La intervención de la Caja Popular de Ahorros quedó envuelta en un escándalo que combina nombramientos de altísimo costo, designaciones sin concurso, vínculos familiares y expedientes sensibles por supuestos seguros que ni siquiera habrían existido. Y en el centro de todo aparece una decisión política difícil de justificar: mientras el propio Gobierno admite que atraviesa una crisis de recursos, en la principal entidad financiera estatal se habilitó un esquema de gastos que, lejos de mostrar austeridad, exhibe sueldos millonarios y una administración bajo fuerte sospecha.
El punto más explosivo del caso es el monto. Según las revelaciones difundidas este lunes, la intervención encabezada por Guillermo Norry y Antonio Bustamante destinó $1.165.033.300,99 al año para 13 cargos de “asesores de gabinete”. Traducido a escala mensual, eso significa más de $97 millones por mes sólo para esa estructura. En una provincia donde el discurso oficial está dominado por la caída de ingresos y la necesidad de ajustar cada peso, el número resulta políticamente demoledor.
Trece cargos sin concurso y sueldos que superan al del gobernador
La primera gran objeción no es solamente económica: también es institucional. Esos 13 nombramientos fueron cuestionados porque, según las publicaciones, se hicieron sin concurso previo y mediante una figura de planta transitoria que permitió ubicar personal político en niveles salariales muy altos, por fuera del régimen normal de carrera de la Caja.
Los haberes son otro dato imposible de disimular. Los asesores habrían sido designados con sueldos que van de $6,9 millones a $8,4 millones mensuales. Es decir, montos que superan el salario del propio gobernador Osvaldo Jaldo y, en algunos casos, incluso quedan por encima de remuneraciones de ministros nacionales. No se trata de cargos menores ni de refuerzos administrativos modestos: se trata de una capa jerárquica costosa, incorporada en bloque y en medio de una crisis.
A eso se agregan los nombres que dispararon las mayores críticas. Entre los designados aparecen dos sobrinos del subinterventor Bustamante, uno de ellos abogado de su estudio y otro sin título universitario acreditado en el expediente, de acuerdo con la información publicada. También figura Rosana Redondo Torino, señalada como esposa del juez Pedro Yane Mana. Todo esto vuelve todavía más frágil la explicación oficial sobre la supuesta “idoneidad” de los incorporados: cuando los vínculos personales pesan tanto, el argumento técnico empieza a sonar más a cobertura política que a criterio de gestión.
Los “seguros fantasma” y el riesgo de una sangría todavía mayor
Pero el escándalo no se agota en los nombramientos. El otro costado del caso es aún más delicado, porque toca directamente el patrimonio de la Caja. Según la investigación difundida, hubo pagos y recomendaciones de pago vinculadas a futbolistas de San Martín en expedientes donde después se habría confirmado que no existía cobertura de la Caja Popular.
El caso más citado es el de Santiago Basualdo, por quien se habrían pagado más de $11 millones en mayo de 2025 sin verificación efectiva de una póliza. Ocho meses después, el actual presidente del club, Oscar Mirkin, declaró bajo juramento que los jugadores profesionales no estaban asegurados por la Caja, ya que contaban con una cobertura propia a través de la AFA. Si eso es así, el cuadro es gravísimo: no ya por un error administrativo aislado, sino por una salida de fondos públicos hacia siniestros que no correspondían.
La situación se vuelve todavía más seria con el juicio del jugador Adrián Arregui. De acuerdo con los reportes, funcionarios del área aseguradora impulsaron un pago de $450 millones para conciliar el caso y evitar que, con intereses, la condena escalara a $1.400 millones. Lo más impactante es que, según esos mismos informes, ya se conocía la declaración que negaba la existencia de póliza, pero aun así se sugería avanzar con el desembolso e incluso prever un “embargo voluntario” de activos de la Caja. Si esa secuencia se confirma, ya no se estaría hablando sólo de desprolijidades, sino de decisiones administrativas que pudieron exponer a la institución a una sangría monumental.
La excusa de Jaldo: un “ahorro” sin cifras para defender un gasto escandaloso
Frente a semejante volumen de cuestionamientos, la respuesta política del gobernador no hizo más que agrandar la polémica. Jaldo eligió respaldar a la intervención y sostuvo que, aunque estas incorporaciones “pueden significar un gasto”, lo que ya se habría ahorrado en la Caja en dos meses “supera ampliamente” el costo de los asesores.
El problema de esa defensa es su inconsistencia. No hubo hasta ahora una explicación pública detallada que muestre en qué partidas se produjo ese ahorro, cuánto dinero exacto se recuperó, qué medidas concretas lo generaron y por qué, si el resultado era tan favorable, se necesitó una estructura de asesores con salarios extraordinarios y designaciones tan controvertidas. La frase del gobernador intenta cerrar el debate con una afirmación genérica, pero no aporta la información mínima para sostenerla.
Además, el argumento choca con otro dato político imposible de separar del caso. El propio Jaldo reconoció que la provincia perdió entre $10.000 y $14.000 millones mensuales por coparticipación y que debió vaciar el fondo anticíclico para pagar salarios estatales. En ese contexto, defender más de $1.165 millones al año en asesores de confianza sin exhibir una sola cifra verificable del supuesto ahorro no parece una explicación: parece una coartada.
La Caja Popular no recibe coparticipación, es cierto, y sus recursos provienen del juego, los seguros y los créditos. Pero eso no la vuelve una caja privada ni la desprende de su carácter público. Sigue siendo patrimonio de los tucumanos. Por eso el origen de los fondos no atenúa el escándalo: lo agrava. Porque mientras el Gobierno pide comprensión por la falta de recursos, en un organismo estatal clave aparecen sueldos millonarios, parentescos incómodos y expedientes que amenazan con convertir errores o favores en pérdidas multimillonarias.
En definitiva, el problema ya no es sólo cuánto se gastó. El problema es cómo se gastó, a quiénes se benefició y con qué respaldo político se intentó justificar. Y ahí la defensa de Jaldo queda especialmente expuesta: quiso presentar el caso como una inversión inteligente, pero hasta ahora lo que hay son números muy concretos del gasto y apenas una promesa vaga del supuesto ahorro.
