Una diferencia superior a los $416 millones enfrenta a un perito contador con el Gobierno de Tucumán dentro de la histórica causa judicial por la concesión de la Terminal de Ómnibus. La Cámara en lo Contencioso Administrativo deberá determinar ahora qué mecanismo corresponde utilizar para actualizar un crédito calculado a valores de 2017.
El contador Augusto Pío Tacconi reclama que sus honorarios ascienden a $441,7 millones. La Fiscalía de Estado, en cambio, sostiene que el monto correcto es de aproximadamente $25,4 millones y calificó la liquidación presentada por el profesional como desproporcionada.
Luego de la impugnación del Gobierno, la defensa del perito contestó el planteo y pidió que la Justicia mantenga el cálculo original. También dejó abierta la posibilidad de que el tribunal establezca una alternativa que, según afirmó, preserve el valor real del trabajo realizado.
Un crédito de $4,4 millones calculado a valores de 2017
La controversia se originó a partir de los honorarios reconocidos por la actuación de Tacconi como perito en el juicio iniciado por Terminal del Tucumán SA contra la Provincia.
Aunque la regulación judicial fue realizada en noviembre de 2025, la Cámara fijó los honorarios en $4.417.300 a valores correspondientes al 9 de octubre de 2017. Esa particularidad dio lugar a la discusión sobre la manera en que debe actualizarse la suma hasta la actualidad.
La defensa del contador aplicó la denominada Tasa de Interés Moratorio, establecida por una resolución del Banco Central durante 2026. Con esa metodología, calculó intereses por más de $437 millones y llevó el crédito total a $441.715.835.
El argumento central es que los honorarios no deben considerarse una simple deuda nominal de dinero, sino una deuda de valor. Según esa interpretación, la actualización tiene que conservar el poder adquisitivo que poseía la regulación en la fecha tomada como referencia.
La Provincia advierte sobre un resultado desproporcionado
La Fiscalía de Estado rechazó la utilización de esa tasa y presentó una liquidación considerablemente inferior. Aplicando la tasa activa promedio del Banco Nación, calculó un capital de $4,4 millones y alrededor de $21 millones en intereses, hasta alcanzar un total cercano a los $25,4 millones.
Para la representación provincial, elevar los honorarios a más de $441 millones implicaría aplicar un mecanismo de indexación incompatible con el régimen legal vigente. También cuestionó que una resolución dictada en 2026 pueda utilizarse para actualizar retroactivamente un crédito calculado desde 2017.
El Gobierno sostuvo que la metodología propuesta por el perito produce un resultado carente de proporcionalidad y podría generar un enriquecimiento indebido. Además, afirmó que la tasa aplicable ya había sido definida en la sentencia que reguló los honorarios.
La Provincia dejó planteada la posibilidad de llevar la discusión ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en caso de que la Cámara valide el reclamo completo.
La defensa denuncia una licuación superior al 90%
En su respuesta, la representación de Tacconi afirmó que la postura oficial parte de un error al tratar el crédito como una deuda de dinero. Sostuvo que utilizar únicamente la tasa activa provocaría una pérdida superior al 90% del valor de los honorarios.
La defensa comparó la evolución del crédito con el aumento registrado desde 2017 en precios, salarios, combustibles, construcción y otras variables económicas. Según sus cálculos, mientras esos valores se multiplicaron alrededor de 90 veces, la actualización propuesta por la Provincia aumentaría la suma original solamente unas 5,7 veces.
También rechazó que el reclamo deba tramitarse en otro expediente. Afirmó que no se pretende modificar la base sobre la cual fueron regulados los honorarios, sino establecer una fórmula que impida que el paso del tiempo y la inflación reduzcan el valor del crédito reconocido judicialmente.
La presentación pidió que se apruebe la liquidación de $441,7 millones. De manera subsidiaria, solicitó que los jueces determinen otro mecanismo que contemple la evolución económica y evite una pérdida sustancial para el profesional.
La decisión quedará en manos de la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo. El pronunciamiento no solamente definirá cuánto deberá pagar la Provincia, sino que podría sentar un precedente sobre la actualización de créditos judiciales fijados a valores históricos.
