El Tribunal de Cuentas de Tucumán suspendió el trámite de control preventivo de una acordada de la Corte Suprema de Justicia provincial vinculada con el financiamiento de la primera etapa del edificio “Tribunales 2”, ubicado en calle 9 de Julio 421, en San Miguel de Tucumán.
La medida se adoptó luego de que el organismo de control detectara inconsistencias contables en las imputaciones presupuestarias utilizadas para afrontar la inversión. Hasta que esas observaciones sean aclaradas, el Poder Judicial deberá abstenerse de ejecutar el desembolso observado.
Observaciones sobre la estructura presupuestaria
La decisión quedó plasmada en el Acuerdo N° 2388 del Tribunal de Cuentas, firmado por su presidente, Miguel Chaibén Terraf, y por los vocales Marcelo Vidal y Sergio Díaz Ricci.
El organismo resolvió devolver el expediente a la Corte para que brinde precisiones técnicas, legales y contables sobre la forma en que fue financiada la obra adjudicada a la empresa Mediterráneo S.A. El presupuesto total de la construcción asciende a $3.651.335.731,86.
El punto central de la observación es que una misma obra aparece vinculada a distintas estructuras presupuestarias, programas y números de obra. Para el Tribunal, antes de avanzar con el trámite, el Poder Judicial debe explicar por qué se utilizaron diferentes imputaciones para financiar un mismo proyecto.
Un desembolso millonario bajo revisión
La medida alcanza a la Acordada N° 569/2026 de la Corte Suprema, que había convalidado compensaciones de créditos y autorizado una transferencia de $1.500 millones desde una cuenta de excedentes financieros del Centro Judicial Concepción hacia una cuenta de excedentes financieros del Servicio Administrativo del máximo tribunal provincial.
Además, esa acordada establecía una nueva imputación presupuestaria por $2.501.347.184,73 para el ejercicio 2026 y preveía otros $3.370.612.643,23 para el ejercicio 2027, destinados a la ejecución de la obra.
Durante el análisis contable, los técnicos del Tribunal advirtieron que la adjudicación aprobada a fines de 2025 había sido imputada originalmente a una estructura presupuestaria, pero luego se emplearon otras para anticipos financieros, certificados de obra y redeterminaciones de precios. Esa superposición encendió las alertas del organismo de control.
La obra judicial queda a la espera de respuestas
El Tribunal de Cuentas pidió que la Secretaría Administrativa del Poder Judicial fundamente los aspectos técnicos, legales y contables que justifican las distintas imputaciones. También solicitó que se informe cómo fue incorporado el proyecto en el anteproyecto de Presupuesto 2026.
El organismo advirtió, además, que no corresponde mantener dos estructuras presupuestarias distintas para financiar una misma obra pública y pidió que, si corresponde, se desafecte una de ellas.
La suspensión de los plazos del control preventivo no implica una paralización definitiva de la obra, pero sí frena el avance administrativo del pago observado hasta que la Corte responda los requerimientos. El caso vuelve a poner bajo la lupa el manejo presupuestario de las grandes inversiones públicas y el rol del control previo en el uso de fondos estatales.
