El fallo que obliga al Gobierno de Tucumán a poner fin, en un plazo de 60 días, a la intervención del Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo (IPLA) llega después de un año particularmente conflictivo para el organismo. Protestas de comerciantes, cuestionamientos políticos, denuncias por multas consideradas excesivas y críticas por la proliferación de fiestas clandestinas marcaron la agenda de una institución que permanece intervenida desde el año 2000.
La Sala III de la Cámara Contencioso Administrativa determinó ahora que una medida concebida originalmente como excepcional terminó transformándose, después de 26 años, en el sistema permanente de conducción del organismo. La resolución obliga al Poder Ejecutivo a avanzar hacia la normalización institucional y restablecer el Directorio previsto por la normativa.
Pero la discusión sobre la estructura del IPLA venía acompañada, desde hacía meses, por otro debate: qué función cumple actualmente el organismo, cuánto pesan sus tareas de prevención y hasta qué punto su actividad se concentró en controles, sanciones y cobro de aranceles.
Comerciantes en la calle y acusaciones de una lógica recaudatoria
Uno de los principales focos de conflicto se produjo durante la segunda mitad de 2025, cuando propietarios de comercios y locales comenzaron a movilizarse contra el IPLA. Entre los cuestionamientos aparecieron el canon exigido para la comercialización de bebidas alcohólicas, las inspecciones y el valor de determinadas sanciones.
Las protestas llegaron tanto a la sede del organismo como a las inmediaciones de la Casa de Gobierno. Parte de los manifestantes sostuvo que el instituto se había alejado de su objetivo original de prevención y lucha contra el alcoholismo para concentrarse en una función fiscalizadora y recaudatoria.
El legislador José Seleme se convirtió en una de las voces políticas más críticas. Acompañó las movilizaciones y reclamó directamente la eliminación del IPLA. También cuestionó la superposición de funciones entre el organismo provincial y los municipios y acusó a inspectores de ejercer una fuerte presión sobre pequeños comerciantes.
El conflicto escaló durante los primeros meses de 2026. En abril, durante otra marcha contra la institución, se denunciaron multas cercanas a los $2 millones aplicadas a comerciantes. Desde la oposición llegaron incluso a calificar a algunos procedimientos como extorsivos y a reclamar que se revisara integralmente el funcionamiento del organismo.
La discusión terminó además trasladándose a los tribunales. Propietarios de locales promovieron la acción de amparo que finalmente derivó en la sentencia que ahora obliga al Ejecutivo provincial a terminar con la intervención.
Aunque la Justicia no hizo lugar al pedido para declarar inconstitucional el canon ni ordenó devolver el dinero cobrado mediante multas y sanciones, sí consideró irregular que la administración provisoria se haya prolongado durante más de dos décadas.
Fiestas clandestinas y cuestionamientos sobre la eficacia de los controles
Mientras comerciantes habilitados denunciaban una presión creciente de los inspectores, otro problema comenzó a ganar terreno: las fiestas clandestinas.
Durante el último año hubo diferentes operativos en encuentros sin autorización, algunos de ellos con presencia de menores de edad y consumo de alcohol. En octubre de 2025, por ejemplo, el IPLA clausuró fiestas relacionadas con estudiantes secundarios luego de detectar irregularidades vinculadas con la venta de bebidas alcohólicas.
Dante Loza, actual interventor del organismo, defendió en distintas oportunidades los procedimientos y sostuvo que la responsabilidad también alcanzaba a propietarios de salones y organizadores cuando se permitía el acceso de alcohol a menores.
La polémica adquirió otra dimensión a comienzos de 2026. Tanto representantes del IPLA como empresarios vinculados con la actividad nocturna advirtieron sobre un crecimiento de eventos organizados por fuera del circuito formal, muchas veces promocionados a través de redes sociales.
La situación abrió una contradicción que fue utilizada por los críticos del instituto: mientras comercios y salones habilitados denunciaban controles, sanciones y costos elevados, continuaban realizándose fiestas completamente clandestinas.
Para el organismo, en cambio, la existencia de esos eventos reforzaba la necesidad de controles. El debate dejó expuestas dos posiciones enfrentadas sobre el mismo problema: quienes consideran que el IPLA impone una regulación excesiva sobre el sector formal y quienes defienden su intervención frente al consumo de alcohol, especialmente cuando existen menores involucrados.
De la promesa de Jaldo al ultimátum de la Justicia
La situación institucional del IPLA también había ingresado en la agenda política antes de conocerse el fallo judicial.
En marzo de este año, durante la apertura de sesiones de la Legislatura, el gobernador Osvaldo Jaldo anunció que su administración buscaría avanzar con la normalización de organismos autárquicos que permanecían intervenidos desde hacía años. Entre ellos estaba el IPLA.
El instituto atraviesa esa situación desde julio de 2000, cuando durante la gestión de Julio Miranda se dispuso la intervención. Desde entonces, sucesivos gobiernos mantuvieron el mismo esquema y fueron renovando a sus autoridades sin recuperar el modelo de conducción establecido originalmente por ley.
La normativa prevé un Directorio integrado por un presidente y dos vocales titulares, cuyos nombramientos requieren acuerdo legislativo. Sin embargo, durante 26 años la conducción quedó concentrada en la figura de un interventor.
Ese punto resultó determinante para la Cámara Contencioso Administrativa. Los jueces Sergio Gandur y Ebe López Piossek consideraron que la intervención había perdido el carácter transitorio que justifica jurídicamente ese tipo de medidas y terminó convirtiéndose en la forma habitual de administración del organismo.
El Poder Ejecutivo tiene ahora 60 días para adoptar las medidas necesarias para poner fin a ese régimen y avanzar hacia la normalización institucional.
La resolución judicial encuentra al IPLA después de uno de sus años más turbulentos. Las marchas de comerciantes, las acusaciones por multas elevadas, los pedidos políticos de cierre, el debate por las fiestas clandestinas y los cuestionamientos sobre una intervención que atravesó distintos gobiernos terminaron colocando al organismo bajo una presión inédita.
La discusión, sin embargo, no terminará necesariamente con el cambio de autoridades. Una vez normalizado institucionalmente, el debate continuará alrededor de una cuestión más profunda: qué IPLA pretende sostener la Provincia, cuáles deben ser sus facultades y cómo equilibrar el control sobre la venta de alcohol con los reclamos de comerciantes y empresarios que desde hace meses exigen una revisión de su funcionamiento.
