La denuncia de la concejala Ana González contra cinco funcionarios de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán abrió una discusión que el oficialismo intenta llevar al terreno de la pelea política. Sin embargo, el punto de fondo sigue sin respuesta: por qué se habrían utilizado contrataciones directas, bajo el argumento de la emergencia ambiental, para servicios que la oposición considera ordinarios, previsibles y programables.
La intendenta Rossana Chahla dijo que está “todo impecable”, que puso la información a disposición de la Justicia y que su gestión fue reconocida por indicadores de eficiencia. También apeló a una frase de tono político —“cree el ladrón que todos son de su condición”— para responder a la denuncia. Pero ninguna de esas expresiones aclara, en concreto, por qué se actuó como se actuó.
La denuncia apunta al método, no sólo a los montos
González denunció penalmente a Luciano Chincarini, Camila Giuliano, Marcelo Albaca, Rodrigo Gómez Tortosa y Sebastián Ruiz Toscano por presuntas irregularidades en contrataciones directas que superarían los $2.700 millones. La presentación judicial cuestiona una docena de expedientes vinculados a mantenimiento de espacios verdes, tareas ambientales, refugios de colectivos, tótems interactivos y equipamiento urbano.
La concejala sostiene que esos servicios debieron pasar por licitación pública y no por mecanismos excepcionales. Su argumento es simple: cortar el pasto, mantener plazas o planificar mobiliario urbano no son hechos imprevisibles. Son tareas habituales de cualquier municipio. Por eso, la pregunta incómoda no es si la ciudad necesitaba esos trabajos, sino por qué se los contrató por vía directa y bajo una emergencia que, con el paso de los meses, empieza a parecer más una herramienta administrativa que una situación excepcional.
El oficialismo respondió que los expedientes pasaron por los órganos de control y que los procedimientos son legales. Pero afirmar que un expediente “pasó por control” no equivale a explicar si correspondía evitar la licitación. La legalidad de un trámite no se defiende con adjetivos; se defiende mostrando criterios, precios comparativos, urgencias concretas, proveedores habilitados y razones técnicas verificables.
“Todo impecable” no alcanza como rendición de cuentas
La respuesta de Chahla quedó más cerca de la chicana que de la aclaración. Decir que la gestión tiene un portal de datos, que recibió reconocimientos o que los vecinos “perciben” mejoras puede servir para un discurso de campaña, pero no responde a la denuncia penal. El expediente no pregunta si la ciudad está más limpia o si la administración se siente tranquila. Pregunta si hubo contrataciones directas justificadas en emergencias discutibles, si existieron sobreprecios y si se contrataron cooperativas o firmas en condiciones objetables.
También resulta insuficiente reducir el planteo a una maniobra del alfarismo. González podrá tener pertenencia política, y el oficialismo tiene derecho a remarcarlo. Pero la identidad partidaria de la denunciante no desarma por sí sola los hechos denunciados. Si los contratos están bien, la explicación debería ser documental, no personal.
El problema de fondo es que la Municipalidad eligió contestar con una defensa general: “tenemos todo impecable”. Pero frente a una denuncia que menciona montos, expedientes, proveedores y contrataciones concretas, la ciudadanía necesita algo más preciso. ¿Cuál fue la urgencia en cada caso? ¿Por qué no se licitó antes? ¿Cómo se definieron los precios? ¿Qué controles previos hubo sobre las cooperativas? ¿Qué informes técnicos justificaron cada contratación directa?
La emergencia no puede convertirse en una vía paralela de gobierno
La emergencia es una herramienta excepcional. Sirve para resolver situaciones urgentes, no para reemplazar de manera permanente los mecanismos ordinarios de contratación. Cuando una administración usa la emergencia para tareas previsibles, el riesgo es evidente: se achica la competencia, se debilita la transparencia y se reduce el control público sobre el destino del dinero de los vecinos.
Por eso, las explicaciones oficiales deberían ir al hueso. No alcanza con acusar a la oposición de buscar protagonismo, ni con recordar la gestión anterior, ni con invocar certificaciones o premios. La discusión no es Alfaro contra Chahla. La discusión es si la Municipalidad capitalina administró miles de millones de pesos con el nivel de transparencia que corresponde.
Chahla tiene una oportunidad política e institucional: ordenar una respuesta completa, expediente por expediente, con documentación pública, precios de referencia, dictámenes técnicos y fundamentos de urgencia. Lo demás es ruido.
Porque cuando la respuesta a una denuncia por $2.700 millones se limita a frases como “todo impecable” o “cree el ladrón que todos son de su condición”, el oficialismo no despeja dudas: las agranda.
