Pablo Aiziczon tenía 40 años, era profesor de tenis y una persona conocida dentro del ambiente deportivo tucumano. El 21 de marzo de 2011 salió de su casa y nunca regresó. Dos días después, su cuerpo fue encontrado dentro de su propio Suzuki Swift en Horco Molle, Yerba Buena. Había recibido un fuerte golpe en la cabeza y dos disparos.
El cadáver estaba envuelto en una mediasombra y una colcha, colocado en el asiento trasero del vehículo. Quienes participaron del crimen habían rociado el automóvil y el cuerpo con combustible e intentado prenderles fuego para borrar las evidencias, pero el incendio no llegó a consumarlos.
En cuestión de días, la investigación condujo a la Policía hasta una vivienda de barrio Ciudad Parque, donde vivían Linda Vanesa Martínez y Jorge Luis Borges. Allí aparecieron elementos que comprometían seriamente a la pareja: rastros de sangre de Aiziczon, pertenencias de la víctima y señales de que se había intentado modificar el lugar para ocultar lo ocurrido.
Borges terminaría admitiendo haber matado al profesor de tenis y, años después, sería condenado por el homicidio. Sin embargo, aquella confesión y la posterior sentencia nunca consiguieron disipar por completo una de las preguntas que acompañó al expediente desde sus primeras etapas: si Borges había actuado por decisión propia o si detrás del crimen había existido alguien más.
El chat que llevó a los investigadores hasta la casa
Una de las piezas centrales para reconstruir las últimas horas de Aiziczon fue su computadora. El día del crimen había ingresado al chat “Tucumanos” del programa mIRC utilizando un apodo y allí mantuvo una conversación con un usuario que ofrecía servicios de masajes. Aiziczon creyó que estaba dialogando con una mujer y acordó concurrir aquella misma tarde a una vivienda de San Miguel de Tucumán.
Según reconstruyó posteriormente la causa, quien habría mantenido aquella conversación era Borges, que se habría hecho pasar por una mujer para conseguir clientes para Martínez, vinculada a la actividad de masajista. Ese intercambio permitió establecer el lugar al que había concurrido la víctima y condujo a los investigadores hasta la casa.
Lo que encontraron allí terminó siendo decisivo. Había rastros de sangre que posteriormente fueron atribuidos a Aiziczon y también indicios de un importante intento por alterar la escena: el piso había sido pintado, una pared fue cubierta con placas de durlock y se habían intentado eliminar pertenencias de la víctima.
La acusación sostuvo que Aiziczon fue atacado dentro de esa vivienda, recibió primero un fuerte golpe en la cabeza y posteriormente dos disparos. Borges ofreció distintas explicaciones sobre lo sucedido y sostuvo que había intervenido porque el tenista habría intentado propasarse con Martínez, pero esa versión fue discutida durante la investigación y el juicio. Las pericias terminaron colocándolo como autor material del homicidio.
La hipótesis de un crimen por encargo
Pero mientras la investigación avanzaba sobre Borges y Martínez, había otra línea que nunca terminó de desaparecer. Desde los primeros días se evaluó la posibilidad de que el asesinato estuviera relacionado con una antigua relación sentimental de Aiziczon con una mujer casada.
La propia madre del tenista declaró posteriormente que sabía de aquella relación y que la consideraba peligrosa. También existía el antecedente de una amenaza vinculada a ese vínculo. Con el paso del tiempo, la sospecha se transformó en una hipótesis concreta dentro de la investigación: que un empresario, cuya identidad no fue difundida públicamente por razones legales, pudiera haber contratado a Borges para matar al profesor.
Cuando el fiscal Diego López Ávila tomó intervención en la causa decidió profundizar esa línea, pero para entonces habían transcurrido varios años y no aparecieron pruebas capaces de sostener judicialmente la existencia de un homicidio por encargo.
También llamó la atención de los investigadores la situación económica de Borges después del crimen. Se analizaron determinados cambios en sus posibilidades materiales, incluso mientras se encontraba detenido, pero tampoco pudo establecerse que esos recursos provinieran de un supuesto pago por el asesinato.
La sospecha existió, fue investigada y llegó incluso al debate judicial, pero nunca logró transformarse en prueba. La Justicia pudo determinar quién había ejecutado el crimen, pero no consiguió demostrar que otra persona hubiera ordenado hacerlo.
Una condena que no cerró todas las preguntas
En noviembre de 2015 llegó la sentencia. Jorge Luis Borges fue condenado a 24 años de prisión por homicidio simple, mientras que Linda Vanesa Martínez fue absuelta. El tribunal consideró acreditada la responsabilidad de Borges en la muerte de Aiziczon, aunque no hizo lugar a otras agravantes que se habían discutido durante el proceso.
Judicialmente, el crimen tenía así un autor material condenado y una reconstrucción de cómo había ocurrido el homicidio. Sin embargo, el expediente no pudo responder de manera definitiva a la otra pregunta que había acompañado la investigación durante años.
La teoría de un posible autor intelectual, relacionada con una antigua relación sentimental de la víctima, permaneció como una línea investigativa que nunca reunió las pruebas necesarias para avanzar hacia una acusación. No pudo demostrarse la existencia de un pago, tampoco que alguien hubiera contratado a Borges ni que detrás del homicidio existiera una estructura mayor.
Por eso el caso quedó cerrado judicialmente con una condena, pero con una zona de incertidumbre que sobrevivió al juicio. Se supo quién golpeó y disparó contra Pablo Aiziczon, cómo intentaron trasladar y quemar su cuerpo y de qué manera los investigadores llegaron hasta los responsables materiales.
Lo que nunca consiguió probarse fue si Borges actuó únicamente por las circunstancias que relató o si alguien más tuvo interés en que el profesor de tenis muriera. Esa es, todavía hoy, una de las preguntas más inquietantes que dejó uno de los crímenes más recordados de Tucumán.
