El Acceso Sur a San Miguel de Tucumán quedó a las puertas de convertirse en otro capítulo de la larga serie de obras prometidas, anunciadas con fotos oficiales y presentadas como bisagras para el desarrollo provincial, pero que terminaron paralizadas, neutralizadas o directamente dadas de baja.
El proyecto había sido licitado por la Nación en 2021, con un plazo de ejecución de dos años. Cinco años después, la obra registra un avance cercano al 15% y la empresa Conorvial SA negocia con la Dirección Nacional de Vialidad la rescisión de mutuo acuerdo del contrato. Lo que iba a ser el primer tramo de la autopista Tucumán-Termas de Río Hondo quedó reducido a obradores detenidos, plazos neutralizados y una solución vial que vuelve a patearse hacia adelante.
De autopista estratégica a contrato en retirada
La obra había sido presentada durante la gestión de Alberto Fernández como una intervención clave para jerarquizar el ingreso sur a la capital tucumana. El plan contemplaba duplicar calzadas, construir una rotonda en el cruce de San Andrés y ejecutar dos puentes, uno de ellos sobre el río Salí.
En febrero de 2022, la Nación informó que el primer tramo de la autopista tendría una inversión de $2.103 millones y un plazo de dos años. En julio de ese mismo año, durante una recorrida oficial, el entonces ministro Gabriel Katopodis la definió como parte de una traza de 140 kilómetros que uniría Tucumán con Termas de Río Hondo y afirmó que más de 30.000 vehículos circulaban por ese sector.
Pero el calendario político y económico fue más fuerte que el calendario de obra. Primero aparecieron demoras por la liberación de la traza y el traslado de servicios. Luego llegó la parálisis de la obra pública nacional. Finalmente, el contrato quedó neutralizado y hoy la reactivación aparece como una posibilidad cada vez más lejana.
Tucumán y el mapa de las obras que quedaron a mitad de camino
El caso del Acceso Sur no aparece aislado. Tucumán figura entre las provincias más golpeadas por la paralización de proyectos nacionales. En 2024 se informó que había 469 obras públicas frenadas en todo el país y que Tucumán acumulaba 44 obras pendientes, sólo por debajo de Neuquén y Salta en ese relevamiento.
El propio Gobierno nacional, a través de la Jefatura de Gabinete, defendió ante el Congreso una política de “federalización” de la obra pública, con transferencias a provincias de proyectos paralizados por falta de pago. En la práctica, ese esquema dejó a muchos distritos frente al dilema de asumir obras que habían sido prometidas con fondos nacionales o resignarse a que quedaran inconclusas.
En Tucumán, la lista reciente incluye centros de desarrollo infantil con bajos porcentajes de avance, obras sanitarias, redes cloacales, plantas depuradoras y proyectos viales. Entre los casos relevados aparecen la planta depuradora de San Andrés, con avance informado del 44,16%; redes cloacales en Alderetes, Banda del Río Salí y San Andrés, con 25,3%; la ampliación cloacal de Simoca, con 18%; y la planta depuradora de Concepción, con 78%, pero paralizada y judicializada.
Una historia que se repite: anuncios grandes, finales chicos
La caída probable del Acceso Sur se suma a otros megaproyectos que fueron parte del discurso público tucumano durante años. La autopista a Termas se anuncia desde hace más de dos décadas. Potrero del Clavillo volvió una y otra vez como promesa hídrica y energética: en 2023 se habló de un convenio para iniciar la obra, con financiamiento mayoritario de China y participación nacional, pero el proyecto no se materializó.
También quedaron en el camino iniciativas más recientes. En abril de 2026, la Provincia desistió de avanzar con expropiaciones ligadas a tres proyectos: el Centro Multimodal de Cargas de Cevil Pozo, un complejo de 650 viviendas en Alderetes y una estación transformadora en El Espinillo. En conjunto, se trataba de obras estimadas en más de U$S 500 millones, dependientes de financiamiento nacional.
Así, el Acceso Sur deja de ser sólo un problema vial. Se convierte en símbolo de una dinámica conocida por los tucumanos: grandes anuncios, contratos firmados, actos oficiales y promesas de transformación que, con el paso de los años, terminan convertidos en expedientes, rescisión de contratos o carteles oxidados al costado de la ruta. Mientras tanto, el cruce de San Andrés sigue congestionado y la provincia vuelve a mirar cómo una obra estratégica queda atrapada entre la falta de fondos, la inflación y la ausencia de continuidad estatal.
