Mientras la política se llena la boca hablando de futuro, los números de la realidad educativa tucumana golpean donde más duele: en las aulas. Un nuevo informe de la organización Argentinos por la Educación encendió todas las alarmas en el Jardín de la República. La proyección para este ciclo lectivo 2026 es desoladora: más del 70% de los alumnos de primaria de nuestra provincia no alcanzaría el piso mínimo de horas de clase necesarias para un aprendizaje de calidad.
No se trata de una estadística fría, sino de la crónica de una tragedia anunciada. Tucumán vuelve a quedar expuesta en el fondo de la tabla nacional, mostrando que la brecha entre el calendario escolar oficial —ese que se anuncia con bombos y platillos— y lo que realmente sucede dentro de las escuelas públicas es un abismo cada vez más difícil de cruzar.
Calendarios de papel vs. Realidad de las escuelas
El informe pone el dedo en la llaga sobre la implementación de la jornada extendida y el cumplimiento efectivo de los 190 días de clase. Si bien en los papeles la normativa existe, la ejecución en Tucumán es deficiente. La provincia figura entre las jurisdicciones con mayor riesgo de incumplimiento, lo que significa que un chico tucumano tendrá, al finalizar el año, significativamente menos tiempo de exposición al aprendizaje que un chico de CABA, Córdoba o Santa Fe.
Esta falta de horas no es gratuita. Menos tiempo en el aula se traduce directamente en dificultades para la alfabetización temprana y la comprensión matemática, dos áreas donde los indicadores locales ya vienen en caída libre desde hace años. Estamos «robándole» tiempo al futuro de los chicos, y la deuda educativa se agiganta sin que parezca haber un plan de contingencia serio para revertirlo.
Entre la falta de infraestructura y los paros docentes
¿Por qué no se cumplen las horas? La respuesta en Tucumán es multicausal y conocida por cualquier padre que manda a sus hijos a la escuela estatal. El calendario escolar es, a menudo, una ficción que se desmorona ante la primera crisis. Por un lado, la infraestructura escolar sigue siendo el talón de Aquiles: escuelas que suspenden actividades por falta de agua, techos que se llueven o, como ocurre cada verano e inicio de ciclo, la falta de ventilación adecuada que hace inhumano estar en las aulas con las temperaturas tucumanas.
A esto se suma la conflictividad gremial. Si bien el derecho a huelga es constitucional, la falta de acuerdos salariales sostenibles en el tiempo convierte a los paros en una constante que, sumada a los feriados puentes y las jornadas institucionales sin alumnos, va recortando el calendario a pedazos. Al final del año, la carpeta está incompleta y los contenidos, sin dar.
Una fábrica de desigualdad social
Lo más grave de este escenario es que la falta de horas de clase no afecta a todos por igual; golpea con ferocidad a los sectores más vulnerables. Mientras que en la educación privada o en las provincias con más recursos se logran sostener los esquemas horarios, en la escuela pública tucumana el servicio es intermitente.
Esto consolida una desigualdad de origen: el código postal o la capacidad de pago de la familia terminan determinando la calidad y la cantidad de educación que recibe un niño. Si en 2026 el 70% de los chicos no tendrá las horas mínimas, estamos condenando a una gran mayoría a correr la carrera de la vida con desventaja, perpetuando los ciclos de pobreza estructural que tanto nos duelen en el norte argentino.
