Una investigación impulsada por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán derivó en la clausura preventiva de tres predios utilizados como vaciaderos clandestinos y en la suspensión temporal de cinco empresas vinculadas al transporte y disposición de residuos, acusadas de operar de manera irregular en sectores cercanos al río Salí y al Canal Sur.
La causa, encabezada por la Fiscalía Ambiental municipal a cargo de Javier González junto a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable conducida por Julieta Migliavacca, comenzó tras denuncias de vecinos y publicaciones en redes sociales que advertían sobre el movimiento constante de camiones y contenedores descargando residuos en zonas ambientalmente sensibles.
Durante las inspecciones, la Brigada Ambiental Municipal detectó importantes acumulaciones de escombros y restos de construcción, además de huellas y caminos utilizados frecuentemente por vehículos de gran porte. Según testimonios incorporados a la investigación, parte de los materiales arrojados terminaban incluso dentro del cauce de agua, agravando el impacto ambiental.
Los informes técnicos elaborados por organismos provinciales determinaron además que los predios inspeccionados no contaban con habilitación para funcionar como centros de disposición de residuos. La situación encendió la alarma por el riesgo de contaminación en áreas consideradas estratégicas desde el punto de vista hídrico y ambiental.
Con las pruebas reunidas —fotografías, videos, relevamientos y declaraciones— el juez de Faltas Fabián Ruiz Lizondo ordenó la clausura preventiva de los terrenos y la suspensión provisoria de las cinco empresas involucradas hasta que acrediten las habilitaciones y el cumplimiento de las normas ambientales vigentes.
Desde la Fiscalía Ambiental señalaron que el objetivo es frenar prácticas ilegales que generan daños sobre espacios vulnerables y obligar a las firmas responsables a reparar el impacto causado. “Estamos hablando de sectores especialmente sensibles desde el punto de vista ambiental e hídrico, por eso se actuó de manera preventiva”, explicó González.
Además, se analiza exigir tareas de restauración y saneamiento para recuperar los espacios degradados y devolverlos a su estado original.
Por su parte, Migliavacca aseguró que el operativo forma parte de la política ambiental impulsada por la intendenta Rossana Chahla y destacó que, según datos oficiales, desde el inicio de la actual gestión ya se logró eliminar más del 45% de los basurales de la capital tucumana.
El caso volvió a poner en discusión el impacto ambiental de los residuos urbanos y de la construcción, además de la falta de controles que durante años permitió el funcionamiento de basurales clandestinos en sectores críticos para el ecosistema tucumano.
