El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán derogó la ordenanza que había dado origen al viejo sistema de estacionamiento medido y dejó el camino abierto para una nueva licitación. La decisión fue presentada como el cierre de una etapa marcada por irregularidades durante la gestión de Germán Alfaro. Pero, detrás del discurso de transparencia, aparece una lectura mucho más simple: el municipio se prepara para volver a cobrarle a los vecinos por estacionar en la calle.
La gestión de Rossana Chahla busca diferenciarse del alfarismo señalando los vicios del contrato anterior, la nulidad judicial y la necesidad de un sistema moderno. Sin embargo, la discusión de fondo no cambia demasiado. Ayer se cuestionaba el cobro porque afectaba a usuarios, frentistas y trabajadores informales. Hoy, con otro sello político y otra licitación, el cobro vuelve a ser presentado como una herramienta de ordenamiento urbano.
De criticar el sistema a preparar una nueva caja
El estacionamiento medido fue uno de los temas más incómodos de la gestión anterior. La concesión terminó suspendida, judicializada y finalmente anulada. El fallo golpeó al alfarismo porque expuso irregularidades en el proceso, entre ellas la situación de una empresa integrante de la UTE Tecno Agro Vial y la falta de razonabilidad económica del contrato.
Pero el oficialismo municipal actual no parece dispuesto a enterrar el sistema, sino a relanzarlo. La diferencia ya no sería si se cobra o no se cobra, sino quién administra el cobro, con qué tecnología y bajo qué pliegos.
Ese es el punto político central: los mismos sectores que se beneficiaron electoralmente del desgaste que generó el estacionamiento pago ahora avanzan hacia una versión propia. El relato cambió de nombre. Antes era una carga injusta para el vecino; ahora sería una herramienta moderna para ordenar el tránsito.
El bolsillo del vecino vuelve al centro de la escena
Chahla ya había dicho que el municipio analizaba alternativas y que debía evaluarse que el sistema no fuera “un costo más para el vecino”. La frase suena prudente, pero también revela la contradicción: si el estacionamiento medido vuelve, alguien va a pagar. Y ese alguien será, otra vez, el vecino que trabaja en el centro, el comerciante, el empleado, el frentista o quien necesite dejar el auto en una zona regulada.
La excusa del ordenamiento vial no alcanza para tapar el costado recaudatorio. De hecho, la propia Municipalidad había planteado en el expediente judicial que la suspensión del sistema le impedía cobrar recursos propios y le generaba un perjuicio económico. Es decir, más allá del discurso público, el estacionamiento medido también es visto por la administración como una fuente de ingresos.
La pregunta que debería responder el municipio no es solamente cuánto se va a cobrar o qué aplicación se usará. La pregunta es por qué la Capital necesita ordenar el tránsito cobrándole más al contribuyente, cuando ese mismo contribuyente ya paga tasas, impuestos, estaciona en calles deterioradas y convive con un centro colapsado por problemas que exceden al uso del auto particular.
El riesgo de repetir el mismo esquema con otro envoltorio
El viejo contrato cayó por sus irregularidades, pero la lógica puede sobrevivir con otro nombre. Una nueva licitación, por sí sola, no garantiza un sistema justo. Tampoco lo garantiza la palabra “moderno”, ni una aplicación, ni la promesa de tomar modelos de otras ciudades.
Si el nuevo esquema termina funcionando como una caja para recaudar sobre el espacio público, el municipio habrá cambiado el envase, no el problema. Y si el argumento es que el estacionamiento medido ordena la ciudad, entonces habrá que exigir datos concretos: qué zonas se regularán, cuánto se cobrará, cuánto ingresará al municipio, quién controlará el sistema, qué porcentaje quedará en manos privadas y qué beneficios reales recibirá el vecino.
La gestión de Chahla tiene derecho a impulsar un modelo distinto al de Alfaro. Pero no puede hacerlo como si el debate empezara de cero. El antecedente existe: hubo rechazo social, amparos, suspensión judicial y una sentencia que dejó en evidencia un proceso viciado.
Por eso, la nueva licitación no debería leerse sólo como una corrección administrativa. También es una definición política. Chahla se prepara para recaudar con una herramienta que antes fue criticada por cargar sobre los vecinos. La diferencia es que ahora el cobro vendrá con otro discurso, otra aplicación y otra firma al pie.
