gratuito para el sistema. Al contrario: implica una masa creciente de recursos públicos que también termina engordando un esquema ya saturado de subsidios.
En el caso de los jubilados, el beneficio ya supera los 100.000 usuarios y cubre 16 viajes sin cargo. En el caso del boleto estudiantil del interior, la Provincia llegó a pagar más de $1.560 millones por 42.770 abonos correspondientes a un solo mes, mientras que el universo de beneficiarios se mueve en decenas de miles y ronda, según estimaciones oficiales, cerca de los 100.000 usuarios. A eso se suma el esfuerzo de la Capital con el SUBEM para estudiantes de escuelas y universidades públicas.
Nada de eso es menor. Porque cuando se juntan los subsidios generales al sistema con el costo de los boletos “gratuitos”, queda al descubierto una estructura cada vez más dependiente del aporte estatal. Y aun así, el servicio no logra salir de la decadencia. El pasajero espera más, viaja peor y queda atrapado en un modelo donde el dinero fluye, pero las soluciones no aparecen.
En definitiva, Tucumán ya no discute cómo mejorar el transporte, sino cuánto más hay que poner para que no colapse del todo. Y esa sola discusión ya es la prueba más clara de un fracaso.
