La escena es tan brutal como vergonzosa. Vecinos de La Madrid, una comunidad golpeada una y otra vez por las inundaciones, salieron a la ruta 157 para reclamar obras que hace años no llegan y terminaron denunciando balas de goma, golpes, disparos al aire y detenciones. Es decir: después de perder muebles, electrodomésticos, ropa, colchones y parte de su vida bajo el agua, ahora también tuvieron que soportar la violencia de un operativo policial.
El dato político y humano es devastador. No se trataba de una protesta aislada ni de una demanda caprichosa. Eran familias que todavía arrastran el trauma de una catástrofe reciente, que siguen viviendo entre humedad, barro, daños estructurales y pérdidas materiales, y que decidieron visibilizar un reclamo elemental: que el Estado haga de una vez las obras necesarias para que el pueblo no vuelva a inundarse.
La protesta, según los propios manifestantes, se desarrollaba de manera pacífica. “No es un corte de ruta. Estamos dejando pasar a la gente”, explicó Ariana Salazar, quien se encontraba en el lugar al momento de los incidentes. Sin embargo, la situación escaló rápidamente. De acuerdo a su testimonio, efectivos de infantería avanzaron sobre los vecinos con balas de goma, disparos al aire y golpes.
“Están desalojando, tirando balas de goma, golpeando a las mujeres. Esto es increíble”, relató. Salazar aseguró que el reclamo tiene un eje claro; y es hacer obras que eviten nuevas catástrofes. “Estamos pidiendo las obras que corresponden para que La Madrid no vuelva a pasar lo mismo que nos viene pasando desde hace años. Las obras no se realizan”, sostuvo.
Un pueblo castigado por las crecidas y por la desidia oficial
La Madrid no está protestando por una promesa menor ni por un problema nuevo. El reclamo por las obras hídricas viene desde hace años y volvió a explotar después de una nueva inundación que dejó casas arruinadas, familias viviendo casi a la intemperie y un miedo colectivo que no desaparece. Hay vecinos que recuerdan las crecidas de 1992, 2000, 2017 y ahora 2026. La sensación dominante es que la historia se repite porque el Estado nunca resolvió el problema de fondo.
Ese es el corazón del conflicto. La gente no salió a la ruta sólo por bronca. Salió porque ya no confía en las promesas. Porque escuchó durante años hablar de estudios, planes, diagnósticos y proyectos, pero sigue viendo cómo cada temporal convierte la vida cotidiana en una ruina. En un pueblo así, el reclamo ya no es sólo por infraestructura: también es por dignidad.
Y ahí es donde la represión se vuelve todavía más escandalosa. Cuando un gobierno no llega con soluciones, pero sí con Infantería, el mensaje que reciben los vecinos es devastador: para prevenir inundaciones no hay respuestas rápidas, pero para despejar una protesta sí aparece el aparato estatal.
Reprimir a quienes lo perdieron todo agrava la herida social
Los testimonios conocidos en las últimas horas muestran que el daño no es únicamente material. Hay secuelas emocionales profundas, familias que no duermen tranquilas, chicos con miedo y adultos que sienten que ya no pueden volver a empezar cada vez que el agua arrasa con todo. En semejante cuadro, golpear o disparar contra quienes reclaman no resuelve nada: sólo profundiza la herida.
La represión, además, corre el eje de la discusión y pretende convertir a las víctimas en problema. Pero el verdadero problema no es el vecino que corta una ruta para pedir que no se inunde más su casa. El verdadero problema es que esas obras sigan sin aparecer, que las respuestas oficiales lleguen tarde y que el pueblo deba volver a exponerse para que alguien escuche.
Lo ocurrido en La Madrid debería generar vergüenza en toda la dirigencia. Porque no hay argumento administrativo, operativo ni político que pueda maquillar una imagen tan cruda: personas que todavía intentan rehacer su vida después del desastre terminaron enfrentadas con la Policía por pedir lo que corresponde. Y cuando un Estado golpea a los que ya fueron golpeados por la tragedia, no está ordenando nada: está fracasando.
