Una investigación periodística volvió a poner bajo la lupa el manejo de la publicidad oficial en Tucumán. Entre las empresas que habrían sido contratadas con fondos públicos aparece Madero Media Group SRL, sociedad propietaria de La Derecha Diario y vinculada durante el período investigado al consultor y empresario Fernando Cerimedo.
El dato no es menor. Tampoco puede ser tratado como una simple contratación comercial más. Cuando recursos del Estado terminan en empresas de comunicación con una marcada línea política, la obligación de transparentar montos, criterios, servicios contratados y resultados obtenidos deja de ser administrativa: pasa a ser institucional.
Hasta ahora, la principal incógnita sigue sin respuesta: cuánto dinero desembolsó Tucumán, qué dependencia autorizó esos pagos, durante qué período y bajo qué concepto.
Una contratación que exige explicaciones
La investigación realizada por Ruido y CONNECTAS detectó a Madero Media Group entre las empresas contratadas mediante publicidad oficial por el Gobierno de Tucumán.
Madero Media Group no es una firma ajena al universo político y mediático nacional. La propia La Derecha Diario reconoce que la sociedad es propietaria del portal, mientras que documentación societaria publicada oficialmente registró a Fernando Cerimedo como socio y gerente de la compañía, llegando a poseer el 50% del capital social junto al empresario español Javier García Negre.
La existencia de una relación comercial entre el Estado tucumano y esa empresa, por lo tanto, merece explicaciones precisas.
No se trata de discutir si un gobierno puede pautar en un medio identificado con determinada corriente ideológica. El problema aparece cuando no existe información pública suficiente que permita conocer por qué se eligió a determinado proveedor, cuánto cobró, qué contraprestación brindó y qué parámetros utilizó el Estado para asignar esos recursos.
Esa información debería estar disponible sin necesidad de investigaciones periodísticas, filtraciones o pedidos reiterados de acceso a la información.
La Secretaría de Comunicación Pública, obligada a transparentar el destino del dinero
En este escenario, la Secretaría de Estado de Comunicación Pública queda inevitablemente alcanzada por los interrogantes sobre el manejo de los fondos destinados a comunicación y publicidad oficial.
Si esa repartición intervino directa o indirectamente en las contrataciones, debería informar cuánto recibió Madero Media Group, qué campañas fueron contratadas, durante qué meses, en qué medios se difundieron y cuál fue el mecanismo utilizado para fijar los valores.
Y si no tuvo intervención, también corresponde que lo aclare y determine qué organismo provincial realizó la contratación.
El silencio oficial agrava el problema.
La publicidad estatal no es dinero perteneciente al gobierno de turno. Son recursos públicos. Su utilización debe responder a criterios objetivos vinculados con la necesidad de comunicar políticas, servicios, campañas sanitarias, educativas o información de interés ciudadano.
Cuando los criterios de distribución no son transparentes aparece inevitablemente otra sospecha: que la pauta pueda transformarse en una herramienta para premiar líneas editoriales favorables, construir vínculos políticos o financiar estructuras comunicacionales afines.
No hay, hasta el momento, elementos suficientes para afirmar que eso haya ocurrido en Tucumán. Pero precisamente por eso resulta imprescindible que el Gobierno publique toda la documentación correspondiente.
La transparencia no consiste únicamente en negar una irregularidad. Consiste en mostrar los expedientes, órdenes de publicidad, facturas, montos, proveedores y criterios de contratación.
Una cuestión de gravedad institucional
El caso adquiere mayor gravedad porque involucra el uso de fondos estatales en un terreno especialmente sensible: la relación entre poder político, medios de comunicación y opinión pública.
Un gobierno provincial puede contratar espacios publicitarios. Lo que no debería poder hacer es mantener en la oscuridad el destino de esos recursos.
Si Madero Media Group recibió dinero del Estado tucumano, la sociedad tiene derecho a saber cuánto recibió y a cambio de qué.
También corresponde determinar si los fondos fueron destinados específicamente a publicidad en La Derecha Diario o si la compañía prestó otro tipo de servicios al Gobierno provincial. Hasta ahora, esa diferencia central tampoco está públicamente aclarada.
En Córdoba, investigaciones periodísticas consiguieron identificar pagos millonarios a la misma empresa. En Tucumán, en cambio, el monto continúa sin conocerse públicamente.
Esa ausencia de información es en sí misma un problema institucional.
La Secretaría de Estado de Comunicación Pública administra una de las áreas con mayor capacidad para distribuir recursos entre medios, productoras, agencias y empresas vinculadas a la comunicación. Por esa razón, sus niveles de transparencia deberían ser incluso superiores a los exigidos a otras dependencias.
No basta con que una contratación sea formalmente posible. Debe poder ser sometida al control ciudadano.
El Gobierno de Osvaldo Jaldo tiene ahora la oportunidad de despejar las dudas con algo sencillo: publicar cuánto dinero recibió Madero Media Group, quién autorizó esos pagos, mediante qué expediente, por qué concepto y cuál fue la contraprestación.
Mientras esos datos permanezcan ocultos, la discusión dejará de ser solamente sobre publicidad oficial.
Será también sobre qué hace el Estado tucumano con el dinero de los tucumanos y quién controla realmente su utilización.
