Los problemas de frecuencia y el trato de los choferes concentran nueve de cada diez reclamos realizados por los usuarios del transporte urbano de San Miguel de Tucumán. El dato vuelve a poner bajo la lupa a las empresas prestatarias y a quienes conducen las unidades, pero también interpela directamente a la Municipalidad, responsable de controlar un servicio que continúa acumulando quejas.
El deterioro del transporte público no puede analizarse solamente desde la conducta de los choferes o las dificultades económicas de las empresas. La gestión de Rossana Chahla lleva casi tres años al frente de la Capital y, pese a los anuncios de controles, auditorías y mejoras en la movilidad, los usuarios siguen denunciando problemas cotidianos vinculados con las frecuencias, el estado del servicio y el cumplimiento de los recorridos.
A esto se suma un problema más amplio que atraviesa a San Miguel de Tucumán: un tránsito que continúa siendo caótico y desordenado, especialmente en los horarios de mayor circulación. Colectivos, autos particulares, motos, taxis y vehículos de carga conviven en calles saturadas sin que hasta ahora se haya consolidado un esquema capaz de ordenar de manera sostenida la movilidad urbana.
Frecuencia y trato de los choferes, al frente de las quejas
Los reclamos recibidos contra el transporte urbano muestran que la mayor parte del malestar de los pasajeros se concentra en dos aspectos básicos del servicio: cuánto deben esperar un colectivo y cómo son tratados cuando finalmente pueden subir a una unidad.
Las demoras constituyen desde hace tiempo uno de los principales cuestionamientos de quienes dependen diariamente del transporte público. En distintos momentos, desde el propio municipio se reconocieron incumplimientos de horarios y frecuencias muy por encima de los parámetros que se pretendían garantizar.
La Municipalidad había planteado como objetivo que en horarios pico las esperas se mantuvieran dentro de márgenes razonables. Sin embargo, los reclamos sostenidos muestran que ese objetivo todavía está lejos de convertirse en una realidad generalizada.
El trato de algunos choferes completa el cuadro de quejas. Aunque la conducta individual corresponde a cada trabajador y también involucra a las empresas, es el Estado municipal el que debe establecer controles, aplicar sanciones cuando corresponda y garantizar que las condiciones de prestación sean adecuadas.
La Municipalidad también debe responder por lo que ocurre
La reiteración de los reclamos plantea una pregunta inevitable: ¿hasta dónde llega la responsabilidad de las empresas y dónde comienza la del municipio?
La administración de Chahla anunció desde el comienzo de su gestión que avanzaría con auditorías y un control más estricto de las líneas urbanas. Incluso la propia intendenta sostuvo públicamente que aquellas empresas que no cumplieran con los estándares exigidos debían ceder su lugar a otras capaces de prestar un servicio adecuado.
También hubo incorporaciones de unidades, modificaciones en algunas líneas y herramientas tecnológicas destinadas a mejorar la información disponible para los pasajeros.
Sin embargo, los datos sobre las quejas muestran que los problemas estructurales persisten. Si nueve de cada diez reclamos se explican por cuestiones tan elementales como la frecuencia y el trato recibido, el desafío ya no pasa solamente por anunciar controles, sino por demostrar que esos controles generan consecuencias concretas.
El municipio es el poder concedente y tiene herramientas para fiscalizar el funcionamiento del sistema. Por eso, atribuir toda la responsabilidad a empresarios y trabajadores resultaría insuficiente. La calidad del servicio también depende de la capacidad de la autoridad municipal para exigir, controlar y sancionar.
Chahla todavía tiene una deuda con el ordenamiento del tránsito
El transporte urbano forma parte de un problema mayor: la movilidad de una ciudad que continúa mostrando serias dificultades para ordenar su circulación.
Desde que Chahla asumió la Intendencia, en octubre de 2023, su gestión presentó distintos proyectos destinados a modificar corredores, intervenir avenidas y mejorar la accesibilidad. Incluso se planteó como objetivo desalentar el uso del automóvil particular y fortalecer el transporte público.
Pero ese cambio todavía no se percibe de manera contundente en las calles.
En horas pico, particularmente durante el ingreso y la salida de establecimientos educativos y comerciales, amplios sectores del centro y de las principales avenidas continúan congestionados. Las dobles filas, estacionamientos indebidos, motocicletas que circulan entre vehículos, paradas de colectivos saturadas y embotellamientos siguen formando parte del paisaje cotidiano.
El desafío para la administración municipal es doble. Por un lado, debe lograr que los colectivos circulen con frecuencias previsibles y presten un servicio acorde a las necesidades de los usuarios. Por otro, tiene que ordenar una ciudad en la que la circulación continúa siendo una de las principales fuentes de malestar.
Después de casi tres años de gestión, la discusión ya no puede quedar reducida a las promesas iniciales ni a las responsabilidades de las empresas. El transporte y el tránsito son competencias centrales de cualquier administración municipal y los resultados deben medirse en la experiencia diaria de los vecinos.
Las quejas contra choferes y empresas son un indicador. Pero detrás de ellas también aparece una responsabilidad política: la de una Municipalidad que debe controlar el sistema y una intendenta, Rossana Chahla, que todavía tiene pendiente transformar el tránsito caótico de San Miguel de Tucumán en una movilidad verdaderamente ordenada.
