Ocho meses separan dos imágenes completamente distintas. En enero, funcionarios municipales y provinciales aparecían desplegados en el barrio Las Piedritas, evacuaban familias, entregaban alimentos y ropa, ofrecían atención médica y psicológica y hablaban públicamente de acompañamiento, obras y relocalización. En octubre, los vecinos debieron trasladarse hasta Casa de Gobierno para volver a pedir una solución.
En el medio quedaron casas arrasadas por el río Salí, familias viviendo durante meses bajo amenaza y promesas que, según denuncian los propios damnificados, nunca terminaron convirtiéndose en las obras estructurales que necesitaban.
La historia de Las Piedritas expone así una incómoda distancia entre la reacción inmediata frente a una emergencia —con funcionarios, comunicados y fotografías— y la capacidad del Estado para sostener una respuesta cuando las cámaras se van. Y las responsabilidades atraviesan a las administraciones de Osvaldo Jaldo, Federico Masso y Rossana Chahla, que desde el comienzo presentaron el abordaje como un trabajo conjunto entre Provincia y Municipalidad.
Enero: asistencia, contención y la promesa de una solución
La emergencia tomó dimensión pública a fines de enero, cuando la crecida del río Salí comenzó a socavar los terrenos sobre los que se levantaban viviendas del barrio. El 26 de enero la Municipalidad evacuó a familias que estaban en situación de riesgo crítico y al día siguiente informó que 66 personas pertenecientes a 19 familias, entre ellas 36 niños, se encontraban alojadas en el Albergue Municipal Papa Francisco.
El despliegue fue importante: participaron Defensa Civil, Salud, áreas sociales, Niñez, Juventud, Deportes, Ambiente y personal de seguridad municipal. Hubo camas, alimentación, vestimenta, elementos de higiene, asistencia médica, odontológica, obstétrica, psicológica y social. Desde el gobierno de Rossana Chahla se destacó públicamente que la intendenta había intervenido directamente y una funcionaria municipal fue categórica respecto del futuro de los evacuados: no había fecha de salida porque las familias permanecerían allí hasta contar con una solución y “un lugar digno donde vivir”. Incluso se anunció que se avanzaba sobre terrenos cercanos no inundables para una relocalización permanente.
La respuesta de emergencia era necesaria y fue reconocida por los propios damnificados, pero aquello que debía ser el comienzo de una solución terminó transformándose en el punto de partida de una espera cada vez más larga. Ya a fines de enero los vecinos advertían que el problema no era nuevo: denunciaban canales sin mantenimiento suficiente, viviendas llenas de barro y una situación que, según quienes llevan décadas en el lugar, se repetía prácticamente todos los años. La asistencia resolvía la urgencia de una noche; no resolvía el problema de vivir junto a un río que continuaba avanzando.
Masso prometió gestiones y los vecinos siguieron perdiendo casas
La situación se agravó en febrero. El 26 de ese mes, el ministro de Desarrollo Social, Federico Masso, recibió a vecinos damnificados y afirmó públicamente que el Gobierno provincial, bajo la conducción de Jaldo, estaba realizando las “obras y gestiones necesarias” para mitigar riesgos y garantizar asistencia. Una representante de las familias salió de aquella reunión diciendo que se iban con esperanza porque habían recibido respuestas concretas.
Apenas unas semanas después, la realidad volvió a golpear al barrio. El 13 de marzo Masso recibió nuevamente a una comitiva y anunció que 19 familias serían trasladadas paulatinamente a casillas mientras continuaban los relevamientos. El mismo día ya se informaba que el río Salí se había llevado 22 viviendas desde comienzos de año. Para entonces, algunos evacuados habían regresado a la zona de peligro porque no contaban con una alternativa habitacional definitiva.
Es decir, el problema que en enero había sido calificado oficialmente como de “riesgo crítico” seguía allí dos meses después, con más viviendas desaparecidas y más familias expuestas. Masso pidió paciencia, argumentó las dificultades presupuestarias derivadas de los recortes nacionales y reconoció que el Estado no podía prometer aquello que no estuviera en condiciones de cumplir.
Pero ocho meses después de las primeras inundaciones, para los vecinos la paciencia se agotó. El reclamo ya no pasa por recibir ropa, alimentos, colchones o una casilla transitoria. Reclaman obras, defensas, infraestructura y una solución habitacional que les permita dejar de vivir pendientes del nivel del río.
De “Estado presente” a protestar frente a Casa de Gobierno
El contraste adquiere todavía más peso porque las propias administraciones provincial y municipal se adjudicaron desde el comienzo un trabajo coordinado. Chahla habló en marzo ante el Concejo Deliberante de familias de Las Piedritas que estaban siendo reubicadas conjuntamente por el Municipio y el Ministerio de Desarrollo Social. Masso aseguró que Jaldo estaba realizando las gestiones necesarias. La Municipalidad informó que nadie dejaría el albergue sin una solución habitacional digna.
Meses después, quienes debían ser los beneficiarios de esas políticas terminaron frente a Casa de Gobierno reclamando que el Estado finalmente haga lo que había anunciado. Por eso resulta insuficiente reducir lo ocurrido a una catástrofe natural. El río creció, hubo lluvias extraordinarias y la apertura de compuertas de El Cadillal incrementó el caudal, pero las autoridades conocían perfectamente la vulnerabilidad del sector. Las Piedritas figuraba como zona sensible mucho antes de la emergencia de enero y el propio Municipio reconocía que requería monitoreo permanente.
El desastre podía exigir una respuesta inmediata; ocho meses sin una salida definitiva ya obliga a discutir gestión. Jaldo conduce el Gobierno provincial; Masso estuvo personalmente al frente de la respuesta social y formuló compromisos públicos; Chahla gobierna el municipio donde está ubicado el barrio y su administración encabezó la evacuación y anunció una relocalización.
Las tres gestiones compartieron las fotos de la asistencia y reivindicaron la presencia estatal cuando comenzó la emergencia. También deben compartir ahora las explicaciones sobre por qué los vecinos tuvieron que llegar hasta la plaza Independencia para volver a ser escuchados. Las Piedritas pasó de ser exhibido como ejemplo de coordinación entre Provincia y Municipio a convertirse en una postal de las limitaciones de esa misma coordinación: primero llegaron los funcionarios, después las promesas y finalmente la espera.
Ocho meses más tarde, los vecinos siguen pidiendo algo mucho más básico que un operativo de emergencia: no tener que inundarse otra vez para que el Estado vuelva a aparecer.
