El intendente de Concepción, Alejandro Molinuevo, endureció su discurso contra la Provincia al denunciar que el Gobierno tucumano demora el envío del Fondo de Desarrollo del Interior y al advertir que podría acudir a la Justicia si la situación no se regulariza. En su mensaje, sostuvo que esos recursos deberían llegar por “goteo diario”, pero que se están transfiriendo con alrededor de un mes de demora, lo que —según planteó— perjudica financieramente al municipio.
La denuncia excede una discusión administrativa. Cuando un jefe municipal acusa a la Casa de Gobierno de incumplir la ley en el envío de fondos, la lectura política aparece sola, sobre todo en una provincia donde el manejo de los recursos hacia los municipios siempre fue una herramienta de poder. En ese marco, el reclamo de Molinuevo instala una pregunta incómoda: si se demora plata que corresponde por ley, ¿se trata apenas de una traba burocrática o de una forma de disciplinamiento sobre un dirigente no alineado al oficialismo?
La dependencia financiera de los municipios vuelve a quedar en el centro
El punto sensible del planteo está en el peso que tienen la coparticipación y el Fondo de Desarrollo del Interior en las cuentas de las intendencias. La Ley 6.650 creó ese fondo como un régimen especial de asistencia para municipios y comunas del interior, mientras que el esquema general de distribución viene siendo cuestionado desde hace años por distintos intendentes por considerar que concentra recursos en la Provincia y deja márgenes estrechos en el interior.
A eso se suma que, con el nuevo Acuerdo Fiscal Municipal, la propia gestión de Osvaldo Jaldo dejó en claro desde 2024 que la Provincia conservaría una fuerte capacidad de intervención sobre los recursos locales: el esquema prevé retenciones de coparticipación y del propio Fondo de Desarrollo del Interior para asistir a las administraciones municipales con el pago de salarios. En otras palabras, el sistema sigue dándole a Casa de Gobierno una palanca decisiva sobre las finanzas de los intendentes.
De la buena sintonía institucional a una acusación que tensiona el vínculo
El contraste político también es fuerte. A poco de asumir, Molinuevo había mostrado una relación institucional correcta con Jaldo y hasta coincidencias en torno a la idea de avanzar hacia una mayor autonomía municipal. Meses después, incluso volvió a destacar públicamente la voluntad de diálogo de la Provincia y la necesidad de asistencia para sostener servicios y salarios.
Por eso, el tono actual del intendente de Concepción marca algo más que una simple diferencia de gestión: sugiere que el vínculo se tensó y que la pelea por los fondos pasó a ser también una disputa por poder político. No hay, por ahora, una prueba pública concluyente de que exista un “apriete” deliberado, pero la acusación de demoras sobre partidas que el municipio considera obligatorias vuelve inevitable esa sospecha. En Tucumán, donde la caja y la política casi nunca viajan por carriles separados, la denuncia de Molinuevo vuelve a poner bajo la lupa el uso del dinero provincial como herramienta de presión sobre quienes están fuera del oficialismo.
