Apenas 76 días después del cabezazo que le fracturó la nariz al diputado nacional Federico Pelli, Marcelo “Pichón” Segura recuperó la libertad. La Justicia tucumana homologó un juicio abreviado, le impuso una condena condicional de tres años y dio por cerrado, en los hechos, un expediente que había nacido con imágenes brutales, repercusión nacional y una víctima que se opuso al acuerdo.
La rapidez de la resolución no es un dato menor. Puede ser legal, puede estar prevista en el Código Procesal y puede haber cumplido los requisitos formales. Pero eso no alcanza para despejar la sospecha política que deja el caso: en Tucumán, los tiempos y la intensidad del sistema judicial parecen moverse de manera distinta según quién sea el agredido.
Un cierre exprés para una agresión filmada
El ataque contra Pelli no fue una discusión confusa ni un episodio sin pruebas. Ocurrió el 11 de marzo, en La Madrid, cuando el legislador libertario participaba de una recorrida en medio de la emergencia por las inundaciones. Las imágenes mostraron a Segura acercándose y golpeándolo con un cabezazo. El resultado fue una lesión visible, atención médica y una causa penal de alto impacto político.
Sin embargo, poco más de dos meses después, el expediente encontró una salida rápida: acuerdo entre Fiscalía y defensa, condena de ejecución condicional, reglas de conducta y libertad. La querella rechazó el criterio, pero su posición no fue vinculante. En palabras del abogado de Pelli, a la víctima “se le rechazó prácticamente todo” y hubo un “apuro inusitado” por cerrar el proceso.
Ese es el punto que vuelve incómodo al fallo. No se trata sólo de discutir si tres años en suspenso son mucho o poco. Se trata de preguntarse por qué una agresión física contra un diputado nacional opositor, filmada y reconocida, tuvo una solución tan veloz cuando otros expedientes vinculados al gobernador Osvaldo Jaldo mostraron una respuesta estatal mucho más enérgica.
Cuando Jaldo aparece como víctima, el Estado acelera de otra manera
La comparación con las causas donde Jaldo fue víctima, o donde su figura quedó en el centro del conflicto, deja un contraste evidente. Ruth Nadal, la docente de Simoca detenida durante un acto oficial, fue juzgada y condenada a seis meses de prisión condicional por resistencia a la autoridad y lesiones leves contra una policía. Su caso se discutió durante audiencias, con un fuerte debate sobre protesta, seguridad oficial y persecución política.
En el expediente de Miguel “Miguelón” Figueroa, la reacción fue aún más dura: por amenazas contra Jaldo, funcionarios judiciales y fiscales, terminó con una condena de ocho años de prisión. La gravedad del caso era distinta, claro, pero también exhibió un aparato institucional decidido a avanzar, investigar, imputar y cerrar con una pena efectiva.
Otro antecedente es el de Ricardo “Chanchón” Suárez, el hombre acusado de amenazar a Jaldo por Facebook durante una transmisión en vivo. Allí intervino el juez Eduardo Martín González, se ordenó la detención, hubo allanamiento, secuestro de celulares, pericias y prisión preventiva. El mensaje fue claro: cuando la amenaza apunta al gobernador, el sistema responde con máxima intensidad.
La pregunta, entonces, no es si esas causas debieron avanzar. Debieron hacerlo. El problema es otro: ¿por qué esa misma energía institucional no aparece con igual contundencia cuando el agredido es un dirigente opositor?
La doble vara también erosiona la confianza pública
El caso “Pichón” deja una señal peligrosa. Una cosa es la justicia rápida; otra, muy distinta, es la sensación de justicia apurada. La primera resuelve conflictos sin demoras innecesarias. La segunda parece clausurar debates antes de tiempo, sobre todo cuando el expediente incomoda al poder político.
Segura no era un vecino ajeno a la política. Fue presentado en distintas crónicas como un militante o dirigente vinculado al oficialismo provincial y al entramado territorial del peronismo tucumano. Eso vuelve más delicado el mensaje público de la resolución: un hombre identificado con el sistema político local agrede a un diputado opositor, acepta una condena condicional y queda libre en menos de tres meses.
La Justicia puede sostener que aplicó la ley. Pero la política no se agota en los expedientes. En la calle, en los pasillos judiciales y en la opinión pública, lo que queda es una percepción de asimetría: cuando Jaldo es víctima, el Estado se mueve rápido, duro y con despliegue; cuando la víctima es un opositor, la salida aparece veloz, negociada y con la querella mirando desde afuera.
Esa diferencia, aunque se explique jurídicamente, erosiona la confianza. Porque una democracia necesita algo más que sentencias formalmente correctas: necesita que la sociedad crea que la ley pesa igual para todos. Y en Tucumán, después del cierre exprés del caso Pelli, esa certeza quedó otra vez en discusión.
