El Gobierno de Osvaldo Jaldo terminó de precisar las condiciones con las que Tucumán podrá endeudarse por hasta $100.000 millones con el Banco Macro y el detalle financiero merece bastante más atención que el destino anunciado para los fondos. El Boletín Oficial de este lunes publicó el Decreto 1.940/3, mediante el cual se corrigió nada menos que una de las cláusulas centrales de la operación: la tasa de interés. Donde originalmente se había consignado “Tasa TAMAR corregida más 700 puntos básicos”, ahora debe leerse simplemente “Tasa TAMAR más 700 puntos básicos”. Traducido: la Provincia pagará una tasa variable determinada por el mercado mayorista de depósitos bancarios, más siete puntos porcentuales adicionales. No es una tasa fija, no existe certeza sobre cuánto terminará costando el préstamo y, además, Tucumán compromete como garantía recursos futuros de la Coparticipación Federal.
La autorización original había sido otorgada mediante el Decreto 1.612/3, firmado el 20 de julio y publicado recién el 23 de septiembre. Curiosamente, la corrección de la tasa fue firmada el 19 de agosto, es decir, el Gobierno ya había detectado la necesidad de modificar esa cláusula más de un mes antes de que la ciudadanía pudiera conocer oficialmente el decreto original. La rectificación recién apareció publicada este 5 de octubre. Más allá de que se trate de una corrección administrativa, el error no involucraba una coma irrelevante: alcanzaba precisamente al mecanismo mediante el cual se calcularán los intereses de una deuda de hasta $100.000 millones.
Una tasa que hoy rondaría el 31,4% anual y puede seguir subiendo
La TAMAR es una tasa que publica diariamente el Banco Central y refleja el rendimiento de depósitos a plazo fijo de grandes montos en el sistema financiero. Por definición es variable. Al 1 de octubre, último dato disponible del BCRA, la TAMAR de bancos privados se ubicaba en 24,4375% nominal anual. Si el préstamo estuviera desembolsado bajo esas condiciones, Tucumán debería pagar aproximadamente 31,44% nominal anual: la TAMAR más los siete puntos porcentuales pactados con Banco Macro.
Eso implica que el costo del préstamo no queda congelado al momento de tomarlo. Si las tasas del mercado vuelven a subir, también aumentarán automáticamente los intereses que deberá afrontar el Estado provincial. El riesgo queda del lado de Tucumán; el banco conserva siempre un margen adicional de siete puntos sobre la referencia mayorista.
Hay otro detalle importante. El crédito tiene una duración total de apenas 36 meses desde cada desembolso. Durante los primeros seis meses existe período de gracia, pero únicamente sobre el capital: los intereses siguen corriendo y deben pagarse. Después, el capital tendrá que devolverse en 30 cuotas mensuales consecutivas. Se trata de un plazo relativamente corto para financiar infraestructura como rutas, viviendas, escuelas, puentes, pozos de agua y otros proyectos cuyos beneficios económicos y sociales se extienden durante décadas.
Un ejercicio permite dimensionar el compromiso. Si la Provincia utilizara los $100.000 millones completos y la TAMAR permaneciera en el nivel del 1 de octubre, durante los seis meses de gracia se generarían aproximadamente $15.700 millones solamente en intereses. Y eso ocurriría antes de haber amortizado un solo peso del capital.
A eso hay que agregar una comisión de otorgamiento equivalente al 1% sobre cada tramo efectivamente desembolsado. Si se utilizaran los $100.000 millones completos, serían otros $1.000 millones. Bajo aquel supuesto puramente ilustrativo de una TAMAR estable, entre comisión e intereses de los primeros seis meses el costo rondaría los $16.700 millones antes de comenzar a devolver el capital.
Y existe una aclaración indispensable: esos números podrían ser menores si la TAMAR baja, pero también bastante mayores si vuelve a subir. Esa es precisamente la característica —y el riesgo— de endeudarse a tasa variable.
El antecedente incómodo: ya tomó $80.000 millones y pidió postergar la devolución
La operación adquiere otra dimensión cuando se observa que no es el primer préstamo importante que Jaldo acuerda con Banco Macro. En junio de 2025 la Provincia tomó otros $80.000 millones con la misma entidad financiera para obras públicas, maquinaria y equipos. La devolución del capital debía comenzar en abril de este año.
Pero antes de que llegara aquella primera amortización, el Gobierno tucumano pidió modificar el contrato.
Mediante el Decreto 318/3 de 2026 solicitó extender otros seis meses el período de gracia para el capital. Banco Macro aceptó, aunque cobró por la modificación: se estableció una comisión de reestructuración equivalente al 1% más IVA sobre el capital efectivamente diferido.
Es decir, Tucumán había tomado $80.000 millones, llegó el momento de empezar a devolverlos y pidió seis meses adicionales antes de afrontar el capital, pagando además por esa reestructuración.
Los datos oficiales de la Dirección de Crédito Público muestran que al 30 de abril de este año los $80.000 millones todavía figuraban completos como saldo de ese préstamo.
Ahora, apenas un año después de aquel financiamiento, el Gobierno queda habilitado para sumar potencialmente otros $100.000 millones con el mismo banco.
Si se utilizara íntegramente el nuevo crédito mientras todavía permaneciera pendiente una parte relevante del anterior, la exposición de la Provincia con Banco Macro crecería fuertemente. El antecedente obliga como mínimo a formular una pregunta: si fue necesario postergar el comienzo de la devolución del préstamo anterior, ¿resulta prudente incorporar ahora una deuda todavía mayor y con un cronograma de apenas tres años?
No significa que Tucumán esté insolvente ni que necesariamente vaya a utilizar los $100.000 millones. El propio esquema permite desembolsar hasta dos tramos de $50.000 millones. Pero convertir una línea crediticia de semejante magnitud en herramienta para sostener el programa de obras implica trasladar obligaciones importantes sobre los presupuestos de los próximos ejercicios.
La garantía son los fondos que Tucumán recibirá en el futuro
Quizás el aspecto más sensible del contrato no sea siquiera la tasa, sino la garantía.
Para respaldar el préstamo, Tucumán autoriza la cesión de derechos sobre recursos provenientes de la Coparticipación Federal de Impuestos. En caso de incumplimiento, Banco Macro podrá aplicar los fondos afectados al pago del capital, los intereses y otras obligaciones previstas contractualmente.
En términos sencillos: se comprometen ingresos futuros de la Provincia para garantizar una deuda tomada hoy.
La herramienta es habitual en financiamientos provinciales y reduce el riesgo para el banco. Precisamente por eso debe analizarse desde la perspectiva contraria: cuanto más sólida es la garantía para el acreedor, menor es el margen de maniobra futuro para el deudor si sus ingresos caen.
Y ese escenario no es hipotético. El propio Gobierno explicó que analiza recurrir al crédito dependiendo de la evolución de la recaudación. Es decir, la deuda podría activarse justamente si los ingresos provinciales no alcanzan para sostener el ritmo de las obras. El resultado sería utilizar ingresos futuros garantizados para compensar restricciones presentes de caja.
El endeudamiento para infraestructura no es malo por definición. Una obra productiva puede justificar ampliamente el costo financiero si genera desarrollo, reduce costos o resuelve déficits estructurales. Pero una buena deuda depende tanto de aquello que se construye como del precio que se paga, el plazo en que debe devolverse y la capacidad futura de afrontar los vencimientos.
En este caso hay señales que justifican una mirada especialmente crítica: $100.000 millones de capital potencial, solamente 36 meses de plazo, seis meses de gracia únicamente para capital, tasa TAMAR variable más siete puntos, una comisión de otorgamiento del 1%, coparticipación comprometida como garantía y el antecedente inmediato de otro préstamo de $80.000 millones con el mismo banco cuya amortización debió ser postergada.
Hay incluso una contradicción política difícil de ignorar. Jaldo viene destacando reiteradamente que Tucumán mantiene equilibrio fiscal y que la Provincia cuenta con recursos propios para hacerse cargo de obras que Nación abandonó. Sin embargo, parte de esas mismas obras ahora aparecen entre los destinos posibles de un crédito bancario que pagarán los tucumanos durante los próximos años.
Un caso emblemático es el Procrear II. Nación retiró el financiamiento, Tucumán decidió continuar el proyecto y ahora la finalización de 572 viviendas aparece dentro del paquete que podrá financiarse con este endeudamiento.
La decisión política puede defenderse: terminar obras paralizadas tiene un beneficio concreto para miles de tucumanos. Pero también corresponde contar completa la otra mitad de la historia.
Cuando una obra que originalmente debía financiar Nación termina ejecutándose mediante un crédito provincial, el costo ya no son únicamente los $100 que cuesta construir.
Son esos $100 más los intereses, más las comisiones y, fundamentalmente, recursos futuros de Tucumán comprometidos para devolverlos.
El Gobierno sostiene que las condiciones son “razonables y convenientes”.
Los números permiten, por lo menos, discutirlo.
