La diputada nacional Soledad Molinuevo puso el foco en un aspecto que excede el cruce político con Osvaldo Jaldo: la posibilidad de que el Poder Ejecutivo haya accedido antes que las partes a información reservada de una causa judicial. La legisladora reaccionó luego de que el gobernador afirmara públicamente que un juez le había dado “la razón en una parte” y que en otra cuestión “lo dejó en suspenso”, pese a que, según ella, todavía no había sido notificada formalmente.
La pregunta de Molinuevo fue directa y cargada de gravedad institucional: cómo podía el mandatario conocer detalles de una sentencia antes que la persona alcanzada por la presentación. En ese planteo quedó condensada la sospecha central del episodio: no sólo el contenido de la resolución, sino el circuito por el que esa información habría circulado.
El expediente reservado y las dudas sobre la independencia judicial
La diputada sostuvo además que el expediente continuaba con acceso restringido dentro del sistema judicial, lo que volvió todavía más delicado el planteo. Si la causa seguía bajo reserva, el conocimiento anticipado de su resultado por parte del gobernador abrió interrogantes políticos e institucionales sobre el manejo de información sensible.
En ese marco, Molinuevo reclamó transparencia y respeto por la independencia del Poder Judicial. El eje de su denuncia pública no estuvo únicamente en el conflicto con Jaldo, sino en la sospecha de una frontera difusa entre dos poderes del Estado que, en los hechos, deberían actuar con autonomía. La controversia, así planteada, desplazó el debate desde la pelea partidaria hacia una discusión más profunda sobre garantías, formas y equilibrios republicanos en Tucumán.
Un conflicto político que se transforma en cuestionamiento institucional
Las declaraciones del gobernador se dieron durante una conferencia en la que defendió a Darío Monteros, rechazó presiones de La Libertad Avanza y también hizo referencia a la acción judicial iniciada contra la diputada. En ese contexto, la exposición pública del supuesto avance del expediente terminó dando lugar a una polémica mayor que la original.
Así, el enfrentamiento entre el oficialismo provincial y sectores libertarios sumó un nuevo capítulo, pero con una diferencia clave: esta vez, el centro de la discusión dejó de ser solamente la disputa política para posarse sobre una sospecha mucho más sensible, la de una eventual injerencia del Ejecutivo en ámbitos que corresponden a la Justicia. Aunque no hay una prueba concluyente de esa interferencia, la secuencia narrada por Molinuevo instaló una duda de alto voltaje institucional que el poder provincial difícilmente podrá desactivar sin explicaciones claras.
