La sesión en la Legislatura dejó una escena política singular, hubo unanimidad para reactivar la Comisión Especial de Emergencia Hídrica, pero al mismo tiempo quedó flotando una certeza compartida entre oficialistas y opositores, aunque dicha de maneras distintas: Tucumán no parte de cero. Ya hubo estudios, diagnósticos y hasta obras priorizadas. Por eso, más que una discusión técnica, lo que se ventiló en el recinto fue una disputa sobre responsabilidades por todo lo que no se hizo a tiempo.
Una sesión atravesada por el agua y por los reproches
El tema hídrico se comió la sesión. Después de la aprobación de pliegos judiciales y del giro de otros expedientes a comisión, el recinto quedó tomado por un debate casi monotemático. Hubo más de 20 oradores sobre un dictamen unificado y el tono fue subiendo a medida que se mezclaban los datos técnicos con la factura política.
Desde el oficialismo se buscó instalar una idea central: las lluvias de 2026 fueron excepcionales y ningún esquema de respuesta alcanzaba por sí solo para neutralizar un fenómeno de esa magnitud. En esa línea, varios legisladores remarcaron que en apenas cuatro meses cayó un volumen de agua cercano al promedio anual y aprovecharon para cargar contra el Gobierno nacional por el freno a la obra pública y por la escasa asistencia enviada a los damnificados.
Pero la oposición no dejó pasar el punto más sensible. Acompañó la reactivación de la comisión, sí, aunque transformó esa misma votación en una acusación al Poder Ejecutivo: si entre 2017 y 2019 ya se había trabajado sobre el problema, ¿por qué Tucumán seguía discutiendo diagnósticos en 2026 y no obras en marcha? Allí aparecieron las críticas más punzantes. José Cano recordó que para La Madrid ya se habían planteado intervenciones inmediatas. Manuel Courel, Agustín Romano Norri, José Macome y Silvia Elías de Pérez insistieron en que el cuello de botella no estuvo en el estudio, sino en la falta de gestión y ejecución. Incluso desde bloques no oficialistas que avalaron la creación del comité se repitió una misma sospecha: que la nueva comisión termine funcionando como otro paréntesis administrativo frente a una urgencia que hace años dejó de ser novedosa.
La pregunta de fondo: ¿hacía falta otra comisión?
La respuesta corta es que sí, pero no por las razones que más le convienen a la política. Hacía falta una instancia que ordene, actualice y extienda el trabajo previo al conjunto de las cuencas, porque los estudios más sólidos disponibles estaban concentrados sobre todo en Marapa-San Francisco y en la emergencia del sur. También hacía falta darles forma de proyectos financiables a escala internacional, algo que el viejo trabajo no había terminado de cerrar para toda la provincia.
Pero esa necesidad parcial no borra una verdad más incómoda: Tucumán ya tenía bastante más que un simple diagnóstico preliminar. Ya existían antecedentes técnicos, lineamientos por cuencas, estudios específicos y una obra emblemática priorizada para La Madrid. De modo que la comisión reactivada ayer sólo será útil si funciona como puente hacia la ejecución y no como excusa para volver al casillero uno.
Ése fue, en el fondo, el nudo del debate. El oficialismo defendió la necesidad de reorganizar una política hídrica integral, con participación académica y mirada provincial. La oposición, en cambio, puso la lupa en la demora acumulada. Y ahí asoma la contradicción principal: si el Estado ya sabía bastante sobre dónde intervenir, por qué en 2026 las comunidades afectadas siguen esperando respuestas estructurales.
El problema no era sólo estudiar, sino decidir y ejecutar
La sesión expuso que el verdadero déficit de Tucumán no es la falta absoluta de información, sino la incapacidad crónica para convertir informes en obra pública sostenida. El caso de La Madrid es el mejor ejemplo. Hubo estudios, hubo anuncios, hubo convenios, hubo licitaciones y hasta obras planteadas como prioritarias. Sin embargo, entre trámites, litigios, cambios de contexto económico y falta de continuidad política, la solución de fondo nunca terminó de materializarse.
Por eso, la comisión aprobada ayer puede ser una herramienta útil, pero también corre el riesgo de transformarse en un gesto políticamente correcto si no viene acompañada de dos decisiones más pesadas: fijar prioridades concretas y comprometer al Ejecutivo a ejecutar lo que ya está suficientemente estudiado. En otras palabras, lo que faltó durante años no fue sólo una mesa técnica; faltó poder político para hacer que el diagnóstico dejara de dormir en un tomo.
La sesión, entonces, dejó una conclusión áspera. La nueva comisión puede ser necesaria como actualización, coordinación y ampliación del trabajo previo. Lo que no puede ser es presentada como si Tucumán recién estuviera empezando a entender el problema. El agua volvió a desbordar, pero también desbordó una vieja deuda del Estado: saber bastante y hacer poco.
