La carrera electoral hacia 2027 todavía no comenzó formalmente, pero en Tucumán ya aparecen denuncias que ponen bajo sospecha las primeras movidas de algunos aspirantes. El diputado nacional Federico Pelli, una de las figuras que La Libertad Avanza proyecta para disputar la Intendencia de Yerba Buena, fue denunciado ante la Justicia Federal por una presunta maniobra destinada a acreditar una residencia que le permita competir por ese cargo.
La presentación fue realizada por el concejal Mauricio Argiró, dirigente de Cambia Tucumán, quien pidió que también se investigue al titular de La Libertad Avanza en la provincia, Lisandro Catalán, y a los agentes del Registro Nacional de las Personas que eventualmente hubieran intervenido.
La acusación todavía deberá ser investigada y comprobada judicialmente. Sin embargo, políticamente instala una pregunta incómoda para el espacio libertario: si la construcción de una candidatura comienza bajo sospechas de haber acomodado hasta el domicilio para cumplir los requisitos electorales, ¿qué mensaje se pretende transmitir a los votantes?
Dos cambios de domicilio en menos de 72 horas
El punto central de la denuncia está puesto sobre dos modificaciones de domicilio que Pelli habría realizado en un período inferior a 72 horas.
Según la presentación, el último domicilio declarado por el diputado corresponde a avenida Aconquija 1.526, donde funciona un inmueble destinado a actividades comerciales o profesionales. Al mismo tiempo, el legislador habría reconocido públicamente que su vivienda se encuentra en Alto Verde II, en Cebil Redondo.
Para Argiró, esa secuencia permitiría sospechar que no existió una mudanza efectiva, sino una modificación documental relacionada con las aspiraciones electorales del diputado.
La cuestión no es menor. Para ser candidato a intendente de Yerba Buena se exige acreditar dos años de residencia inmediata en el municipio. Y Pelli ya manifestó públicamente su intención de competir por la conducción de esa ciudad.
Es precisamente allí donde la denuncia adquiere su dimensión política: no se discute simplemente dónde duerme un diputado, sino si se intentó construir documentalmente una condición necesaria para poder presentarse ante el electorado.
Catalán también quedó alcanzado por la denuncia
La presentación judicial no quedó limitada a Pelli. Argiró pidió además que se investigue una eventual participación de Lisandro Catalán, referente provincial de La Libertad Avanza y ex ministro del Interior de la Nación.
El concejal solicitó determinar si pudo haber existido alguna intervención vinculada al Renaper, organismo que estaba bajo la órbita del Ministerio del Interior durante la gestión de Catalán.
La denuncia plantea distintos interrogantes sobre una posible participación, instigación o utilización de contactos funcionales. Por ahora, se trata exclusivamente de hipótesis que deberán ser analizadas por la Justicia y no de hechos acreditados.
Desde el sector libertario evitaron inicialmente realizar declaraciones sobre la presentación. Anteriormente, La Libertad Avanza había respaldado públicamente a Pelli y sostuvo que el diputado reside en Yerba Buena desde hace más de seis años, por lo que cumpliría ampliamente con los requisitos para competir.
Ahora será la Justicia la que deberá contrastar ambas versiones y determinar qué ocurrió efectivamente con los registros de domicilio.
Una candidatura que empieza dando explicaciones
Pero mientras avanza el expediente judicial, el daño político puede correr por otro carril.
La Libertad Avanza construyó buena parte de su identidad cuestionando las prácticas de la denominada “vieja política”, denunciando privilegios, maniobras y mecanismos utilizados por dirigentes tradicionales para conservar espacios de poder.
Por eso, una candidatura libertaria que comienza rodeada por una denuncia sobre un presunto domicilio ficticio queda expuesta a una contradicción difícil de explicar.
Más todavía porque las acusaciones no provienen solamente de adversarios externos. El diputado Mariano Campero, quien comparte bloque con Pelli en la Cámara de Diputados, ya había cuestionado públicamente la situación y sostuvo que su colega no vive en Yerba Buena ni tendría la residencia necesaria.
Pelli, por su parte, deberá tener la posibilidad de ejercer su defensa y será la Justicia la encargada de establecer si existió o no alguna irregularidad.
Pero electoralmente el problema ya está planteado.
Falta todavía para 2027 y en Yerba Buena las candidaturas empiezan a tomar forma. Si una de ellas necesita comenzar la carrera explicando cambios de domicilio, respondiendo acusaciones de falsedad y esperando pericias del Renaper, el arranque está lejos de ser el ideal.
Porque antes de pedirles confianza a los vecinos, cualquier candidato debería poder despejar una cuestión elemental: demostrar que aquello que dice para competir también coincide con la realidad.
