La intendenta Rossana Chahla envió al Concejo Deliberante un proyecto para eliminar 59 tasas y conceptos tributarios que hoy alcanzan a vecinos, comerciantes y empresas de San Miguel de Tucumán. La iniciativa supone una simplificación concreta de trámites y la desaparición de numerosos costos administrativos, aunque el análisis de la estructura tributaria muestra otra cara de la cuestión: los gravámenes que concentran la mayor parte de la carga fiscal continuarán vigentes.
El proyecto consta de 19 artículos y modifica tanto el Código Tributario Municipal como la Ordenanza Tarifaria 2026. Entre los conceptos alcanzados aparecen cobros por certificaciones, habilitaciones, permisos, actuaciones administrativas, registros, inspecciones y utilización del espacio público. Para entrar en vigencia necesita la aprobación del Concejo Deliberante.
El dato de las “59 tasas” requiere una aclaración
La magnitud del anuncio puede llevar a una interpretación equivocada. Que se eliminen “59 tasas y conceptos tributarios” no significa que San Miguel de Tucumán tenga 59 impuestos municipales independientes que desaparecerán de un día para otro.
El Vademécum Tributario 2026 elaborado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) identificó para una persona o empresa ubicada en San Miguel de Tucumán un universo de 69 tipos de tributos: 40 nacionales, 12 provinciales y 17 municipales. El relevamiento utiliza como criterio los diferentes hechos imponibles y no cada inciso, arancel, permiso o trámite individual contemplado por una ordenanza.
Por eso pueden coexistir ambos números. El paquete anunciado por el Municipio elimina numerosos cargos administrativos comprendidos dentro de distintas figuras tributarias. De hecho, la comunicación oficial habla expresamente de “tasas y conceptos tributarios” y señala como ejemplos certificaciones, solicitudes, habilitaciones, permisos, registros e inspecciones.
La diferencia es importante a la hora de medir el impacto económico. Eliminar decenas de cargos pequeños puede reducir burocracia y costos puntuales, pero no necesariamente significa una reducción equivalente de la presión fiscal que soporta mensualmente un comercio.
El TEM, una de las cargas centrales para las empresas, no desaparece
Uno de los datos más relevantes está en la propia Ordenanza Tarifaria 2026. El Tributo Económico Municipal (TEM) mantiene una alícuota general del 1,25% sobre los ingresos, mientras que existen tratamientos específicos según la actividad.
La escala contempla alícuotas desde el 0,60% para determinadas actividades hasta niveles considerablemente superiores: 3,70% para varios tipos de comisiones y actividades comerciales; 5% para determinadas operaciones financieras y aseguradoras; y hasta 6,60% para algunas actividades específicas. También existen importes mínimos mensuales según la categoría del contribuyente.
Esto permite dimensionar la diferencia entre un arancel administrativo que se paga al realizar determinado trámite y un tributo periódico calculado sobre la actividad económica.
Además, los comerciantes tucumanos afrontan en paralelo el Impuesto sobre los Ingresos Brutos provincial. En 2026, distintos relevamientos situaron a este impuesto en torno al 80% de la recaudación tributaria administrada por la Dirección General de Rentas de Tucumán, lo que muestra hasta qué punto la estructura provincial depende de un gravamen que recae sobre la facturación de las actividades económicas.
Así, una empresa radicada en la Capital puede quedar simultáneamente alcanzada por IVA y otros tributos nacionales, Ingresos Brutos a nivel provincial y TEM a nivel municipal, además de las obligaciones asociadas al empleo, patrimonio o actividad que correspondan en cada caso.
Menos tributos no siempre significa mucha menos presión fiscal
El fenómeno no es exclusivo de Tucumán. El IARAF proyectó para 2026 una recaudación tributaria consolidada equivalente al 26,6% del PBI argentino. Pero el dato central está en cómo se distribuye: solamente seis tributos explicarían aproximadamente el 85% de toda la recaudación del país.
Entre ellos aparecen el IVA, los aportes y contribuciones a la Seguridad Social, Ganancias, Ingresos Brutos, el impuesto a los débitos y créditos bancarios y la principal tasa municipal vinculada con la actividad económica. Si se consideran los diez tributos de mayor peso, concentran alrededor del 94% del total.
El dato pone en perspectiva la reforma impulsada por Chahla. La eliminación de 59 conceptos puede tener un efecto positivo en términos de simplificación administrativa y evitar gastos que hasta ahora debían afrontar vecinos y empresas. Pero la reducción del número de conceptos no permite, por sí sola, determinar cuánto disminuirá efectivamente la presión tributaria.
Hay además un dato que todavía falta conocer. El Municipio no informó en el anuncio cuánto dinero recauda actualmente mediante los 59 conceptos que propone eliminar, qué porcentaje representan sobre sus recursos propios ni cuál será el costo fiscal anual de la medida. Sin esos números resulta imposible establecer todavía si se trata fundamentalmente de una reforma de simplificación administrativa o de una reducción fiscal de magnitud para el sector privado.
La discusión que se abrirá ahora en el Concejo Deliberante permitirá conocer con mayor precisión ese impacto. Mientras tanto, el proyecto representa una poda importante de pequeños cargos y trámites, pero deja intactos, al menos en esta iniciativa, los grandes componentes que explican la carga tributaria cotidiana de comercios, profesionales y empresas.
