Septiembre debía ser para el Gobierno de Tucumán el mes de la prevención, la escucha y el acompañamiento. El Ministerio de Salud Pública desplegó una agenda específica por el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que se conmemora este 10 de septiembre, con actividades destinadas a concientizar sobre la importancia de la salud mental y fortalecer las redes de asistencia.
Pero mientras el discurso oficial habla de acercar el sistema de salud a quienes necesitan ayuda, frente al Hospital Obarrio ocurre una escena que expone una incómoda contradicción.
Trabajadores, madres y padres de pacientes del Servicio de Salud Mental Infanto Juvenil (SESMIJ) salieron a protestar contra la decisión de trasladar el dispositivo desde el Hospital Obarrio hacia el Hospital del Este, en Banda del Río Salí.
No cuestionan simplemente un cambio de edificio.
Las familias advierten que detrás de la mudanza puede quedar comprometida la continuidad de tratamientos de cientos de niños y adolescentes, algunos de ellos con años de vínculo construido con psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, fonoaudiólogos y otros profesionales.
El Gobierno habla de contención. Las familias hablan de incertidumbre. Y esa diferencia, precisamente en septiembre, deja al descubierto una de las caras más difíciles de explicar de la política sanitaria provincial.
El Gobierno habla de acercar la salud, mientras las familias temen quedar más lejos
La contradicción comienza en el propio discurso oficial. A comienzos de septiembre, el Ministerio de Salud Pública anunció jornadas comunitarias, capacitaciones y actividades de reflexión durante todo el mes para promover la prevención de las conductas de riesgo y facilitar el acceso oportuno a los servicios de salud mental.
El mensaje resulta difícil de conciliar con lo que denuncian actualmente las familias del SESMIJ.
El servicio funciona desde hace décadas vinculado al Hospital Obarrio y atiende a niños y adolescentes que requieren tratamientos especializados e interdisciplinarios. Para muchas familias, principalmente aquellas con menores recursos, modificar su ubicación no representa solamente algunos kilómetros más de viaje.
Representa colectivos adicionales, tiempo, dinero, ausencias escolares y dificultades laborales para madres y padres que deben acompañar a los pacientes.
Además aparece un elemento todavía más delicado: en salud mental, la continuidad del vínculo terapéutico forma parte del propio tratamiento.
Madres de pacientes explicaron públicamente que algunos chicos presentan condiciones que vuelven especialmente complejos los traslados largos o los cambios bruscos de rutina. También plantearon el temor de perder profesionales con los que lograron construir confianza después de largos procesos.
Por eso insisten con una frase sencilla: no están trasladando muebles. Están trasladando personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad. Y allí el argumento meramente administrativo empieza a resultar insuficiente.
Treinta y cinco años de historia y una decisión que llegó cargada de incertidumbre
El SESMIJ tiene más de tres décadas de trabajo en el ámbito del Hospital Obarrio. No se trata de una oficina administrativa que puede cambiar de domicilio sin mayores consecuencias, sino de un dispositivo especializado alrededor del cual se construyeron equipos profesionales, familias, rutinas y tratamientos.
Ese componente histórico explica buena parte de la reacción.
Familiares y trabajadores calificaron el traslado como inconsulto y reclamaron que las autoridades sanitarias expliquen las razones de fondo de la medida y garanticen de qué manera se preservará la atención.
La movilización realizada frente al Obarrio este miércoles 9 de septiembre fue justamente la consecuencia de esa incertidumbre.
Las familias quieren saber qué ocurrirá con los profesionales, cómo funcionará el servicio en la nueva ubicación y qué garantías tendrán de que los tratamientos continuarán con la misma modalidad.
Son preguntas elementales tratándose de salud mental infantil y juvenil.
Pero lo políticamente llamativo es que el conflicto estalle mientras la misma estructura sanitaria provincial multiplica mensajes sobre escucha, prevención y acompañamiento.
El Ministerio que pide a la sociedad prestar atención a quienes atraviesan dificultades emocionales tiene enfrente a madres y padres reclamando ser escuchados.
El Gobierno que habla de fortalecer redes de contención enfrenta a familias que temen que una decisión oficial desarme una red que lleva décadas funcionando.
La paradoja resulta imposible de ocultar.
En salud mental, los discursos también se miden contra las decisiones
Osvaldo Jaldo ha construido buena parte de su discurso sanitario alrededor de la cercanía, la eficiencia del sistema público y la presencia del Estado. Luis Medina Ruiz, además, ha presentado en numerosas oportunidades a la salud mental como una prioridad de su gestión. Por eso este conflicto no debería ser tratado como una simple diferencia administrativa entre autoridades hospitalarias y trabajadores. Es una prueba concreta para ese discurso.
Resulta sencillo organizar jornadas, campañas de sensibilización y actividades públicas durante septiembre. Lo difícil es demostrar esa misma sensibilidad cuando una decisión administrativa afecta directamente la rutina de cientos de familias.
Eso es lo que está en discusión.
El traslado puede eventualmente tener argumentos médicos, sanitarios o de reorganización del sistema. Si existen, corresponde que el Gobierno los explique con precisión y, fundamentalmente, que demuestre que la medida mejorará la atención en lugar de deteriorarla.
Porque hasta ahora la imagen pública fue otra: padres preocupados, trabajadores movilizados y pacientes en medio de una disputa que nunca pidieron protagonizar.
Y ocurrió precisamente cuando Tucumán debía estar hablando de acompañamiento.
Este 10 de septiembre, mientras el Gobierno desarrolla actividades por el Día Mundial para la Prevención del Suicidio y reivindica la necesidad de fortalecer las redes de salud mental, las familias del SESMIJ esperan una respuesta mucho más concreta que cualquier campaña.
Quieren saber qué pasará con sus hijos.
Ahí aparece la verdadera paradoja.
En el mes elegido para hablar de salud mental, el Gobierno tiene la oportunidad de demostrar que esa política significa algo más que actos, consignas y fotografías institucionales.
Porque la salud mental también se defiende escuchando a quienes necesitan del Estado.
Y, sobre todo, evitando que quienes ya consiguieron una respuesta dentro del sistema público tengan que empezar otra vez desde cero.
