El caso que involucra al secretario de Energía, Martín Viola, empieza a mostrar un desenlace que, lejos de despejar el escándalo, profundiza el malestar político. El funcionario está acusado en la Justicia Federal de haber usado de manera ilegítima el DNI de Julián Echazú Toneatti para crear una cuenta digital y publicar comentarios injuriantes contra el funcionario municipal Alejandro Sangenis.
Pero en vez de encaminarse hacia una consecuencia institucional severa, la causa quedó abierta a una salida reparadora: pedir disculpas públicas en el mismo medio donde se publicaron los agravios y realizar una donación a los inundados del sur tucumano. La escena deja una conclusión incómoda para la política provincial: un funcionario señalado en una causa de este tenor podría cerrar el episodio con un gesto simbólico y continuar en funciones.
Los indicios judiciales son graves, pero en el Gobierno no hubo apartamiento
Según la reconstrucción del expediente, la cuenta digital fue creada en junio de 2025 y luego modificada para quedar registrada con el nombre y el DNI del denunciante. La investigación fiscal sostuvo que la suscripción paga fue abonada con una tarjeta vinculada a Viola y que, además, el funcionario tenía domicilio en el mismo edificio en el que residía Echazú Toneatti, dato que fue considerado relevante para explicar el eventual acceso al documento extraviado.
Con esos elementos, el fiscal federal Agustín Chit encuadró la conducta en el delito de uso ilegítimo de documento nacional de identidad y el juez federal Guillermo Díaz Martínez avanzó con la citación indagatoria. Sin embargo, mientras el expediente describe una maniobra de notable gravedad institucional, en el plano político no se advierte una reacción equivalente: Viola sigue figurando al frente de la Secretaría de Energía y no hubo, al menos hasta ahora, una decisión pública de apartarlo.
Disculpas, donación y cierre: la señal de impunidad que deja el caso
La propuesta surgida en la audiencia judicial expone el corazón del problema. No se discute sólo la eventual responsabilidad penal de Viola, sino también el mensaje político que deja una salida de este tipo. Si un funcionario acusado de usar datos ajenos para atacar digitalmente a otro dirigente puede ofrecer disculpas, hacer una donación y dar por superado el episodio, entonces el costo institucional termina siendo mínimo.
Ahí está el punto más delicado del caso. No se trata de una torpeza menor ni de un exabrupto privado: la acusación habla del presunto uso de identidad ajena para intervenir en el debate público desde el anonimato. En cualquier administración que pretenda cuidar estándares básicos de conducta, una imputación de este calibre debería derivar como mínimo en un apartamiento preventivo. Pero en Tucumán, por ahora, todo indica que el funcionario seguirá en su puesto mientras la salida judicial se encamina hacia una solución que luce más cercana al perdón que a una verdadera rendición de cuentas.
